Soberanía e independencia: bases conceptuales para un debate en Canarias

El debate público en Canarias exige una clarificación precisa de dos conceptos que han sido confundidos de manera sistemática como son soberanía e independencia. 

Esta confusión ha empobrecido el análisis político y ha impedido abordar con seriedad las carencias estructurales del actual modelo de autogobierno.

La soberanía es la capacidad efectiva de decisión de una comunidad política sobre los asuntos fundamentales que afectan a su desarrollo económico, social y territorial. 

Supone poder normativo, capacidad de gestión, control de recursos y facultad para definir prioridades públicas. 

La soberanía se define por su ejercicio real y verificable.

La independencia es una figura jurídica concreta. Consiste en la constitución de un Estado propio con reconocimiento internacional y plena personalidad jurídica exterior. 

Es una de las posibles expresiones de la soberanía, pero no la única. 

La independencia determina un estatus estatal; la soberanía determina la capacidad de decidir. 

Son planos distintos que no deben confundirse.

La experiencia comparada demuestra que es posible ejercer soberanía sin constituirse como Estado independiente. 

Existen modelos de organización política en los que territorios no independientes disponen de amplias competencias decisorias en materias clave, ejercidas mediante marcos jurídicos diferenciados, sistemas fiscales propios, capacidad regulatoria y mecanismos de relación bilateral con el Estado del que forman parte. 

La cuestión central no es la forma estatal, sino el alcance real del poder de decisión.

 En el caso del Archipiélago Canario, la soberanía debe abordarse desde una perspectiva funcional y aplicada. 

Canarias necesita capacidad real de decisión en ámbitos estratégicos que condicionan su viabilidad económica y social. 

Podemos destacar los siguientes:

La soberanía económica y fiscal, orientada a disponer de capacidad normativa, recaudatoria y de gestión presupuestaria propia, ajustada a la realidad ultraperiférica e insular.

 La soberanía territorial y residencial, imprescindible para proteger un territorio limitado, garantizar el acceso a la vivienda de la población local y ordenar el crecimiento demográfico.

La soberanía energética, que permita definir el modelo de generación, distribución y precios, reduciendo la dependencia exterior y fortaleciendo la transición energética.

La soberanía alimentaria, vinculada a la capacidad de producción local, al autoabastecimiento básico y a la seguridad alimentaria.

La soberanía sobre infraestructuras estratégicas, especialmente puertos y aeropuertos, fundamentales para la conectividad, la economía y el comercio exterior.

La soberanía sobre el mar y sus recursos, con capacidad de gestión económica, científica y productiva, generadora de empleo y valor añadido.

La soberanía normativa y administrativa, que permita adaptar las políticas públicas a la realidad social, económica y territorial de Canarias.

A pesar de esta evidencia, persiste una resistencia significativa a abordar el concepto de soberanía en el debate político canario. 

La pregunta es legítima, ¿por qué existe miedo a hablar de soberanía en Canarias? 

 La respuesta se encuentra en la asociación deliberada entre soberanía e independencia, utilizada para deslegitimar cualquier planteamiento que cuestione el actual reparto de poder.

 Esta estrategia ha servido para evitar debates de fondo sobre la falta de capacidad decisoria real del Archipiélago.

 La soberanía no se alcanza mediante declaraciones políticas, sino mediante un marco jurídico diferenciado, claro y estable, que reconozca la singularidad de Canarias y dote a sus instituciones de competencias efectivas. 

Este marco debe basarse en relaciones de bilateralidad, en el reconocimiento de la condición archipielágica y en la atribución de instrumentos jurídicos, económicos y fiscales suficientes para ejercer autogobierno real.

Hablar de soberanía no es plantear una ruptura, sino plantear una mejora sustancial del autogobierno. 

Supone asumir responsabilidades, ejercer capacidad de decisión y garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de la población canaria. 

 El debate que tenemos pendiente pendiente no es si Canarias debe hablar de soberanía, sino por qué se ha aceptado durante tanto tiempo un modelo que limita su ejercicio efectivo.

🖋 Redacción/ El Canario Socarròn