OTRA JUSTICIA Y OTROS JUECES DEBIERAN TOCARLE A RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA Y "Cía"

No han sido pocas las denuncias que han presentado, tanto la Plataforma Salvar Chira Soria como Tamaranae Activistas, contra el proyecto, las obras y el proceder tanto del Cabildo Insular como REE en toda la zona afectada. Hasta el Parlamento europeo han elevado su voz y sus denuncias, visto que en el archipiélago la "trama" tiene untados a partidos, funcionarios, empresas y al ecologismo subvencionado.

Ayer conocíamos la última resolución judicial que se pronuncia en contra de las tesis ecologistas y que permitirá que las obras de REE continúen a pesar de que existan vestigios de los primeros canarios en la zona. Si evidentes eran éstos, más lo es ya el destrozo producido por las vías abiertas para el tránsito de camiones y tractores. En esas otras, donde hasta hace sólo unos meses había bancales centenarios, flora y fauna endémica y naturaleza en estado puro, hoy sólo abundan pistas, polvo, ruido y el ir y venir del personal de REE que actúa " a sus anchas".

Sus "señorías" no saben nada de expropiaciones abusivas, de impacto ambiental, de las condiciones de vida de cientos de vecinos que han sido " invadidos", ni de actuaciones de oficio por aquello de que la justicia también debería ser proactiva.

Curioso el posicionamiento político de los jueces españoles en otros asuntos y esclarecedora su "inacción" en asuntos que "rompen" con la igualdad ante la ley y el estricto cumplimiento de las vigentes. Porque sí, señorías, las obras que se están desarrollando en ese barranco y pagos del lugar, no cumplen con lo que normativas españolas y comunitarias europeas estipulan. Como bien dice el aforismo jurídico de que "el desconocimiento de la norma no exime del delito", aquí podríamos añadir que " por el hilo se llega al ovillo" y deberían preguntarse a qué esta alarma social cierta cuanto tanta denuncia por el mismo asunto les llega.

No es de extrañar que en los estudios y análisis de opinión pública, estos " funcionarios públicos" anden tan mal considerados. Los hay que llevan cinco años saltándose la propia constitución y llevando a la quiebra el supuesto Estado de Derecho del que dicen ser garantía.

La ciudadanía tendría que tener también el derecho y la potestad de elegir a sus jueces y hasta de someter a consideración de  tribunales populares determinados " asuntos". 

Ya saben en otras partes del mundo cómo se las gastan estos " funcionarios públicos". También a este " poder del Estado" le llegará un día la verdadera justicia. Algunos están hoy fuera de la judicatura e inhabilitados de por vida.