“Estrellados” en la legalidad colonial frente a la legitimidad de la lucha anticolonial

En marzo de 2018 la sucursal del aparato político-judicial español en Canarias emitía su dictamen sobre “la legalidad” de izar la bandera nacional canaria en la fachada de cualquier edificio oficial al considerar que “dichas instituciones están para garantizar la constitucionalidad y neutralidad de las administraciones públicas canarias” y un acto así vulneraría tales preceptos. Nada nuevo, algo distinto hubiera sido hasta sospechoso. El guión de la “constitucionalidad” y de la “legalidad” sigue siendo la carta de presentación del pensamiento único españolista y cuando el oportunismo dependentista en Canarias se les sale un poco del rol y peca de “canariedad sobrevenida” siempre sale presto el aparato del Estado y sus resortes para ponerles firmes de nuevo.

Hagamos memoria: a iniciativa de una amplia y plural comisión organizadora de la conmemoración del 52 Aniversario de la creación de la bandera nacional canaria, se presenta la posibilidad de que ésta sea izada simbólica y testimonialmente durante un día en las fachadas o aledaños las sedes de los gobiernos insulares y ayuntamientos del Archipiélago. Tres de los primeros y varios de los segundos lo llevan a sus respectivos plenos y “su soberanía limitada” gana los votos suficientes para hacerlo con “consentimiento oficial”. El por entonces delegado del Gobierno español en Canarias, Hernández Bento, hoy defenestrado del PP y próximo al ultraderechista VOX, amenaza con la fiscalía  y acciones penales a quienes autoricen, posibiliten o permitan ese izado. La respuesta de la mayor parte de los cargos públicos meten el freno y la mayor parte de los actos se frustran. Aquí “los desobedientes” no son de obra sino de boquilla y tras el despeine momentáneo volvieron a su redil. Dirigentes de Coalición Canaria y Nueva Canarias, algunos de ellos destacados, pasaron de puntillas por este acto de represión, clara coacción y mordaza al derecho de libre expresión y opinión de muchos canarios y canarias, pero también quedó en evidencia que por los franquistas que persiguieron aquella bandera en los 60 y 70 el tiempo no ha pasado porque el régimen es el mismo. 

Tras esas lluvias hemos visto los lodos. Hemos visto cómo no había impedimento alguno a que se izarán, en los mismos sitios elegidos para el izado de la nuestra, las banderas del movimiento feminista, del Frente Polisario, de los movimientos LGTB y de otras naciones reconocidas o no, pero igualmente en contradicción con los mismos preceptos que “ilegalizaron” el izado de la canaria.

La conclusión sólo hace reafirmarnos en nuestra ya clara convicción de que las administraciones canarias no son más que meras pantallas y muletas del colonialismo español en Canarias. Y no sólo eso, también que sus partidos, los claramente españoles y los dependentistas no tienen margen de maniobra real alguna, son simples franquicias y cuando no marionetas incapaces de mostrar siquiera un criterio propio sobre temas que incluso, como éste, sólo tenían un matiz simbólico. 

Estos son sus palacios y esa es su justicia. Es su Estado y esta su colonia. Nada ha cambiado en lo sustancial: sigue siendo ilegal pensar diferente y sigue teniendo toda la legitimidad por ello combatir “su dictadura” colonial.

Con estos mimbres estaba claro que este año no cabía hacer la misma cesta, pero por lo menos queda claro que, para tener izada nuestra bandera no necesitamos su legalidad. Ya tendremos la nuestra. Y eso, eso no hay palacio, ni justicia, ni marionetas, que lo puedan evitar.

No sería sorpresa que la nueva creación colonial, esa que mañana también podría incorporar 4 estrellas más, sea toda una coartada para izarla, ya sí, como cualquiera más, porque tendrá por fin lo que querían, quitarle su referencia anticolonial.