Tenerife abandona a las personas sin hogar con enfermedades mentales: sin plazas, sin cuidados, con engaños... ¡sin humanidad!

La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta denuncia la grave situación de abandono en la que se encuentran las personas sin hogar con grave deterioro físico y problemas de salud mental en Tenerife, un drama que vuelve a evidenciarse con el caso de Francisco, el más dramático de los 36 casos que se contabilizan en la ciudad según datos oficiales. Por Francisco, canario de 65 años, los Servicios Sociales del Ayuntamiento han solicitado a la Fiscalía su inhabilitación judicial para poder ingresarlo en un centro adecuado. La petición ha sido rechazada, alegando falta de justificación médica, mientras el alcalde ha declarado públicamente que “no puede hacer nada”, y algunos ciudadanos de bien sufren ante su deterioro progresivo. Sin embargo, en la Acampada Reivindicativa creemos que el Ayuntamiento no dice toda la verdad, o no la sabe, porque existen tres leyes actualmente vigentes que sí permiten actuar en estos casos, dos de ellas sin autorización judicial previa:

-El artículo 9.2 de la Ley 41/2002, de la Ley de Autonomía del Paciente, establece que en situaciones de riesgo inmediato grave para la integridad del enfermo, los facultativos médicos podrán realizar intervenciones indispensables y trasladarlo a un centro hospitalario, sin necesidad de intervención de un Juez o Fiscal, bastando con informar a la autoridad judicial en el plazo de 24 horas si se toman medidas como el internamiento obligatorio.

-El artículo 6, o) 1 y 2, de la Ley 11/1994, de Ordenación Sanitaria de Canarias, permite también retirar a una persona de la calle contra su voluntad, cuando exista riesgo para la salud pública o riesgo inmediato grave para la persona. En este caso también se puede ingresar sin autorización judicial, pero igualmente hay que comunicar a posteriori con el juez para que lo ratifique o no. 

-Y el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Esta Ley, a diferencia de las otras dos, sí requiere de autorización judicial previa. 

Visto lo que dice la Ley, se comprueba que el problema no es legal, y que el alcalde falta a la verdad, con o sin conocimiento. De hecho es muy habitual y lo hemos denunciado también desde nuestro colectivo, que a personas con supuestos problemas mentales con pensiones altas y propiedades inmobiliarias, se las inhabilita o curatela con mucha facilidad, bien por familiares o por las propias administraciones, para disponer de sus pensiones altas y de sus propiedades, cuando en muchos casos no está suficientemente demostrado el problema mental de la persona. Luego, que no nos venga el Alcalde con la historia de que no pueden: cuando a las administraciones les interesa sí que pueden (recuerden el caso de la Fundación Pública FUCAS). 

Lo que en verdad esconde esta vergüenza es el fracaso de nuestro Estado del Bienestar y la crisis habitacional tan extrema que sufrimos, que arroja a la calle cada día a más gente, con las personas sin hogar que más tiempo de calle llevan como los casos más dramáticos de abandono, que nos muestran la podredumbre de sociedad que somos, y que, lógicamente hay que esconder, como se esconden los datos reales de suicidios inducidos por pobreza estructural. Porque el problema es estructural, tan sencillo como decir que no hay plazas donde derivar a estas personas, y por eso, el sistema prefiere dejarlos morir en la calle. Cuando no hay centros sociosanitarios ni plazas de hospital para mayores con familia (unas 1000 ancianos en plazas hospitalarias con el alta), mucho menos las va a haber para quienes no tienen nada ni a nadie. 

Pero es importante que la gente entienda, que el deterioro físico y psicológico que sufren estas personas tras años de calle es devastador: muchos han pasado por malos tratos, violencia, rechazo social e institucional, y han perdido toda confianza en los servicios públicos. En los casos más graves, ya no es posible una recuperación social, y el sufrimiento termina con la muerte en la vía pública, si, como vemos, las administraciones no actúan incumpliendo las leyes. Y asistimos a una cadena lamentable de abandonos: primero la familia, luego el sistema sanitario, después los servicios sociales y, finalmente, la propia sociedad (salvo contadas excepciones).

Así, la respuesta no puede ser únicamente policial o asistencial, ni esperar a los casos terminales. Hay que intervenir mucho antes, con programas de vivienda digna (‘Housing First’), acompañamiento profesional, atención sanitaria de proximidad y equipos que trabajen en la calle ganándose la confianza de las personas que están peor. De lo contrario, solo llegaremos cuando ya sea demasiado tarde.

Por todo ello, rechazamos las recientes declaraciones del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, aduciendo que no puede hacer nada, porque hemos demostrado que sí se puede. Igualmente condenables sus declaraciones de hace unos meses, cuando alertaba del “peligro” que representan las personas sin hogar con trastornos mentales. A nuestro juicio, salvo muy contadas excepciones, estas personas no son peligrosas, son vulnerables. Criminalizarlas alimenta la aporofobia, el miedo y el desprecio hacia quienes más protección necesitan. Y convertimos así la miseria humana en un problema de seguridad ciudadana, lo que, insistimos, nos debería avergonzar a todos y todas, y refleja el verdadero nivel moral de nuestra sociedad.

En lo único con lo que sí estamos de acuerdo con el señor Alcalde, es con la insuficiencia de recursos para personas sin hogar de la mayoría de municipios de Tenerife que denuncia, lo que provoca sin duda un efecto llamada hacia Santa Cruz, y sobrecarga sus centros agravando la sensación de colapso. Aunque, recalcamos, esto no justifica el discurso alarmista ni el abandono.

Como casi siempre, concluímos, se trata de una cuestión de voluntad política y de prioridades, no de falta de recursos económicos. Pero claro, ellos tienen a los medios de comunicación para contar las cosas a medias, como ellos quieren que se digan. El resto, lo pone una sociedad que abraza sin pudor la aporofobia como norma, olvidando que cualquier día pueden ser ellos los pobres, los enfermos, los sin hogar, a los que abandonarán. O aún peor, a este ritmo, ¿quién sabe lo que se les hará a las personas sin hogar que molesten en el futuro?