Vecinos de Tejeda, grupos de montañeros y senderistas y activistas independentistas forman parte de un listado en el que trabaja este cuerpo policial militar. No consta que el Cabildo haya presentado denuncia alguna o requerido los "servicios" de la guardia civil. Sus propios técnicos aclararon que no se pertubó, de manera alguna, el emblemático enclave de las cumbres de la isla. Aún así, alguien ha dado órdenes a dos agentes de la benemérita, para que se "identifique" a los autores de ese acto político. A la "caza del indepe". Tal cual se lo contamos.
CANARIAS18/05/2022 Redacción
Se ha estado indagando entre vecinos del municipio, preguntando incluso por "posibles simpatías políticas" o "ideología independentista". Se han requerido listados de permisos" y autorizaciones para grupos que frecuentaron la zona en días previos y se "indaga" posibles conexiones y coindicidencias entre el acto del Nublo con la Ruta de Bentejui. Este es el panorama que se describe por quienes han tenido ya la "sorprensa" de una conversación "informal" o directamente una petición de cara a la confección de un "atestado". Y es aquí donde muchos nos preguntamos no el porqué, que está bien clarito, sino quien ordena un operativo que, a estas horas, denota tener más de persecución política que de actuación con fines administrativos de oficio.
La prueba fehaciente de que se persigue un acto político, es que los medios de comunicación "dependentistas" se cebaron más sobre que la naturaleza de la bandera canaria, que sobre las "consecuencias" del hecho en sí. Distintos voceros se encargaron de usar adjetivos gruesos para calificar la acción, desde un "atentado"patrimonial (que los técnicos del Cabildo se encargaron desde el primer momento de desmentir y desmontar) hasta una actuación de "desalmados" que había que sancionar "severamente". Cuando se probó que la acción había dejado cero impacto negativo en el simbólico Roque grancanario, los titulares se dirigieron ha "criminalizar" el acto y compararlo con actos vandálicos que sí tienen un fondo incívico, por cierto no sujetos al mismo celo de agentes ni de "supuestos vecinos desgarrados" por la acción patriótica canaria.
La consejera cabildicia grancanaria, la "canarista" Inés Jiménez, que ese mismo día hizo declaraciones en medios de comunicación llamando "atentado" lo sucedido, pertenece al mismo grupo político y gobierno que sí que ha dado autorización al mayor atentando ecológico y patrimonial sufrido por la isla por mucho tiempo en connivencia con una multinacional española. Ese sí que es un atentado en toda regla y quien sabe si ahí estará presente la "benemérita" desde ya para levantar "atestados" del mismo o simplemente se harán los ciegos, mudos, sordos y "patriotas de oficio".
Habrá que estar muy atentos a las "pesquisas" de este cuerpo militar y su forma de "encaminar" sus actuaciones a este respecto, no sea que, de tanto preguntar por "simpatías políticas" se vayan a meter en un charco que haga proliferar más aún las banderas por esas cumbres y medianías. Preguntar por la ideología política de alguien está penado hasta por sus propias leyes, por no hablar de la declaración universal de derechos humanos, civiles y políticos. Y es que, acostumbrados como estamos en este Estado español, a los torrentes y Villarejos, a la peste que dan las cloacas, sólo faltaba ya el seguimiento a ciudadanos, montañeros, senderistas y vecinos por sus ideas.
Alerta a los canarios y canarias, sobre todo jóvenes, que están visitando la cumbre de grancanaria. HAy quien está preguntando, pidiendo documentación, tomando nota de matrículas y dejándose ver con lo más localizado y fachiento de esos pagos. Que torpes, piensan que pueden ponerle un dedo al sol y ocultar su luz.
El dirigente canario y fundador de Drago Canarias acusa al Estado español y a la Unión Europea de mantener a Canarias al margen de las decisiones estratégicas que afectan a su presente y su futuro, y defiende que la soberanía política y económica debe ejercerse desde el Archipiélago.
Una persona mayor, enferma y sin recursos, fue desalojada de su única vivienda —una pequeña embarcación amarrada en el Muelle Deportivo de Las Palmas— sin alternativa habitacional y con un despliegue policial que las organizaciones sociales califican de desproporcionado. La Asociación Derecho al Techo ha dirigido una carta directamente a Beatriz Calzada, presidenta de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas, a quien responsabiliza de un desahucio que deja al descubierto la cara más dura y desalmada de la gestión portuaria.
En teoría, los votos de la "rebeldía canaria" existen, pero podrían quedarse otra vez fuera del Parlamento. La encuesta electoral de finales de noviembre, dibuja un escenario apabullante: mientras Coalición Canaria y el Partido Popular conservan intactos sus apoyos clientelares y Vox duplica su presencia parlamentaria, la izquierda alternativa vuelve a quedar fuera por su capacidad para "ponerse límites". El resultado podría ser un Parlamento donde toda la derecha se hace más fuerte y miles de votos, a la izquierda del PSoe, se quedan sin fuerza y representación.
La organización celebra su I Tagoror Nacional aprobando con amplio respaldo una propuesta política que sitúa la soberanía económica y la regulación de toda la inmigración que llega a Canarias en el centro del debate canario. La nueva dirección, encabezada por Jesús Rodríguez Santana, defiende que sin control sobre la riqueza, el territorio y la población no hay futuro posible para Canarias. Canarias empieza a formular preguntas incómodas. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo hace desde un marco político que no se conforma con gestionar la escasez ni maquillar el deterioro.
Liberación Canaria presentará mañana sábado, en su I° Congreso/Tagoror Nacional, una ponencia de alto voltaje político: propone limitar la residencia, el acceso al mercado laboral y el derecho al voto en Canarias para defender la supervivencia social, económica e identitaria del pueblo canario. El documento, extenso y explícito, pone el foco en la superpoblación, la presión migratoria y el actual encaje jurídico de las islas en España y la Unión Europea.
Y mientras,la policía canaria relegada a tareas menores y de relleno
La organización celebra su I Tagoror Nacional aprobando con amplio respaldo una propuesta política que sitúa la soberanía económica y la regulación de toda la inmigración que llega a Canarias en el centro del debate canario. La nueva dirección, encabezada por Jesús Rodríguez Santana, defiende que sin control sobre la riqueza, el territorio y la población no hay futuro posible para Canarias. Canarias empieza a formular preguntas incómodas. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo hace desde un marco político que no se conforma con gestionar la escasez ni maquillar el deterioro.
430 personas y 28 organizaciones, firman comunicado “Canarias con Venezuela”, tras el bombardeo estadounidense sobre Caracas. Las organizaciones canarias denuncian terrorismo de Estado, secuestro del presidente Nicolás Maduro y exigen pronunciamientos oficiales.
Una persona mayor, enferma y sin recursos, fue desalojada de su única vivienda —una pequeña embarcación amarrada en el Muelle Deportivo de Las Palmas— sin alternativa habitacional y con un despliegue policial que las organizaciones sociales califican de desproporcionado. La Asociación Derecho al Techo ha dirigido una carta directamente a Beatriz Calzada, presidenta de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas, a quien responsabiliza de un desahucio que deja al descubierto la cara más dura y desalmada de la gestión portuaria.
Activistas del colectivo Acción Insumisa prendieron fuego este jueves a un mural de cuatro metros con la imagen de Donald Trump en la trasera de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria. La acción, de carácter simbólico, busca denunciar el imperialismo estadounidense, la sumisión de la Unión Europea y una forma de ejercer el poder basada —según los convocantes— en la intimidación, la violencia y el desprecio del derecho internacional y los pueblos.
El dirigente canario y fundador de Drago Canarias acusa al Estado español y a la Unión Europea de mantener a Canarias al margen de las decisiones estratégicas que afectan a su presente y su futuro, y defiende que la soberanía política y económica debe ejercerse desde el Archipiélago.