EL VIEJO CACIQUISMO PALMERO ARRUINA A LOS AGRICULTORES

La Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) de España los incumplimientos de la llamada Ley de Cadena Alimentaria en la comercialización del plátano de Canarias que están provocando “la ruina económica”, y pide por ello una investigación con la que se sancionen las prácticas contrarias a esta normativa.

AICA es un organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, creado para velar por que se cumplan los derechos y obligaciones establecidos en la referida Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

En su escrito, este movimiento del sector agrario que ha organizado manifestaciones y concentraciones de protesta en La Palma, denuncia que “cooperativas de primer y segundo grado así como intermediarias creadas ad hoc como ASPROCAN (Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias), han venido mediatizando el mercado y los ingresos de los agricultores”.

La consecuencia, expone, es que los productores de plátano llevan muchos meses con ingresos muy por debajo del coste de producción, mientras los intermediarios siguen obteniendo beneficios.

Por ello, reclama que AICA lleve a cabo una investigación con la que comprobará que “la actual cadena de valor evidencia las claras asimetrías y una falta de transparencia en la formación de precios del plátano  canario y en prácticas comerciales contrarias a los principios de las normas europeas”.

“Esta grave distorsión no puede admitirse a la luz de la Ley de Cadena Alimentaria”, argumenta el colectivo denunciante, porque se estarían vulnerando los principios de su artículo 4, es decir, “equilibrio y justa reciprocidad entre las partes, libertad de pactos, buena fe, interés mutuo, equitativa distribución de riesgos y responsabilidades cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia en el mercado”.

En los hechos denunciados, la plataforma pone el foco en que mientras los agricultores no han recibido el pago del coste de producción del plátano canario, los consumidores pagan a precios muchos más altos de los habituales.

También comunica a la agencia que “los supuestos controladores de la comercialización deciden no comprar o rechazan nuestros productos llevándonos a realizar pica, término utilizado para tirar a la basura nuestra fruta, no pagándonos los millones de kilos producidos”.

La investigación que solicita este movimiento de agricultores tiene que ver con hechos tipificados como infracciones graves en materia de contratación alimentaria en la citada Ley 16/2021. Concretamente, se trata de la destrucción del valor en la cadena alimentaria (artículo 23.2.f), amenazas o actos de represalia comercial de  la interrupción contra la otra parte de la relación comercial, cuando ésta ejerza sus derechos contractuales o legales (art .23.2.n) y amenazas de interrupción total o parcial del suministro o compra de productos agrícolas o alimentarios en un contrato continuado, ante el ejercicio de los derechos contractuales (art 23.2.n).

Los denunciantes solicitan además “sancionar lo que corresponda a los intervinientes en la cadena de comercialización a fin de conseguir transparencia y equilibrio para los agricultores del plátano de Canarias”.