EN LEGÍTIMA DEFENSA

DRAGO Y LAS SIGLAS DE LA UPC: CUANDO EL ADVERSARIO SE COMBATE EN EL JUZGADO

El partido de Alberto Rodríguez intentó en los tribunales que Unidad del Pueblo Canario no pudiera usar las siglas UPC el 29-N. El Constitucional ni siquiera admitió sus recursos. Una maniobra impropia de quien dice querer construir una alternativa soberanista.

Alberto Rodríguez, presidente de Drago Canarias

Alberto Rodríguez, presidente de Drago Canarias, en una imagen de 2017. Foto: Marta Jara (eldiario.es) / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 ES.

Hay batallas que se pierden antes de librarlas y otras que conviene no librar nunca. La que Drago Canarias ha emprendido contra las siglas de Unidad del Pueblo Canario pertenece a las segundas. A principios de noviembre, el partido presentó recursos contencioso-electorales en Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife contra la proclamación de la coalición que forman Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Sumar. Pedía que cambiara su denominación o que retirara las siglas UPC de las papeletas. El 9 de noviembre fue un paso más allá y llevó el asunto al Tribunal Constitucional, que inadmitió sus dos recursos de amparo por no apreciar en ellos «especial trascendencia constitucional».

Por el camino, la Junta Electoral Provincial de Las Palmas llegó a paralizar de forma preventiva la confección de las papeletas en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Dicho de otro modo: a tres semanas de las elecciones, una fuerza que se reclama soberanista y de izquierdas consiguió dejar en el aire las papeletas de otra candidatura de izquierdas.

¿Qué es Drago?

Drago Canarias nació a finales de 2022 —se presentó en octubre en Las Palmas de Gran Canaria y se inscribió como partido en diciembre— en torno a Alberto Rodríguez, el exdiputado de Podemos que perdió su escaño en el Congreso en 2021. Se define como una fuerza de «obediencia canaria», soberanista, ecosocialista y confederal. Junto a Rodríguez, que lo preside, forman parte de su dirección la vicepresidenta Mar Jiménez, la secretaria general Aceysele Chacón, la portavoz nacional Carmen Peña y Héctor Morán, responsable de Organización.

Su implantación es modesta. En las autonómicas de 2023, en coalición con Los Verdes y Verdes Equo bajo la marca Drago Verdes Canarias, sumó 30.392 votos, el 3,38 %, sin escaño en el Parlamento ni en los cabildos. En las generales de ese mismo año se integró en Sumar, sin que ninguno de sus candidatos resultara elegido. Hoy su representación institucional se reduce a dos concejales en La Laguna.

Para el 29-N ha decidido ir en solitario, con Rodríguez como cabeza de lista por Santa Cruz de Tenerife y Morán por Las Palmas, y sin candidatura al Senado. Su argumento es ofrecer una «alternativa política propia, de carácter soberanista y progresista», al margen de las confluencias de la izquierda. Es una decisión legítima. Lo que ya no lo es tanto es pretender ganar en los juzgados el espacio que no se ha sabido construir en la calle.

La memoria no se defiende en el juzgado

Drago sostiene que las siglas UPC inducen a confusión porque remiten a la histórica Unión del Pueblo Canario, la que en 1979 llevó la voz del nacionalismo de izquierdas a las Cortes y a la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria, y a un pequeño partido, Movimiento UPC, inscrito en el registro y con sede en La Laguna, a cuya petición se formalizaron los recursos ante el Constitucional.

El debate de fondo no es menor. En estas mismas páginas se ha cuestionado que Nueva Canarias se diluya en una coalición con fuerzas de ámbito estatal y que, de paso, se vista con unas siglas que pertenecen a la memoria del pueblo canario y a una generación que se la jugó por él. Pero ese debate se libra en la plaza pública, con argumentos, y no pidiendo a un juez que retire de las papeletas las siglas de un adversario a pocas semanas de las elecciones. Eso, más que una acción política, tiene aire de marrullería. Y resulta impropio de un partido que presume de querer sumar.

El Constitucional ni siquiera entró en el fondo. Drago insiste en que la inadmisión es un simple filtro procesal y no una derrota de su tesis. Puede que tenga razón en lo técnico, pero en lo político el balance es claro: la ofensiva no ha servido para nada, salvo para retratar a quien la promovió. «Han quedado retratados», resumió Unidad del Pueblo Canario.

Mucha pantalla para tan pocos votos

Hay otro detalle que llama la atención. Para tratarse de un partido con dos concejales, Drago ha disfrutado de una presencia notable en la televisión pública canaria. Televisión Canaria lo sentó en su primer debate electoral, en La Retranca, junto a PSOE, PP, CC-Primero Canarias, Vox y UPC, pese a no tener representación parlamentaria. El propio Alberto Rodríguez es analista fijo de ese programa. Y en una tertulia juvenil de la misma cadena participó Luis Bruno de la Barrera, número tres de Drago al Congreso por Las Palmas, mientras que al candidato de UPC al Senado por Gran Canaria, Iván Santana, se le comunicó cuatro horas antes que no podía acudir porque no se admitían candidatos.

Mientras tanto, otras organizaciones canarias con trabajo de base apenas han encontrado hueco en esos espacios. Resulta difícil, además, casar ese trato con la queja de Drago ante la Junta Electoral Central por haber quedado fuera del reparto de espacios gratuitos y de la cobertura informativa de RTVC y RTVE.

Nada de esto convierte a Drago en un enemigo. Comparto muchas de sus propuestas sobre territorio, vivienda y soberanía, y precisamente por eso cabía esperar de él otra altura. Canarias no necesita más guerras de siglas ni más pleitos entre quienes dicen querer lo mismo. Necesita una alternativa soberanista con raíces, que se gane la confianza del pueblo canario con propuestas y con trabajo, y no en los despachos de las juntas electorales.

Esteban Domínguez, abogado

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