MÁS DE 100 MIL "PENINSULARES" SE ESTABLECIERON EN CANARIAS EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

      

Hacer las maletas, buscar vivienda y contratar un servicio de mudanzas para acabar en el Archipiélago. Esto es los que han hecho 113.000 personas en los últimos cinco años, que se han trasladado desde otras comunidades autónomas para vivir en Canarias. Así lo indica los datos de Variaciones Residenciales recopilados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que reflejan que de media, cada año, se desplazan a las Islas para establecer su hogar habitual unas 22.000 personas desde otras regiones del país. 

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 En 2021, el dato más reciente, 22.624 ciudadanos procedentes de diferentes puntos de la Península y del otro archipiélago recalaron en el Archipiélago. El año anterior fueron algo menos, 19.123, en doce meses que estuvieron marcados por la pandemia y las restricciones de movilidad que tuvo aparejadas. En 2019, 2018 y 2017, los cambios de residencia se mantuvieron por encima de las 20.000 anuales, siendo 2018 el ejercicio en el que se contabilizó un mayor número. 

¿De dónde vienen estas personas que acaban convirtiéndose en vecinos del Archipiélago? Se trata de ciudadanos que, o bien pueden ser originarios de las diferentes provincias desde donde salen, o tratarse de extranjeros que ya vivían en estas zonas de España pero deciden trasladarse a Canarias por motivos laborales, atraídos por su clima o por razones familiares. Aunque también puede colarse algún isleño que tras haber migrado a otra comunidad retorna a sus Islas. 

En concreto, la región desde la que en cinco años han salido un mayor número de personas con rumbo a Canarias es Madrid. Desde la capital del país han volado al Archipiélago 24.200 ciudadanos en el último lustro, a un ritmo de entre 4.000 y 5.000 al año. Le sigue Andalucía de donde proceden otros 23.420 de los algo más de 113.000 habitantes que se han mudado aquí. La tercera con un mayor peso es Cataluña. Desde allí han llegado 14.323 personas desde 2017. Canarias también recibió a un buen número de gallegos, 9.815 en total, así como valencianos (8.511) y castellano leoneses (5.460). La lista la completan 5.182 que llegaron a las Islas desde Baleares, 4.586 de Castilla La Macha y 3.426 del País Vasco. Mientras que las mudanzas vinculadas al resto de comunidades se quedan por debajo de las 3.000 desde cada una de ellas. 

Pero, ¿cuál es el motivo de tanta mudanza hasta el Archipiélago? Por un lado, la economía canaria, altamente dependiente del sector servicios tiene una demanda intensiva de puestos de trabajo. ¿La peor parte? Se trata de empleo de escasa cualificación y no demasiado bien remunerado pero que ejerce como atracción para toda aquella masa laboral con poca formación que ve en Canarias mayores posibilidades de encontrar un puesto de trabajo frente a las que tendría en otras comunidades más industrializadas, donde la demanda laboral es más especializada. La recuperación turística no ha hecho sino aumentar esta tendencia, ya que en los años de parón buena parte de la fuerza laboral que antes de la pandemia trabajaba en la hostelería cambió de sector, con lo que el de servicios ha demandado mano de obra. 

Por otro, el aumento de la contratación por parte de la administración en el Archipiélago en estos últimos años también puede haber atraído a Canarias a trabajadores que han visto en el sector público su oportunidad de acceder a un puesto fijo. 

De hecho, las Islas han registrado un récord de ocupados y han reducido sus cifras de parados a niveles muy bajos. Aunque en el último mes la cantidad de desempleados creció a pesar del aumento del empleo, precisamente debido al efecto llamada, ya que el aumento de las posibilidades de trabajar genera la llegada de nuevos demandantes de empleo.  

Por supuesto, además de las razones laborales las mudanzas al Archipiélago también pueden estar instigadas por otro motivos personales o de otra índole que les lleven a hacer las maletas para acabar residiendo en esta región. 

Las dos capitales canarias son los municipios preferidos para establecerse
 
Una vez en Canarias, ¿dónde prefieren instalarse? Pues según la estadística del INE, los dos municipios que han recibido a un mayor número de estos ciudadanos procedentes de otras comunidades autónomas son las dos capitales de provincia canarias. Con Las Palmas de Gran Canaria en primera posición al haber acogido a 16.098 personas en cinco años. A Santa Cruz de Tenerife han llegado 11.603 en ese mismo periodo. La tercera ciudad con un mayor número de mudanzas desde otras regiones es San Cristóbal de La Laguna, a donde han llegado 6.876 personas. Pero en esta ocasión la razón se puede buscar también en la llegada de muchos estudiantes universitarios que se trasladan a la ciudad del Adelantado para estudiar una carrera. Buena parte de ellos suelen empadronarse para beneficiarse, por ejemplo, del descuento de residente en los viajes. 

También han sido numerosos los traslados a Arrecife, que recibió a 5.930 personas. Varios miles de ciudadanos se han establecido también en las principales zonas turísticas del Archipiélago o en sus municipios más cercanos. Destacan los 5.636 de Arona, los 3.048 de La Oliva, los más de 3.000 de Granadilla o los 2.600 de Santa Lucía de Tirajana. Lo cierto es que no existe ningún municipio canario que no haya engordado su padrón con personas procedentes de otras comunidades autónomas en este periodo. Todos han recibido cada año al menos uno de estos traslados. 

Sin embargo, no hay que confundir que hayan llegado 113.000 nuevos vecinos a las Islas en los últimos cinco años con que se haya producido un aumento de la población en estos mismos términos. Ya que en ese mismo periodo también muchos canarios se han trasladado a otros puntos del país. Solo en 2021, 23.582 isleños decidieron mudarse fuera de Canarias. 

Aun así, la población del Archipiélago es una de las que más se ha incrementado en los últimos años y la previsión es que lo haga en al menos 350.000 habitantes en quince años. Un reto demográfico que en los últimos meses ha reavivado varios debates que han llegado incluso al Parlamento regional a través de una comisión. Las consecuencias que este incremento poblacional puede tener en los servicios, las infraestructuras o el acceso a la vivienda se han analizado sin que se haya llegado a ninguna conclusión firme. El veto a la compra de inmuebles por parte de extranjeros o una posible restricción a la llegada de nuevos habitantes son propuestas que se han llegado a poner sobre la mesa por algunos partidos. Medidas que tienen un difícil encaje legal por conculcar tanto la normativa comunitaria como la propia Constitución.