"APAGAMOS FUEGOS": Canarias dispara las consultas de salud mental, pero la pública no da abasto

 Canarias ha pasado de 138 psicólogos públicos en 2020 a 205 en 2024, una subida insuficiente para una demanda que los profesionales describen como “insoportable”.

La cifra suena a despliegue: más de 700 profesionales en la red de salud mental del Servicio Canario de Salud (SCS) y casi 335.000 consultas en 2024, con un reparto que evidencia la presión asistencial: 140.879 en psiquiatría, casi 100.000 en psicología y 94.121 en enfermería de salud mental. Son 17.000 atenciones más que en 2023, presume la Consejería de Sanidad, que lo atribuye al “esfuerzo” por ampliar recursos.

Pero detrás del volumen hay otra cuenta: la de las citas canceladas, los tratamientos sin continuidad y un sistema que —según relatan especialistas del propio SCS— funciona a base de parches.

Sonsoles Rivero lo resume desde el lado del paciente. Su hijo, de 11 años, empezó a necesitar ayuda en 2021 tras la recomendación del colegio. En tres años apenas ha recibido tres sesiones en la pública, con cambios de especialista y llamadas para anular citas por falta de recursos. Sin diagnóstico, la familia también se queda sin el informe que abre la puerta a determinadas ayudas. 

Más demanda, menos seguimiento
La queja no es solo por la demora en la primera consulta. Es, sobre todo, por la imposibilidad de sostener un tratamiento con la frecuencia que requiere la psicoterapia. Fuentes del SCS describen un modelo orientado a priorizar primeras visitas para contener listas de espera, aunque eso reduzca las revisiones a intervalos de semanas o meses, lo que puede empeorar cuadros y cronificar sufrimientos. 

El problema se agrava con un dato estructural: Canarias tiene una ratio de nueve psicólogos públicos por cada 100.000 habitantes, por debajo de lo que estudios citados en el propio sector consideran recomendable (al menos 12 por 100.000).

Y, pese a que la salud mental entró en la agenda política como “prioridad” tras la pandemia, el salto de recursos se queda corto: el Archipiélago ha pasado de 138 psicólogos públicos en 2020 a 205 en 2024 (67 más). Repartidos por islas, el mapa muestra desigualdades y límites: 78 en Gran Canaria, 72 en Tenerife, 24 en Lanzarote, 12 en Fuerteventura, 14 en La Palma, 4 en El Hierro y 1 en La Gomera, según datos obtenidos vía Transparencia. 
Dimisiones, “éxodo” y plazas PIR que no llegan.

Los profesionales señalan un cuello de botella especialmente sensible: la escasez de psicólogos clínicos formados vía PIR. En 2025 se ofertaron diez plazas en Canarias y en 2026 volverán a ser diez, según cifras citadas en el artículo, en un contexto estatal también tensionado. 

En el ámbito infanto-juvenil, el atasco ya tiene consecuencias laborales. La situación “tan crítica” terminó con la dimisión de la jefa del Servicio Infanto-Juvenil del Hospital Insular (Gran Canaria) por un déficit de personal que se arrastra: en octubre, con una plantilla teórica de 27 facultativos, había doce bajas sin cubrir; ocho eran abandonos definitivos vinculados a la sobrecarga, según relatan fuentes internas. 

A esa presión se suma la dificultad para atraer y retener especialistas: se habla de un “éxodo” hacia otros dispositivos, hacia el servicio de adultos o hacia la privada, por falta de reconocimiento y por el aumento de la demanda. 

La Consejería defiende que ha activado recursos en los dos últimos años: unidades infantojuveniles (como la de Telde), dispositivos para trastornos de la conducta alimentaria en Las Palmas de Gran Canaria y un Hospital de Día de TCA en Gran Canaria; unidades de atención temprana en Lanzarote y en el Hospital del Sur (Tenerife); nuevas instalaciones para urgencias psiquiátricas en el HUC y unidades como El Cristo y Adeje; además de un centro de rehabilitación psicosocial y una unidad de noche en La Palma, y un plan de prevención del suicidio en el ámbito escolar. 

También subraya la incorporación de psicología clínica a centros de salud, como refuerzo desde Atención Primaria. 

Pero el diagnóstico desde dentro es menos complaciente: los refuerzos, denuncian algunos especialistas, no siempre aterrizan donde más falta hacen. Y cuando el sistema no puede ofrecer psicoterapia con continuidad, el riesgo es sustituir la intervención psicológica por un circuito más “médico” y farmacológico, con seguimientos largos y resultados discutibles. 

El debate no ocurre en el vacío. Canarias registra —según datos citados en la información— uno de los porcentajes más altos de consumo de antidepresivos en España (9,47%) y alrededor del 16% de la población con algún cuadro depresivo, además de una prevalencia de trastornos mentales superior a la media estatal en registros de Atención Primaria mencionados por los profesionales. 

Y hay una cifra que sobrevuela cualquier conversación sobre fallos del sistema: en 2024 se suicidaron 226 personas en Canarias, según los datos recogidos en el reportaje, en un contexto en el que los especialistas alertan del peligro de “colarse” casos graves cuando se recortan revisiones y seguimiento. 

Las cifras de actividad (más consultas) y el catálogo de nuevos dispositivos conviven con una realidad que los usuarios notan en casa: si una cita se cancela, si el siguiente hueco llega meses después, si no hay continuidad terapéutica, el sistema no está “ampliando” tanto como aguantando.

El Gobierno canario —como los anteriores— ha repetido el mismo compromiso desde 2020: la salud mental como prioridad, planes, refuerzos, campañas. La pregunta que queda, al cierre de 2025, es la más incómoda: ¿cuánto de lo anunciado se traduce en seguimiento real y cuántas consultas son solo un contador que sube mientras la atención efectiva se adelgaza? Porque una red puede sumar 17.000 consultas y, al mismo tiempo, dejar a miles de pacientes en un carril de espera donde la terapia llega tarde, a trompicones o no llega.