TORTURAS DE LA GUARDIA CIVIL

Un activista lleva a juicio a dos agentes de la Guardia Civil en Canarias por detención ilegal y torturas
Insultos, vejaciones y golpes en la sala de interrogatorios. Estuvo expectorando sangre una semana. Un juicio dirimirá si los agentes le detuvieron de forma ilegal y le torturaron y si él atentó contra la autoridad.
 
Ruymán Rodríguez estaba esperando la guagua cuando un coche se paró delante de él. Dos hombres se bajaron y le dijeron que eran guardias civiles. Ni ellos ni el automóvil llevaban ningún distintivo que lo acreditara. Tampoco se identificaron como tal ante Rodríguez. Les bastaron sus palabras para unos momentos después decirle que no le reconocían en la foto del DNI y que les tendrían que acompañar al cuartelillo de Santa María de Guía de Gran Canaria, la localidad canaria en la que se encontraban. Rodríguez jamás se imaginó que sería objeto de torturas por parte de la Guardia Civil, tal y como denuncia.

 
Este 24 de marzo comienza la vista oral del juicio que enfrenta a este activista y a tres agentes de la Benemérita. Los identificados como R78921H y E21322Q están acusados por un delito de detención ilegal. También E21322Q y K19375N se encuentran acusados como colaboradores necesarios para la comisión del delito de torturas, que habría efectuado el mismo R78921H. La Fiscalía defiende la absolución de los agentes y una pena de 18 meses de prisión para el activista, acusado de un delito de atentado contra la autoridad. La letrada de Rodríguez defiende que los agentes cometieron un delito de torturas, contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, y detención ilegal; por lo que pide siete años y medio de prisión para los tres guardias civiles, condena que aumenta en tres años para R78921H como presunto autor de un delito de lesiones.

Ocurrió el 29 de abril de 2015. Rodríguez salió de la comunidad La Esperanza, donde residía, para ir a su trabajo ataviado con la indumentaria protocolaria. Es auxiliar de enfermería de asistencia a domicilio. "Cuando se bajan me dicen que les resulta altamente sospechoso que alguien con una chaquetilla de sanitario esté en el municipio de Guía. Como al identificarme dicen que no me reconocen en la fotografía, les acompaño al cuartelillo", relata el afectado. Nada más entrar por la puerta de la comandancia y siempre a tenor de lo relatado por Rodríguez, activista en el Sindicato de Inquilinas y de la Federación Anarquista de Gran Canaria (FAGC), un alboroto improvisado desconcierta al, en ese momento, retenido: "Cuando me vieron empezaron a gritar 'ya cayó Ruymán' y cosas por el estilo". 

En la sala de interrogatorios los insultos machistas, homófobos y con un gran componente de odio ideológico, "rojo de mierda", "piojoso", "hipi", no se dejaron esperar. "Me dijeron de todo, por ejemplo que si sabía lo que era Intxaurrondo, que eso iba a ser Intxaurrondo 2 y que me iban a reventar a flexiones", se explaya el activista. Pero hubo un comentario que le llamó especialmente la atención: "Tú, tan anarquista que eres, qué haces en Guía metiéndonos chusma marginal de todos los barrios cuando deberías estar en Las Palmas, quemando contenedores, que es lo que hacen los anarquistas", le dijo uno de los agentes según Rodríguez. Les contestó: "Chusma y gentuza son los poderes políticos y financieros a los que ustedes defienden"

Llega la primera bofetada. Después, dos agente le agarran para facilitar las agresiones. El activista, siempre tal y como él expresa, sufre rodillazos, codazos, tirones de pelo y golpes en la espalda. "Por último, me empiezan a estrangular. Un agente se abalanzó sobre mí y me clavó los pulgares en la tráquea, apretando. Cuando ven que voy a perder el conocimiento, me sueltan y repiten la acción hasta en tres ocasiones. Ahí empiezo a expectorar sangre y me dejan coger algo de aire", en sus propios términos.

Rodríguez utiliza ese descanso de las torturas para pedir el habeas corpus, es decir, la comparecencia ante el juez de forma inmediata, y también reclama atención médica y la asistencia de una abogada de confianza. "También les dije que si me seguían pegando, que fuera en la cara, para poder denunciarlo ante los medios de comunicación al día siguiente", completa al integrante de la FAGC. Según él mismo, su detención comienza "tras la sesión de tortura porque antes, supuestamente, solo estaba detenido". Le hacen fotos y registran sus huellas. Esposado recorre tres centros médicos, hasta terminar en el Hospital Universitario Doctor Negrín, donde le examinan las policontusiones. Ya le habían acusado de un delito de atentado contra la autoridad

El calabozo se convierte en su casa por una noche. Al día siguiente, el juez no ve indicios de delito por su parte y considera que, en cualquier caso, todo se reduciría a una falta por desobediencia. "La Guardia Civil recurrió e insistió en que yo había atentado contra la autoridad. Dicen que durante el interrogatorio di una patada en el muslo a uno de los agentes, que es justamente el que más participó en las torturas, porque no tienen otra forma de justificar mi detención. Tenía una rozadura en el muslo pero ellos mismos aseguraron que eso no le impidió seguir ejerciendo sus funciones y le requirió dos días de curación. Por eso me quieren meter año y medio en la cárcel", ilustra el activista canario, quien asegura que tardó una semana en dejar de escupir sangre y tenía hematomas por todo el cuerpo al salir de la sala de interrogatorios.

Tiempo después, cuando el juez instructor le llama a declarar, le informan de que se deduce testimonio de lo expresado en su escrito de habeas corpus y a los agentes se les imputa un delito por detención ilegal y otro de torturas. "No tengo ningún tipo de confianza en que me absuelvan. La Fiscalía pide la liberación para ellos y 18 meses de prisión para mí. Arguyen que, además de mis partes de lesiones, no puedo aportar documentación gráfica ni testigos que corroboren las torturas en comisaría, como si nos pudiéramos hacer un selfie mientras la Guardia Civil nos estrangula", ironiza el investigado por atentado contra la autoridad. La Benemérita, por su parte, no realiza valoraciones de las actuaciones de sus agentes, "y menos de actuaciones ya judicializadas", han asegurado a Público.

 
"Como en mi habeas corpus relato todo lo que me hicieron, ellos no pueden enterrar ese escrito de una sesión de tortura así como así. Nos sorprendió que se les acusara de detención ilegal y torturas, pero solo es para cubrirse las espaldas y poder decir que es un caso que se ha fiscalizado, estudiado, pero que finalmente archivarán", explica el propio Rodríguez

¿Pero qué pasó para que le identificaran? La respuesta se remonta a 2012, cuando se crea la comunidad La Esperanza a raíz de un acuerdo con una constructora en quiebra para utilizar esas viviendas que se quedarían vacías y que actualmente son propiedad de la Sareb. "Se trata de un proyecto de viviendas autogestionadas que inicia la FAGC. Es el proyecto de autogestión de viviendas más grande del Estado español. Son 76 inmuebles donde reside una familia en cada uno. En total, más de 200 personas, la mayoría de ellas menores de edad", comenta el anarquista.

 
En ellas realojaron a personas de diferente perfil: familias sin ingresos, parados de larga duración, familias monoparentales encabezadas por mujeres, migrantes en situación de total vulnerabilidad, gente con indigencia cronificada y hasta enfermos terminales que no tenían otro sitio donde terminar su vida, parafraseando a Rodríguez.

Así pues, una persona entró en una de las viviendas sin pasar por los protocolos establecidos de acceso, como presentar el certificado del paro, de la Seguridad Social, asegurar que no se poseen otras propiedades y el libro de familia. La comisión de realojos de la comunidad fue a hablar con esta mujer para explicarle los protocolos, pero acabó denunciando por coacciones a seis personas, entre ellas "un tal Ruymán, ya que él ni siquiera fue a verla en ese momento porque estaba trabajando"

Más tarde, la mujer se arrepintió de la denuncia al conocer mejor los protocolos de acceso que tenía la FAGC para acceder a las viviendas, así que la retiró. "A mí me detuvieron tres días después de que la denuncia se retirara. ¿Por qué se identifica a alguien cuando la causa está archivada? Entendemos que eso es una detención ilegal enmarcada dentro de una persecución política y de un alarmante caso de aporofobia por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado", completa Rodríguez.

"Aquí lo que molesta es que los anarquistas no estén creando disturbios sino que ayudan a familias sin recursos, que hagan anarquismo de barrio. En unas mentes tan cerradas como las suyas estos proyectos nuevos les alarman. Piensan que no puede haber movimientos de base —prosigue Rodríguez— y que tiene que haber un líder, por eso creen que si le castigan a él, lo fríen a multas, lo insultan e intimidan, el proyecto se muere, pero eso ni ha pasado ni va a pasar. Hay una decena de comunidades vecinales con estas características en la isla, hemos impulsado el primer Sindicato de Inquilinas del Estado, antes que el de Barcelona y el de Madrid. No nos van a parar", remarca el activista.

Dado que no tiene antecedentes, Rodríguez cuenta con la suspensión de la condena en el caso de que se produjera, pero también sabe lo que eso significa: "Cualquier conflicto parando un desahucio, ayudando a personas a obtener un techo en una vivienda abandonada, reactivaría la causa. Buscan debilitarme; es una forma de muerte civil", en sus propios términos. Preguntado por qué hará en esos dos años, el activista responde firme: "Yo seguiré adelante. No puedo permitir que el miedo nos atenace. Tienen que entender que la represión es inútil y que con ella no se puede sofocar un problema social y económico como el que vivimos en Gran Canaria. Lo que van a conseguir es que cada vez haya más afiliadas en el sindicato y más gente plantándoles cara, porque es lo único que provocan", finaliza el integrante de la FAGC.