La Policía Autonómica irrumpe en una rueda de prensa contra el Gobierno de Canarias por el proyecto Cuna del Alma

La escena es tan breve como significativa. En mitad de la rueda de prensa convocada este lunes frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, varios agentes de la Policía Autonómica de Canarias interrumpieron el acto, tomaron los datos de los convocantes y les obligaron a retirar la mesa y las sillas desde las que atendían a los medios de comunicación. El mensaje institucional llegó antes que las preguntas.

El encuentro había sido anunciado días atrás y tenía un objetivo claro: hacer pública la presentación de una denuncia administrativa contra el propio Gobierno de Canarias por su actuación en el proyecto urbanístico y turístico Cuna del Alma, en el municipio de Adeje. Un conflicto que mezcla litoral, patrimonio, modelo turístico y, ahora también, derechos fundamentales.

Según relatan los organizadores, la intervención policial se produjo pese a que el acto se desarrollaba en un espacio público de titularidad municipal, sin afectar al tránsito ni al orden público y con una duración prevista de apenas unos minutos. Las fotografías difundidas muestran el antes y el después: al inicio, los portavoces sentados tras una mesa; al final, de pie, sin mobiliario y bajo la supervisión policial.

Los colectivos califican la actuación de “extralimitación clara” y sostienen que invade competencias municipales. Pero, más allá del debate jurídico, denuncian algo más profundo: una pauta de trato desigual. “¿Habrían actuado igual con un acto de empresarios turísticos, un club deportivo o el partido oficial de turno?”, se preguntan en el comunicado remitido a este diario. Para ellos, la respuesta es obvia.

La razón de la rueda de prensa: una denuncia administrativa por presunta complicidad institucional.

El núcleo del acto interrumpido era la explicación pública de una denuncia administrativa formal registrada ese mismo día contra la actuación del Gobierno autonómico en el proyecto Cuna del Alma. El escrito acusa a la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario de haber autorizado de forma excepcional la ocupación de la franja de protección del dominio público marítimo-terrestre para usos turísticos privados, como una piscina y un restaurante.

Según los denunciantes, esa autorización carece de la motivación reforzada que exige la legislación de Costas, no demuestra la inexistencia de alternativas fuera de la franja protegida y se apoya en una justificación genérica: la supuesta “conveniencia” para el modelo turístico de Canarias. Un argumento que, sostienen, ignora la realidad de Adeje, uno de los municipios con mayor presión urbanística, turística y residencial del Archipiélago.

La denuncia va más allá. Afirma que la actuación del Gobierno ha tenido un efecto directo en el ámbito judicial: servir de base para el archivo provisional de una denuncia penal por presuntos delitos urbanísticos y medioambientales, un archivo que ha sido recurrido tanto por las acusaciones como por la propia Fiscalía. 

El escrito también alerta de la continuación de las obras en un contexto de advertencias técnicas reiteradas y de actuaciones recientes en zonas arqueológicamente sensibles, como La Atalaya, donde existirían restos de origen guanche. Los colectivos denuncian una dinámica de “hechos consumados”, en la que el avance material del proyecto precede a cualquier garantía real de protección del patrimonio.

Entre las medidas solicitadas figuran la revisión de oficio de las autorizaciones, la suspensión cautelar inmediata de las obras, la remisión del expediente completo al Ministerio Fiscal y la depuración de responsabilidades administrativas por una actuación que califican de “complicidad institucional”.
De la denuncia ambiental a la denuncia democrática

Para los convocantes, la irrupción policial durante la rueda de prensa no es un episodio anecdótico, sino una extensión del conflicto. “No por habitual deja de ser grave”, señalan, aludiendo a lo que describen como una represión continuada contra colectivos y activistas que cuestionan el actual modelo territorial y turístico de Canarias.

La escena frente a la Presidencia del Gobierno añade así una nueva capa al caso Cuna del Alma: no solo la disputa por el litoral, el medio ambiente o el patrimonio histórico, sino también por el derecho a informar y a reunirse en el espacio público sin interferencias indebidas. “Lo llaman democracia y no lo es”, concluye el comunicado, recuperando una consigna que resuena cuando las instituciones responden con policías a preguntas incómodas.

Los colectivos anuncian que la lucha continuará en 2026 y piden difusión. La denuncia administrativa ya está registrada. La imagen de una mesa retirada por orden policial, también.