LÍNEA ROJA AL GOLPISMO JUDICIAL: LLAMAN A UNA RESPUESTA EN LA CALLE

La condena del Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado ha sido el detonante final de una tensión institucional que lleva años gestándose. Para 17 organizaciones sociales, sindicales y políticas, la sentencia no es justicia: es un movimiento político disfrazado de resolución judicial. Y su respuesta ya tiene fecha, hora y lugar.

El manifiesto difundido por los firmantes no deja dudas: “Ni acatamos ni respetamos la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado”. Consideran la decisión una pieza más en la deriva de un sector del poder judicial que, lejos de actuar como garante constitucional, se ha colocado —afirman— como actor político dispuesto a decidir lo que debería decidir la ciudadanía en las urnas.

Una sentencia sin justificación: el punto de ruptura

Lo que ha encendido todas las alarmas no es solo la condena, sino cómo se ha hecho. El fallo fue publicado sin motivación jurídica, algo prohibido expresamente por el artículo 120 de la Constitución. La sentencia se ejecutó primero y su justificación —si llega— después. Una inversión del proceso judicial que, en palabras del manifiesto, convierte el acto en una “aberración” y una señal de prejuzgamiento incompatible con la imparcialidad.

Para los firmantes, este proceder abre la puerta a la recusación de los magistrados que votaron a favor y a la repetición íntegra del juicio. Pero, sobre todo, confirma su sospecha: la condena no es derecho, es estrategia.

El síntoma de un problema más grande
Los convocantes sostienen que este episodio no es aislado. Lo conectan con decisiones recientes como la negativa a aplicar leyes aprobadas democráticamente, incluida la Ley de Amnistía. Para ellos, lo que se vive no es un conflicto técnico, sino un choque entre legitimidad democrática y un poder judicial que —dicen— arrastra la herencia del franquismo sin haber pasado una verdadera transición.

Hablan de decadencia moral, arbitrariedad normalizada y falta de profesionalidad. Y ponen el foco en lo que consideran la raíz del problema: un sistema judicial blindado frente al control democrático, con estructuras y valores que no han cambiado desde antes de 1978.

La respuesta: ocupar el espacio público

El texto termina como empieza: sin concesiones. No hay matices ni lenguaje institucional. Hay una llamada:

“No asumimos ni respetamos la condena. Llamamos a la ciudadanía a movilizarse.”
La primera cita será este sábado 6 de diciembre a las 12:00 frente a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria. Para los convocantes, la calle no es solo protesta: es el espacio donde recuperar la legitimidad política frente a lo que llaman “golpismo judicial”.

No se presentan como observadores. Se presentan como línea roja.

 
Firman ese Manifiesto

CCOO, COBAS, Intersindical Canaria, Federación de Sindicatos Obreros de Canarias, Federación Sindical Canaria, Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores de Canarias, Sindicato de Gremios Unificados, Alternativa Sindical Obrera Canaria, Sindicato Trabajadores Enseñanza de Canarias, REUNIR, Unidad del Pueblo, Canarias Insumisa, Verdes, Izquierda Anticapitalista Revolucionaria, Antifascista Elsa Wolff, Foro por la Memoria de Canarias, ASR — Colectivo al Servicio de la República.

Manifiesto íntegro 

NI LA ASUMIMOS NI LA RESPETAMOS declaración.docx