SAREB intenta desalojar “La Ilusión” por cuarta vez.

La semana pasada las familias de la comunidad “La Ilusión” recibieron una notificación de juzgados en la que se les informaba de que Sareb les daba 2 meses para abandonar de forma voluntaria las que han sido sus casas durante los últimos casi 7 años. 

De no hacerlo, Sareb anuncia que pedirá el desalojo de estas 13 familias, algo que ya intentó hasta en 3 ocasiones en el pasado (2018, 2019 y 2021) y que la comunidad, con el apoyo del SIGC y la FAGC, siempre logró parar, arrancando a su vez el compromiso de la entidad y de las distintas administraciones para lograr una solución para las familias. 
 
Cuando se frenó el desahucio in extremis en septiembre de 2021, Sareb envió a una subcontrata para mediar con las vecinas. Esta empresa demostró desconocer la realidad del edificio y de las familias que lo habitan. A pesar de ello, las vecinas se mostraron dispuestas a colaborar desde el primer momento para alcanzar un acuerdo, pero hace unos meses la mediadora desapareció sin dar señales.

Nos encontramos ante una situación que parece repetirse. Después de que la presión popular y mediática frene el desalojo, Sareb promete soluciones y envían mediadores. Cuando bajamos la guardia, tales mediadores demuestran mala fe o incompetencia y desaparecen. Entonces la entidad vuelve a la carga amenazando con dejar en la calle a 30 personas, 20 de ellas menores.

Dos años después nos vemos ante la misma situación, con las vecinas de nuevo en pie de guerra, teniendo que poner su cuerpo por cuarta vez en siete años para defender sus hogares, donde han nacido y crecido sus hijas e hijos. Siete años en las que a pesar de las promesas nunca han perdido el miedo a tener que pasar la noche en un coche, una caseta o una chabola.

Recordamos que en “La Ilusión” viven familias en situación de vulnerabilidad desde que el Sindicato de Inquilinas alcanzara un acuerdo con la promotora que construyó el edificio. Esta empresa, después de quebrar y verse incapaz de concluir la construcción del inmueble, permitió que familias formadas por personas desahuciadas, trabajadoras en paro, mujeres embarazadas o parejas jóvenes que dormían en coches, habitasen el edificio. 

La realidad de 2023, con un aumento del precio del alquiler de casi un 90% desde 2013 ante la inoperancia de los distintos gobiernos responsables y un alarmante aumento de la desigualdad, no ofrece otra alternativa a estas familias que pelear por sus viviendas o dormir en la calle. Hay 150.000 viviendas vacías en Canarias y 20.000 familias como demandantes de vivienda pública. Estas han sido terminadas, cuidadas y arregladas por las manos de las familias que las habitan desde hace 7 años.

Por eso exigimos a Sareb, al Ayto de Telde, Gobcan y cabildo que cumplan con los compromisos que han adquirido hasta en tres ocasiones con estas familias y les cedan las viviendas en uso o a cambio de un alquiler acorde a sus posibilidades económicas. Este lunes tienen una reunión importante con el Instituto Canario de Vivienda en la que esperamos soluciones inmediatas que acaben con la incertidumbre.