Cuando quien desahucia es el Estado: Mujer de 71 años, expulsada de su única casa por orden de la Autoridad Portuaria

No era una segunda residencia ni un capricho náutico. Era su casa. El pasado martes 13 de enero, una mujer de 71 años fue expulsada de la embarcación en la que vivía desde hacía años en el Muelle Deportivo de Las Palmas. Según denuncia la Asociación Derecho al Techo, el desalojo se ejecutó sin asistencia legal, sin defensa y sin que existiera ninguna alternativa habitacional, una práctica que las entidades sociales vienen señalando como estructural cuando la pobreza adopta formas que incomodan al poder.

La orden de desahucio, siempre según la asociación, partió de la máxima autoridad portuaria. No solo eso: para llevarla a cabo se habría solicitado un dispositivo policial desproporcionado, pese a tratarse de una mujer mayor, enferma y en situación de clara vulnerabilidad. El resultado fue inmediato y previsible: la embarcación fue retirada y trasladada a dique seco, cerrando cualquier posibilidad de que la afectada pudiera seguir habitándola.

Lejos de ofrecer una solución, la maquinaria administrativa añadió una segunda condena. Para recuperar su barco —su hogar— se le exige ahora el pago de una cantidad económica que no puede asumir, lo que la mantiene atrapada en una espiral de desprotección material, social y emocional. Sin casa, sin ingresos suficientes y sin red de apoyo institucional.

La carta enviada por la Asociación Derecho al Techo no se dirige a un departamento abstracto ni a una ventanilla burocrática. Va directamente a Beatriz Calzada, presidenta de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas, apelando a las propias líneas de actuación humanitaria que la entidad dice promover. El texto reclama intervención urgente, acompañamiento y medidas excepcionales para evitar que una mujer mayor quede literalmente en la calle por una decisión administrativa.

El caso vuelve a poner el foco sobre una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando las instituciones públicas gestionan la pobreza como un problema de orden y no como una emergencia social? En un territorio marcado por la crisis habitacional, el desahucio de una mujer que vivía en un barco no es una anécdota portuaria, sino un síntoma.

Por ahora, la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas no ha hecho pública ninguna respuesta. Mientras tanto, una mujer de 71 años duerme sin techo. Y el puerto, que presume de responsabilidad social, guarda silencio.