LA PROPUESTA DE LIBERACIÓN CANARIA: "CERRAR LA PUERTA DEL PAÍS", PARA EVITAR EL COLAPSO MEDIOAMBIENTAL Y LA ASFIXIA DEMOGRÁFICA

Liberación Canaria presentará mañana sábado, en su I° Congreso/Tagoror Nacional, una ponencia de alto voltaje político: propone limitar la residencia, el acceso al mercado laboral y el derecho al voto en Canarias para defender la supervivencia social, económica e identitaria del pueblo canario. El documento, extenso y explícito, pone el foco en la superpoblación, la presión migratoria y el actual encaje jurídico de las islas en España y la Unión Europea.
CANARIAS09/01/2026Semanario LA RAÍZSemanario LA RAÍZ
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La ponencia que quiere cambiar las reglas del juego en Canarias y poner un límite

Liberación Canaria no se anda con rodeos. La ponencia que debatirá su Congreso Nacional, parte de una idea central que recorre todo el texto como un hilo rojo: Canarias ha superado su capacidad de carga humana y esa realidad amenaza la calidad de vida, la cohesión social y la propia identidad del país.

El documento, titulado Ponencia sobre Extranjería, Inmigración, Residencia, Mercado Laboral, Vecindad Civil y Voto, sostiene que el Archipiélago —con algo más de 7.400 kilómetros cuadrados y más de 2,2 millones de habitantes— soporta una densidad poblacional muy superior a la que puede asumir, a la que se suman cerca de 18 millones de visitantes anuales. Para la organización nacionalista, el problema no es demográfico en abstracto: es político.


La ponencia vincula directamente esta presión humana con el colapso de los servicios públicos, las dificultades de acceso a la vivienda, el paro estructural, la precariedad laboral, el deterioro ambiental y el empobrecimiento relativo de la sociedad canaria. Cita datos de pobreza, desigualdad y compra de viviendas por extranjeros para sostener que el modelo actual expulsa a los jóvenes canarios mientras facilita la llegada de población con mayor poder adquisitivo. Identidad, supervivencia y “cerrar la puerta del país”


Uno de los capítulos más contundentes del texto habla sin eufemismos de identidad y supervivencia como sociedad. Liberación Canaria defiende que los canarios y canarias, con una presencia histórica de más de 2.000 años en las islas, deben volver a situarse en el “centro de gravedad” del país. La ponencia alerta de un proceso de aculturización progresiva y de una pérdida de referencias colectivas que, a su juicio, está directamente relacionada con la presión demográfica.


En ese contexto, la organización plantea la necesidad de “cerrar la puerta del país”, no como un eslogan simbólico, sino como una batería de medidas políticas y jurídicas destinadas a frenar la llegada de población y a recuperar el control sobre el territorio, la vivienda y el empleo.


Con encaje jurídico: Unión Europea, Schengen y Estado español

El documento dedica un amplio apartado a explicar el marco legal actual. Señala que Canarias, como región ultraperiférica (RUP) de la Unión Europea, está plenamente sometida al Tratado de Funcionamiento de la UE, lo que implica la libre circulación de personas, capitales y servicios. En la práctica, subraya la ponencia, eso abre el Archipiélago a 440 millones de ciudadanos europeos con capacidad para residir, trabajar, comprar viviendas o montar empresas sin restricciones específicas.


A ello se suma el Acuerdo Schengen, que convierte a Canarias en frontera exterior de la UE y, según el texto, explica parte de la presión migratoria africana.


En el ámbito estatal, Liberación Canaria recuerda que las competencias en inmigración y extranjería son exclusivas del Estado, pero subraya que la Constitución permite su transferencia a las comunidades autónomas. Esa vía es clave en su propuesta inmediata.


Las propuestas: residencia, voto y trabajo
La ponencia articula sus soluciones en dos planos: lo inmediato, dentro del actual marco constitucional, y lo futuro, mediante una reforma de mayor calado.


En relación con la Unión Europea, Liberación Canaria propone abandonar el estatus de región ultraperiférica y pasar al de País y Territorio de Ultramar (PTU), un régimen de asociación especial que permitiría a Canarias quedar fuera de la aplicación directa del tratado europeo. Según el texto, ese cambio abriría la puerta a controlar la residencia de ciudadanos comunitarios, limitar la compra de viviendas y empresas y proteger el empleo de los canarios..


Respecto a España, la organización plantea exigir la transferencia de las competencias en inmigración y extranjería para que el Gobierno de Canarias pueda regular visados, residencia e integración. Entre las medidas concretas, propone exigir recursos económicos mínimos para establecerse en las islas y limitar el derecho de propiedad de la vivienda a los canarios y canarias.


Uno de los debates más sensibles es el del voto. Liberación Canaria cuestiona que la condición política de canario se base en la simple vecindad administrativa —el empadronamiento— y propone sustituirla por la vecindad civil, un concepto más ligado al arraigo sociocultural. La idea es que no baste con residir unos meses en Canarias para decidir políticamente sobre su futuro.
Preferencia natural en el empleo y la función pública.


De cara al futuro, la ponencia plantea una reforma constitucional que introduzca el principio de “preferencia natural” en el acceso al mercado laboral y a la función pública. No se trata, sostiene el texto, de excluir a nadie, sino de priorizar a la población del territorio mientras persistan altas tasas de paro, especialmente juvenil.


El documento pone ejemplos concretos en el ámbito educativo y defiende que el funcionariado que trabaja en Canarias debe tener un conocimiento real de la cultura, la historia y la realidad social del país.


Un debate que promete: Frente a la indefinición de otros partidos 

Liberación Canaria concluye su ponencia con una idea que resume el espíritu del texto: no se va contra nadie, pero sí a favor del derecho del pueblo canario a existir, decidir y pervivir como comunidad diferenciada. El Congreso del partido abrirá así un debate incómodo, profundo y cargado de implicaciones políticas, jurídicas y sociales, en un momento en el que la cuestión demográfica y territorial ocupa cada vez más espacio en la conversación pública de Canarias.

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