AYUNTAMIENTOS: ESA FÁBRICA INAGOTABLE DE VIVIDORES

En los veinte años que llevo escribiendo artículos de opinión creo que nunca he puesto la lupa directa sobre los ayuntamientos, los ayuntamientos en general, los de toda Canarias, no uno en concreto, y me parece que ya toca. Toca porque, entre otras razones, como activista social casi siempre han sido los ayuntamientos mi primer contacto con las instituciones a la hora de intentar solucionar un problema particular o social, y, tengo que decirlo, muchas veces han sido un muro o un enemigo, y pocas una puerta o un aliado. Otra razón importante por la que debemos fijarnos en los ayuntamientos es porque suponen el 86 % de los cargos electos que hay en Canarias, a razón de 1.402 (sin contar los cargos de confianza, más de 400 tenían en 2020 según un titular de La Provincia), que es tanto como decir que los ayuntamientos son la política en Canarias, teniendo en cuenta además que de los ayuntamientos salen los líderes políticos que luego serán presidentes de Cabildos, Diputados, Consejeros o presidentes del Gobierno de Canarias. Casos conocidos de políticos insulares, regionales o estatales actuales que empezaron en ayuntamientos los tenemos en el mismísimo Fernando Clavijo, en Ana Oramas, en el portavoz Alfonso Cabello, en Ángel Víctor Torres, en Antonio Morales, en Pedro Martín, en Mariano Hernández Zapata, en Lope Afonso, en Blanca Pérez o en Manuel Domínguez. También empezaron en ayuntamientos otros que luego avanzaron a otros parlamentos, con un historial algo más dudoso, como José Manuel Soria, el de los Papeles de Panamá, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias “El Tito Berni”, Domingo González Arroyo, alias “El Marqués de La Oliva”, Dimas Martín, el de la Operación Unión, residente en la cárcel por temporadas, o el no menos famoso Miguel Zerolo con su Caso Las Teresitas con el que también ha terminado en la cárcel. Por no hablar de otros regidores municipales canarios que destacaron también por estas dudosas prácticas, como Isaac Valencia, José Alberto González Reverón o Isabel Déniz, y lo dejamos aquí para avanzar con el artículo porque saldrían de seguro muchos más. Lo que vengo a sostener en este primer análisis, es que el destino de Canarias, lo que pasa en esta tierra, lo poco bueno y lo mucho malo que padecemos y soportamos en el Archipiélago es sobre todo mérito, responsabilidad y culpa de los políticos y las políticas que se crían, se forman, se juntan, se entrenan y aprenden a hacer política en los ayuntamientos, pues son esas maneras que afianzan en el pueblo las que luego llevan a los Parlamentos de instancias mayores. Cierto, en este punto, algún lector o lectora dirá quizá con razón que el titular de mi artículo es tal vez demasiado agresivo, pues no todos los ediles y alcaldes son unos vividores de lo público. Por supuesto que no, pero para eso está lo de “la excepción que confirma la regla”, y de mi experiencia, mucha o poca, siento decir que son escasos los que pasan de un aprobado raspado, de lo que daremos algunas pruebas a continuación.

Los sueldos. Y lo primero que llama la atención cuando nos acercamos a ver lo que hacen sus señorías municipales, es la abismal diferencia entre el salario medio de un canario (1.644,5 euros al mes) o la renta media disponible de los canarios (poco más de 1.200 euros al mes) y los emolumentos medios de la mayoría de alcaldes y muchos concejales en Canarias. Así, según leemos en un artículo del periódico El Día de mayo de 2023: “Un alcalde de la provincia santacrucera cobra de media más 43.000 euros, una cifra muy alejada de los 21.600 euros anuales que ingresa un trabajador medio”. O lo que es lo mismo, más del doble de lo que cobra un trabajador medio en Canarias, y estamos hablando de la media, porque si nos vamos a lo que cobran determinados ediles municipales la diferencia es mayor. Me he tomado la molestia de ir al Ministerio de Administraciones Públicas a ver un cuadro del año 2023, de donde sorprenden municipios de la provincia de Santa Cruz de Tenerife como Candelaria, La Orotava, La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Los Llanos, La Matanza, Granadilla o Guía de Isora, todos muy por encima de esos 43.000 euros de media. Los de la otra provincia no les van a la zaga, pero no los cito para no alargarme demasiado. Y no es solo que tengan unos sueldos importantes (¿para hacer qué?, esto lo veremos más adelante), es que además tienen una tendencia inusitada a subirse el sueldo en cuanto tienen oportunidad, como muestran varios titulares recientes. El primero de ellos del digital Atlántico Hoy del 6 de julio de 2023: “Subirse el sueldo, primera medida en ocho ayuntamientos canarios (…) Güímar, Candelaria, Tacoronte, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte, Breña Baja, Mogán y Santa María de Guía son algunos de los ayuntamientos cuya primera medida de la legislatura ha sido subir el sueldo de sus alcaldes o ediles.” El segundo titular que traigo, por escandaloso y paradigmático, es el del periódico El Día de fecha 19 de marzo de 2024: “La alcaldesa y el primer teniente de alcalde de Arico se suben el sueldo en 10.000 euros. El salario bruto anual de cada uno es de 52.000 euros.” Sólo dos datos más que considero importantes en este caso: la Alcaldesa de Arico es del PSOE, el Primer Teniente de Alcalde es del Partido Popular, y Arico tiene apenas nueve mil habitantes, con algunos barrios por cierto con el agua cortada. Como suele decirse últimamente, “no hay más preguntas Señoría”, son unos jetas de tomo y lomo.

La vivienda. En todo caso, antes de crucificarlos del todo, vamos a ver a continuación si al menos se ganan los altos sueldos que cobran muchos. En materia de vivienda por ejemplo, el principal problema de Canarias desde hace ya unos años. ¿Qué han hecho? Déjenme decirles: dejación de funciones mayoritaria y casi absoluta. En promoción de vivienda pública municipal en las últimas dos décadas, cero patatero; en coordinación en materia de vivienda con otras administraciones, muy poquita cosa; en adaptación de los planes de ordenación a la realidad actual de falta de vivienda, nada de nada; en regulación del alquiler vacacional, desde principios de 2021 estamos en la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta llevando iniciativas de este tipo recordando a los ayuntamientos y a la FECAM que ya entonces había una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que permitía a los ayuntamientos frenar el desarrollo del alquiler vacacional, nunca hicieron nada; en intentar colaborar y cumplir con lo que les toca en base a la Ley Estatal de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas, igualmente nada de nada, ni un solo Ayuntamiento de los 88 de Canarias la tiene aprobada, y sólo tres la han solicitado; y lo último, lo del anteproyecto de ley que va a regular el vacacional, los ayuntamientos ya se han pronunciado a través de la FECAM contrarios a la norma, la mayoría reacios a fiscalizar o a colaborar en nada. De todo este desastre de dejación de funciones manifiesta, justo es destacar esa excepción que confirma la regla, que no es otra que la alcaldesa de Granadilla Jennifer Miranda, que sí parece trabajar en buena línea por la vivienda en su municipio.
 
La sostenibilidad. Otro problema capital para Canarias, la sobrepoblación y la sobrecarga subsiguiente que soporta el territorio, en recursos básicos como el agua o en la contaminación resultante. ¿Qué han hecho? Y aquí la cosa es si cabe incluso peor, pues no es que haya dejación de funciones, es que han estado trabajando muy arduamente para que la insostenibilidad, la sobrepoblación, la contaminación y el sobreconsumo de recursos vayan en aumento hasta el casi colapso que sufrimos hoy. Muestra de ello, no hay constancia de ayuntamientos que se hayan mostrado partidarios de las reclamaciones justas de los muchos canarios que nos manifestamos el pasado 20 de abril, ningún ayuntamiento apuesta por el control o la reducción del número de turistas, ni por un posible control o límite a la residencia, ni por un límite o moratoria al alquiler vacacional; tampoco han hecho los ayuntamientos su trabajo en materia de aguas residuales, alcantarillado y redes de abastecimiento, lo que vemos en las continuas playas turísticas cerradas por bacterias, basuras, agua fecales y otras porquerías. Hoy mismo leemos un titular de El Diario que avanza en la necesidad de 4.000 millones de euros para poder arreglar los problemas en las infraestructuras hidráulicas. Por no hacer ni aprovecharon buena parte de los fondos europeos Next Generation -se dice que el 50%- que había consignados para las administraciones canarias y que daban preferencia a la sostenibilidad, por falta de gente preparada para desarrollar los proyectos. ¿Dónde han estado los ayuntamientos en todos estos años para advertir tantos problemas y adelantarse? Seguramente andaban la mayoría muy ocupados organizando carnavales, ventorrillos, tenderetes, burger fest, conciertos y los viajes anuales a Fitur a todo tren a costa del contribuyente, y no había tiempo para más.

La pobreza. Tercer asunto no menos importante para Canarias, ese 36% de índice de pobreza que no baja por más que baje el paro y suban el Producto Interior Bruto y los beneficios de las empresas. De los ayuntamientos se ha dicho siempre que son la puerta de entrada de los ciudadanos, y otra vez tengo que decirles, de mi experiencia, en este caso mucha, que las puertas de los ayuntamientos estaban cerradas a cal y canto en muchísimos casos muy graves que llevamos. Muestra de ello el Índice DEC que elabora anualmente la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, Canarias siempre ha figurado a la cola del país, calificados sus Servicios Sociales como irrelevantes, aunque en el del último año han mejorado un poco, pero en cualquier caso no llega ni a los mínimos necesarios. Otra prueba quizá más contundente que ninguna, pregunten por mí o por la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta en los ayuntamientos de Tenerife, enemigos declarados de la mayoría por denunciar una y otra vez sus abandonos. Abandonos en materias como el padrón municipal, y todavía muchos ayuntamientos siguen negando el padrón a tantas familias precarias cuando la ley dice que no pueden negárselo; en ayudas al alquiler no hay o no sirven; en protección a la familia precaria, a menudo la familia acaba con un Expediente de Riesgo que asusta a los padres con la retirada de los menores a un centro, y no vuelven a ir por los Servicios Sociales; en intermediación con bancos, fondos buitres o empresas desokupa, ellos no están para eso; en ayudas alimentarias, siguen siendo cantidades ridículas y en muchos casos todavía con la bolsita humillante de la ONG de turno; en materia de suministro de agua, en muchos casos se lavan las manos porque han privatizado la gestión; y en materia de pobreza energética se encogen de hombros ante el poder de las multinacionales eléctricas. Y esto así a bote pronto, para no extenderme demasiado.
 
Las externalizaciones y las redes clientelares. Pero no en todos los asuntos se muestran los ayuntamientos esquivos o faltos de interés, hay prácticas en las que casi siempre se presentan muy aplicados. Lo de externalizarlo y privatizarlo todo es una de las más extendidas. Cualquier servicio público municipal o trabajo que haya que hacer en el ayuntamiento por mínimo e insignificante que sea puede y debe ser externalizado, subcontratado o derivado a una empresa privada, esa es la norma. En el colmo de la pereza consistorial se sitúan las empresas de consultoría, a través de las que las corporaciones locales encargan a otros, no ya trabajos, obras o servicios técnicos o profesionales especializados, encargan informes, análisis, estudios y estrategias políticas o económicas. En definitiva, encargan a empresas privadas la tarea simple y llana de pensar y decidir lo que es mejor para el municipio, esto es, hacer política. Este sector está tan profesionalizado que hay hasta cuatro grandes multinacionales que acaparan la mayoría de contratos, Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, a las que llaman las Big Four. La pregunta que nos viene irremediable: ¿para qué hacen falta tantos políticos, asesores y cargos de confianza si todo está privatizado ya, hasta la propia política? Otra consecuencia de externalizarlo todo es que se reparte muchísimo dinero público, es decir, se favorece a unas empresas frente a otras, lo cual no es más que reforzar y ampliar las históricas redes clientelares que siempre funcionaron en la política local, y que casi siempre tienen su camino de vuelta hacia los políticos en favores de diverso tipo. Y bueno, si la cosa se complica o canta mucho siempre está el recurso a contratos menores sin publicidad que se pueden otorgar a dedo. Sobre esto último casualmente esta semana hemos conocido de un pleito a propósito de unos carnavales de Santa Cruz de hace unos años. Y creo que ustedes ya van entendiendo y no hace falta contar mucho más, para tener claro por qué los políticos cuidan tanto el asunto de las externalizaciones y las redes clientelares.
 
La propaganda y la publicidad. Una última cuestión en la que los ayuntamientos -los de Canarias y los de toda España- sí ponen mucho interés y presupuesto es la publicidad institucional, esto es, dinero público supuestamente dedicado a pagar a medios de comunicación por campañas, eventos y espacios de publicidad institucional, que al final, no hace falta ser muy listo, sirve para tener a los medios de comunicación beneficiados muy contentos, a los que siempre se les podrá recordar el detalle cuando estén tentados a informar negativamente del Consistorio. Como prueba de esto último otros tantos titulares de prensa, uno del digital Dircomfidencial.com del 30 de enero de 2023: “Elecciones Municipales: los grandes Ayuntamientos dedican 30 M€ al año a la publicidad institucional”, y otro local del Diario de Avisos del 8 de marzo de 2018: “El Ayuntamiento de La Laguna gastó cada día 4.000 euros en publicidad durante 2017″. Sobre el Ayuntamiento de La Laguna tengo que decir por experiencia propia, dado que he pasado buena parte de mi vida de activista trabajando en el área metropolitana de Santa Cruz, que La Laguna ha sido siempre nuestro hueso más duro, resultando muchas veces imposible que nuestras acciones y denuncias relativas al municipio se vieran reflejadas en los medios de comunicación, el motivo ya lo pueden imaginar. Por cierto, fueron alcaldes de La Laguna el actual presidente del Gobierno de Canarias y Ana Oramas, histórica de CC que hasta hace poco era diputada en el Congreso y ahora anda por el Parlamento. Y un último titular, para que vean que esta práctica está bastante extendida y no hay nada contra La Laguna, en El Digital de Canarias del 23 de mayo de 2023: “Podemos Arona revela que el alcalde de Arona aprobó el 14 de marzo campañas de publicidad por 400.000 euros”.
 
De seguro hay bastantes más actuaciones deplorables de los ayuntamientos, y algunas también buenas, pero creo que hay suficiente para afianzar la tesis que pretendía demostrar en este artículo, bastante largo por cierto. Así, una cosa hemos de sacar en clara: si los políticos municipales suponen el 86% de los políticos que hay en Canarias, y son además la cantera de la que se nutren luego los Cabildos, el Parlamento, el Gobierno de Canarias y el Congreso, en la medida en la que no se censura, castiga, reprende o aparta a un político municipal probadamente corrupto, vago, inepto o excesivamente fiestero, y en cambio se los premia con ascensos en el escalafón del partido, estamos llevando y perpetuando esas mismas malas artes a espacios políticos de mayor poder e influencia, insulares, autonómicos, estatales y europeos, y así, Canarias está hoy como está. Sobre esto siempre me acuerdo de una concejala de un ayuntamiento de Tenerife citado ya en el artículo, que una noche de farra sensiblemente afectada, hace más de una década, salió huyendo de la policía dejando su coche en la carretera cuando los agentes le dieron el alto. Casualidad o premio, esa señora es hoy un alto cargo del Gobierno de Canarias, y ha ostentado ya unos cuantos desde ese lamentable incidente, por el que nunca pagó políticamente. Y este es el nivel, queridos lectores y lectoras. ¿Entienden ahora por qué Canarias está como está?
 
Para terminar un último apunte sin el que no estaría completo el artículo: ¿qué pasa con los políticos municipales que nunca tocan gobierno y son solo oposición?, ellos también cuentan, aunque cobren menos. Y de nuevo aquí solo hay contadas excepciones, Corrales en Santa Cruz hace años, Aliotti en Arona hasta hace poco, y no muchos más, el resto, en lugar de hacer una política de oposición combativa, beligerante, pegada a la calle, a los problemas de la gente, a las luchas de los barrios, y trabajar por empoderar a la gente, se han limitado mayoritariamente a hacer políticas de salón, llevando mociones al Pleno para lucimiento personal, la mayoría rechazadas luego por los grupos de gobierno. Luego sí, vuelven todos y todas cuando llegan las elecciones con proclamas muy alternativas y revolucionarias, que pocos se creen ya. Este último párrafo por cierto y por desgracia, también es experiencia personal, no es opinión, y así nos va. Con todo, disculpen las molestias, perdón a los que se hayan podido ofender por lo dicho, no hay nada personal, y gracias por haber leído hasta aquí.