LA CENSURA CARA AL SOL

Hay que tener mucha cara para hacer lo que hizo ayer el alcalde de Sta Lucía de Tirajana. Francisco García, que así se llama el personaje, se presentó como candidato a la alcaldía de ese municipio por las siglas de Nueva Canarias. Y lo fue por los votos que la asamblea de esa organización política le dió para que encabezará esa candidatura en 2023 y por los votos que a ese partido le dieron los ciudadanos en las elecciones de Mayo de ese año. Tan sólo dos años después, él y otros cinco concejales cambian de partido pero conservan cargos y sueldos públicos en un acto de transfuguismo de manual. Ayer, expulsó del gobierno municipal a los tres concejales que se mantenían leales a NC y a la voluntad electoral de los ciudadanos. Los expulsa por "deslealtad". El mundo al revés.

Lo hacía en la Convención que los regionalistas celebraron este fin de semana en Tenerife. Entre los oradores, Rosa Dávila, Fernando Linares y Fernando Clavijo. Los tres habían llegado hacia pocas horas de "seguir vendiendo Canarias en Fitur".

Eso se desprende de las últimas declaraciones y comunicados de la organización ecosoberanista que lideran Carmen Peña y Alberto Rodríguez. Tras más de dos años "hibernados" y limitados casi a los pronunciamientos públicos de sus dos concejales laguneros, Drago pone en su mira ganar el espacio electoral que hasta hace poco se repartían Podemos y NC.

Veinte largos años estuvo el aldeano al frente de Nueva Canarias. Dos décadas en las que, sin tener un granero de votos propio, llegó a ser incluso vicepresidente y consejero de economía y hacienda del gobierno de la Autonomía. En todo ese tiempo, nadie en Nueva Canarias usurpó su condición de "voz autorizada" de la organización para " casi todo", en todo momento y todo lugar. Desde el último Congreso, en el que dijo daba un paso a un lado, su presencia pública debería limitarse a la de un "segunda fila". La realidad es otra. Es como el franquismo para España: que se niega a desaparecer.

El dirigente canario y fundador de Drago Canarias acusa al Estado español y a la Unión Europea de mantener a Canarias al margen de las decisiones estratégicas que afectan a su presente y su futuro, y defiende que la soberanía política y económica debe ejercerse desde el Archipiélago.

Una persona mayor, enferma y sin recursos, fue desalojada de su única vivienda —una pequeña embarcación amarrada en el Muelle Deportivo de Las Palmas— sin alternativa habitacional y con un despliegue policial que las organizaciones sociales califican de desproporcionado. La Asociación Derecho al Techo ha dirigido una carta directamente a Beatriz Calzada, presidenta de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas, a quien responsabiliza de un desahucio que deja al descubierto la cara más dura y desalmada de la gestión portuaria.