Lo que voy a contarles a continuación sucedió este viernes 30 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife, fueron dos situaciones separadas pero relacionadas, que se están dando iguales y al mismo tiempo en toda la geografía del Estado español, y nos sirven por tanto para hacer un buen retrato de lo que está pasando. La primera, por la mañana, en el pleno municipal de la ciudad que es co-capital de Canarias. El Partido Popular trae una moción para condenar la ocupación y endurecer las penas y las políticas que se aplican en España contra este síntoma. Es una moción en cascada que el Partido Popular está presentando en todos los ayuntamientos de España donde tiene representación, para pedir a los consistorios que se sumen a la iniciativa que están siguiendo en Madrid, para no ser menos que Vox, compitiendo a ver quién es más aporofóbico y criminaliza más a los que peor están. Una moción que no responde a la realidad social de lo que ocurre en España, solo responde a las modas y a los intereses partidistas y electorales. La moda sí, y es que hoy en España está de moda ser facha, o liberal, y muy patriota, como en Italia más o menos, y por supuesto contrario a cualquier cosa que digan o hagan el señor Sánchez y sus socios de Unidas-Podemos (aunque a estos últimos, también hay que decirlo, no hay demasiado que aplaudirles). Y bien, subidos a esa moda que da votos, se trae el Partido Popular una moción totalmente injustificada en base a los datos, para aprobarla en la ciudad que tiene a un cuarto de su población bajo el umbral de la pobreza y la vivienda más cara e inasequible, y lo que es peor, al final la aprueban, con algunos cambios y maquillajes mínimos para disimular, gracias a la colaboración y el apoyo inestimable de sus socios de Coalición Canaria con su alcalde Bermúdez a la cabeza. 

Y cuando digo totalmente injustificada en base a los datos es porque los datos no engañan, y según el Instituto Nacional de Estadística se estima que en el país hay tres millones y medio de viviendas vacías, o igual algunas más, y en 2021, según datos del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron en España poco más de 17.000 ocupaciones de vivienda, lo cual representa únicamente el 0,50 % del total de viviendas vacías que hay en España, una cantidad insignificante. Por contra, también por fuentes oficiales se sabe que en torno al 95% de los juicios por usurpación de vivienda en España acaban en el sobreseimiento de la persona encausada por concurrir el eximente de necesidad, esto es, porque quien ocupó la vivienda solo era una familia vulnerable buscando un techo bajo el que cobijarse. Por último, también son conocidas las estadísticas que apuntan a que la mayoría de los casos de ocupación de vivienda que se dan en España y llegan a los juzgados se refieren a ocupaciones de viviendas vacías de fondos buitres y grandes tenedores por parte de familias en estado de vulnerabilidad, a lo cual apunta claramente ese 95% de sobreseimientos, siendo muy minoritaria la figura del ocupante mafioso y violento que ocupa una vivienda de un particular pequeño tenedor. 

En base a los datos pues, en relación con la vivienda en España, lo mayoritario son las viviendas vacías, la especulación, los fondos buitre, los desahucios (a una media de 7-8 al día), el alza sin parar del precio a la vivienda, el encarecimiento del alquiler, el auge del alquiler vacacional y su falta de regulación, la ausencia de una política pública de vivienda efectiva en los últimos 30 años, y entre todo eso muchas familias vulnerables o con pocos ingresos sin un techo donde vivir. Esto es lo mayoritario, esta es la realidad de la vivienda en España, luego si quieren llevar mociones sobre la vivienda a los ayuntamientos... ¡Joder... que versen sobre lo que es mayoritario y generalizado, no sobre lo que es algo muy minoritario y además es mentira y se ha exagerado de manera repugnante por intereses electorales e ideológicos! Pero no es así, no al menos en una de las capitales de las Islas Canarias. Aquí en Santa Cruz de Tenerife el señor Bermúdez y sus socios del Partido Popular han dicho que el problema de la vivienda en España son los ocupas, a los que hay que echar en un plazo de 24 horas de la casa, cuando se sabe que 24 horas no es tiempo suficiente para que actúe ningún Servicio Social ni se eleve informe alguno, y a los que hay que negarles derechos fundamentales institucionalizados en España desde que existe la democracia, como el derecho al padrón municipal, condenándolos a la más absoluta de las miserias. Pues esto, justo esto, fue lo que se votó y aprobó ayer en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para vergüenza de todo su ciudadanos.

Y así, no por casualidad, ese mismo viernes 30 de septiembre unas horas más tarde, a poco más de 500 metros del Ayuntamiento, una madre en situación precaria que vive en condiciones muy malas en los bajos de una escalera transformados en apartamento con contrato de alquiler vaya usted a saber con qué legalidad, y como hace tiempo que no puede pagar porque no tiene apenas ingresos, recibe la visita de una de estas supuestas empresas de paramilitares de ultraderecha que tanto están también de moda hoy en España. Ya pueden imaginar, cuatro armarios empotrados golpeando a la puerta, tan fuerte que se enteró todo el vecindario, para advertirle convenientemente con tarjeta de presentación incluida, que si no se marcha en pocos días pondrán un control de acceso en la entrada, esperarán a que salga, cambiarán la cerradura y le sacarán todas sus cosas para dejarla en la calle. Dicho en términos legales: un posible delito de coacciones, por obligar a la señora a hacer cosas contra su voluntad, mediando además intimidación, violencia y superioridad manifiesta, además de un posible perjuicio futuro. Y lo digo así tan claro porque ya hay jurisprudencia en España, y algún juez a contracorriente ya ha tipificado y sancionado estas conductas matonas como delito de coacciones.  Pues bien, después de unas cuantas llamadas a la Policía para pedirles que se personen en el domicilio para levantar acta de lo que está pasando, tras reiteradas negativas la señora acude a las dependencias policiales a poner la denuncia, mientras activistas sociales hacen guardias en su casa para evitar que los "empresarios" aprovechen su ausencia para cambiarle la cerradura, y para su sorpresa la Policía le dice a la señora que no hay delito alguno hasta que le hayan pegado, cambiado la cerradura o cosas por el estilo, invitándola a marcharse. Y yo me pregunto: ¿acaso está derogado el artículo 11 apartado f) de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ese que dice que las policías están obligadas a prevenir la comisión de actos delictivos? Pues no, no está derogado, pero en Santa Cruz de Tenerife, en Canarias y en España en general los pobres casi siempre son los culpables, por mociones como las que aprobaron este viernes el señor Bermúdez y sus socios de gobierno. Y así, este viernes pasado Santa Cruz de Tenerife se convirtió en el paradigma de este fascismo de nuevo cuño que abunda hoy en España. A todo esto, mientras termino de redactar este artículo intentamos con la señora encontrar un abogado que la pueda ayudar a poner la denuncia, y personas voluntarias se turnan para hacer guardia con ella temiendo que aparezcan los "empresarios". Sobra decir que ella no se niega a marcharse, pero por vías legales y a ser posible donde pueda al menos vivir. Lo que le está pasando y su situación de precariedad mantenida en el tiempo la tienen sumida en un estado depresivo de complicada reversión, de lo que tienen conocimiento también tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno de Canarias. Y,  justo ahora, acabando ya, nos llega a la Acampada Reivindicativa otro caso de un matrimonio de Güimar con un niño pequeño, el lunes tienen el desahucio, están aterrorizados. Y esto es Canarias, un paraíso para algunos, un infierno para muchos más.  

Eloy Cuadra, escritor y activista social.