Denuncian "robo institucional" de menores a familias vulnerables en Canarias: "Es un negocio de millones"

Las denuncias sobre la retirada de menores a familias vulnerables en Canarias están ganando fuerza. Diversas organizaciones sociales y abogados alertan sobre un “negocio institucional” que implica la separación de niños de sus madres por motivos económicos, sin que existan causas graves que justifiquen la intervención.

Según los testimonios recopilados, muchas familias pobres que acuden a los servicios sociales para solicitar ayuda terminan enfrentándose a expedientes de riesgo que, en lugar de ofrecer apoyo, acaban convirtiéndose en expedientes de desamparo. Estos procesos, afirman, desembocan en la retirada de los menores y su traslado a centros de acogida, lo que genera, según las denuncias, grandes beneficios económicos para las instituciones que gestionan estos centros.

“El sistema está montado para que haya menores en los centros. Si no hay niños, el sistema no funciona. Se mueven millones de euros en este negocio”, declaró uno de los portavoces de la plataforma que lidera estas denuncias.

CIFRAS ALARMANTES

Actualmente, Canarias cuenta con 8.000 menores tutelados, de los cuales 5.400 son extranjeros no acompañados y 2.600 son canarios con familia. Estos últimos, afirman las fuentes, “no tendrían por qué estar tutelados, ya que tienen padres, madres o familiares que podrían hacerse cargo de ellos”.

La cifra supone el 7,5% del total de menores tutelados en el Estado español (35.000), cuando la población de Canarias apenas representa el 3,5% del total del Estado.

“¿Cómo es posible que haya tantos menores canarios tutelados? Es desproporcionado y refleja que esto es un negocio. Al día, cada menor tutelado cuesta 90 euros, lo que supone un gasto mensual superior a 21 millones de euros solo en Canarias”, denunció la plataforma, citando datos oficiales del Gobierno autonómico.

DRAMAS PERSONALES Y SUICIDIOS

El drama va más allá de las cifras. Las denuncias subrayan que muchas madres, al perder la custodia de sus hijos, terminan en situaciones extremas, algunas incluso quitándose la vida.

“El caso de Raquel, en Gran Canaria, es uno de los más dolorosos. Se suicidó cuando los servicios sociales quisieron quitarle a su hijo. No es un caso aislado. Hay madres que, al perder a sus hijos, no encuentran sentido a seguir viviendo”, relató un testigo.

RESPUESTA POLÍTICA

Las organizaciones han trasladado la situación a la Consejería de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, pero la respuesta ha sido escasa. “Nos han dicho que nos recibirán en enero. Mientras tanto, seguimos viendo cómo separan familias sin justificación suficiente”, criticaron.

“NO SE AYUDA A LAS FAMILIAS, SE LAS ROMPE”

Los denunciantes subrayan que, en lugar de retirar a los menores, el dinero destinado a los centros de acogida debería emplearse en reforzar el apoyo a las familias vulnerables. “Es inhumano que se quite un niño a una madre porque no tiene recursos económicos. Es más barato y más justo ayudar a la familia que desestructurarla”, recalcan.

La plataforma ha pedido que se difundan estas denuncias y que la sociedad canaria tome conciencia de lo que consideran una violación de derechos fundamentales. “Las madres humildes y precarias tienen el mismo derecho que cualquier otra a criar a sus hijos. Basta ya de robar niños en Canarias”, concluyen.