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Semanario LA RAÍZ
Las calles de Las Palmas de Gran Canaria se preparan para una protesta histórica. Este 23 de noviembre, una cadena humana recorrerá puntos estratégicos de la ciudad para rechazar la instalación de una central térmica en el Puerto de la Luz. Convocada por colectivos ecologistas y vecinos, la movilización pone el foco en las contradicciones de la política energética insular, dejando en evidencia la incoherencia de dirigentes como Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria.
Una central que amenaza el aire y la vida urbana
El proyecto, liderado por la empresa Totisa Holdings, busca instalar una planta de gas natural de 70 megavatios junto con una regasificadora y un depósito de 50.000 metros cúbicos de gas licuado. Aunque sus defensores aseguran que el puerto necesita garantizar su autonomía energética, los críticos subrayan el impacto negativo que tendría en la calidad del aire y el bienestar de los habitantes de la capital grancanaria.
“El gas natural no es energía limpia ni sostenible. Este proyecto es un retroceso para la salud de la ciudadanía y el futuro de Gran Canaria”, denunció un representante de la plataforma ciudadana contra la central. Sin embargo, la instalación de esta planta es solo la punta del iceberg de un modelo energético que cada vez enfrenta más oposición.
Antonio Morales: discurso verde, prácticas devastadoras
Antonio Morales, uno de los más vocales detractores de la central, ha calificado el proyecto como una “agresión ambiental”. Pero muchos cuestionan su legitimidad para criticar, dado que bajo su administración se han impulsado proyectos igual de cuestionables. Uno de los ejemplos más controvertidos es la hidroeléctrica Chira-Soria, que devastará uno de los paisajes más emblemáticos de la isla, todo en nombre de una supuesta transición energética.
El presidente del Cabildo también ha defendido planes urbanísticos que incluyen la creación de miles de camas turísticas adicionales, intensificando la presión sobre ecosistemas ya frágiles como el Banco de Arguineguín. Al mismo tiempo, ha promovido la instalación masiva de parques eólicos y solares sin una planificación estratégica adecuada, lo que ha generado conflictos con comunidades locales y un impacto severo en el paisaje.
El Puerto de La Luz, entre la espada y la pared
La Autoridad Portuaria de Las Palmas justifica la central térmica como una necesidad para evitar depender aún más de la central de Jinámar, cuya contaminación ya afecta gravemente a los municipios colindantes. Sin embargo, esta narrativa no convence a los expertos, quienes señalan que el debate no debería limitarse a elegir entre dos males, sino buscar soluciones verdaderamente sostenibles.
“Plantear esta dicotomía es una falta de visión. Gran Canaria tiene el potencial para liderar una transición energética real, pero no con proyectos improvisados y contaminantes”, señalan desde la plataforma Canarias Libre de Combustibles Fósiles.
La protesta: ¿un símbolo o un punto de inflexión?
La cadena humana de este 23 de noviembre representa más que una simple protesta. Es un clamor ciudadano contra un modelo energético y político que prioriza los intereses económicos sobre la sostenibilidad real. Los organizadores llaman a replantear de raíz cómo se planifica el futuro energético de Gran Canaria.
“Mientras se rechaza una central térmica en el puerto, se permiten proyectos igual de destructivos como Chira-Soria o la expansión turística masiva. Es hora de exigir coherencia y responsabilidad a nuestros dirigentes”, declararon desde la organización.
La cadena humana es un símbolo de resistencia, pero también una llamada de atención para Antonio Morales y otros líderes insulares. No basta con oponerse a un proyecto puntual: la transición energética debe ser un compromiso integral, coherente y respetuoso con el territorio y su gente. Gran Canaria necesita soluciones reales, no promesas verdes que enmascaran un desarrollo insostenible.
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