CRECE EL NÚMERO DE AGRESIONES A SANITARIOS Y EL GOBIERNO DE CLAVIJO MIRA HACIA OTRO LADO

La deplorable gestión del Servicio Canario de Salud (SCS) está favoreciendo el desorbitado incremento en el número de agresiones al personal sanitario, que según reconoce la propia administración sanitaria se elevó en el año pasado un inadmisible 27% con cerca de 600 agresiones, situando a Canarias, también es este apartado asistencial, a la cabeza del estado español. Unas cifras estas que sólo tienen en cuenta los casos que los trabajadores notifican y en las que, además, no se incluyen las frecuentes agresiones verbales.

Al tiempo que esto sucede, empeora la situación de colapso de todos los servicios y niveles de atención. Así, los tiempos de espera continúan siendo inadmisibles en la Atención Primaria, en los Servicios de Urgencias, además de las inhumanas listas de espera quirúrgicas, para especialidades y pruebas diagnósticas. Precisamente, es este negro panorama asistencial el que guarda directa relación con el nivel de agresividad y stress que manifiestan usuarios y pacientes hacia el personal de enfermería y médico, al no recibir adecuadamente la atención que necesitan, bien en los servicios de emergencia, en las consultas, e incluso, en la hospitalización.  

Si a ello sumamos el déficit crónico de personal para poder prestar la atención sanitaria en unas condiciones de equidad y accesibilidad, observamos que los profesionales del Servicio Canario de Salud de todos los grupos profesionales con atención directa al paciente, se enfrentan a un doble castigo:  el primero, sufrir unas indignas condiciones laborales impuestas por los responsables del SCS, y por otro, vivir en primera persona las reacciones, mal dirigidas, de los irritados usuarios que no ven solucionado en tiempo y forma su problema de salud.
En esta problemática de la que son afectados principalmente enfermeros, auxiliares y médicos, es importante resaltar que el “Plan de Prevención de las Agresiones a los Trabajadores del Servicio Canario de Salud” elaborado por el Gobierno, resulta ineficaz y difícilmente extrapolable a las situaciones de mayor riesgo, el apoyo llega tarde y los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales, así como la vía jurídica resultan una carrera de obstáculos, además de encontrarse colapsados.

Desde Intersindical Canaria afirmamos que para proteger a los trabajadores, complementariamente a un eficiente Plan de Prevención de las Agresiones, habría que aplicar una adecuada gestión en el conjunto del Servicio Canario de Salud, aparejando mejoras en las condiciones laborales y fomentando la Prevención de Riesgos y el derecho de las personas trabajadoras a desarrollar su labor en unas condiciones de seguridad mínimamente dignas, pero también y sobre todo, garantizar a la ciudadanía el derecho fundamental a la salud.