Primero los tupen a llamadas, mensajes de whatsapp y correos electrónicos. Después los demandan en el juzgado y les hacen tener que hacerse cargos de las costas. Decenas de miles de familias canarias, traicionadas por sus bancos y las financieras donde firmaron operaciones antes de que sorpresivamente la pandemia acabara con sus empleos o negocios, sufren las “perrerías” de estos piratas del siglo XXI, sin que nadie los defienda.

La trama usa un procedimiento llamado monitorio, el proceso preferido de las entidades de capital riesgo o de inversión libre para reclamar en los juzgados la deuda adquirida a bancos o financieras. Es un procedimiento ágil y rápido pensado para la reclamación de cantidades –sin límite de cuantía– con solo presentar documentación básica que acredite la deuda: una factura, un albarán, un contrato. Se presenta la petición de pago en el juzgado correspondiente al domicilio del deudor y, una vez aceptada por el juez, este lo insta a que pague o dé razones para no hacerlo en un plazo de 20 días.

La justicia calla, el gobierno calla y el gobiernito florero no sabe no contesta, pero lo cierto es que, según cifras oficiales, los procedimientos monitorios presentados ante los juzgados del Archipiélago en el último año suman un total de 46.433, la mayor parte con la firma de fondos buitres. Ya lo habían hecho antes, durante los años de la anterior crisis. En 2009, los monitorios llegaron a 55.337 y en 2010 fueron 56.327.

Ni escudo social, ni Ertes, ni Renta Básica, ni nada de nada. Como buitres, estas empresas piratas se están abalanzando sobre miles de familias canarias, que en su día se vieron nuevamente engañadas por bancos y financieras que, por usura, juegan con comisiones abusivas que meten durante años a muchos en una agonía eterna, mientras ellos sacan tajada.