Drago Canarias denuncia que el alquiler “devora” las subidas salariales y agrava la crisis habitacional en el País

Bajo el título “Vivienda y condiciones de vida en Canarias”, el documento detalla que en 2021 el SMI se situaba en 965 euros mensuales, mientras que el alquiler medio rondaba los 686 euros para una vivienda de unos 70 metros cuadrados. Tras el pago de la renta, a una persona con salario mínimo le quedaban 279 euros para afrontar el resto de gastos básicos.

Sin embargo, los datos actuales dibujan un escenario mucho más complejo: en 2025 el SMI asciende a 1.184 euros, pero el alquiler medio en Canarias ya alcanza los 1.050 euros mensuales. Esto deja apenas 134 euros de margen para subsistir el resto del mes, menos de la mitad que hace cuatro años.

“Ni siquiera viviendo con el salario mínimo se puede acceder a una vivienda digna”, lamentó la portavoz nacional de Drago Canarias, Carmen Peña, durante la presentación del informe. Peña calificó la situación como “crisis habitacional” y advirtió de que la tendencia continúa al alza, afectando de manera especial a jóvenes, familias con menores a cargo y personas mayores.

La formación también denuncia que la precariedad va más allá del SMI. Según el documento, el salario mediano en Canarias —el que refleja lo que realmente cobra la mayoría de trabajadores— es de 19.804 euros anuales, una cifra que tampoco resulta suficiente para cubrir los costes de vivienda y necesidades básicas en un mercado tensionado como el canario.

El informe subraya que prestaciones como la Renta Canaria de Ciudadanía, el Ingreso Mínimo Vital o las pensiones no contributivas, que oscilan entre los 565 y los 856 euros, quedan completamente por debajo del precio medio de alquiler, imposibilitando a estos colectivos el acceso a una vivienda sin apoyo externo.

Drago Canarias responsabilizó a los partidos que han gobernado las islas en los últimos años por “no haber impulsado medidas reales para revertir esta situación” y reclamó políticas públicas urgentes que protejan a los ciudadanos frente a la escalada del mercado inmobiliario.

El partido plantea, entre otras medidas, reforzar la vivienda pública, regular el mercado de alquiler, controlar el impacto del alquiler vacacional y garantizar un acceso digno a la vivienda como derecho fundamental.

“Estamos ante una emergencia social que afecta a miles de familias canarias. No es una cuestión de cifras, sino de vidas”, concluyó Peña.