EL "GOBIERNO SIN ALMA" SIGUE MECIENDO LA CUNA EN EL PUERTITO Y LOS COLECTIVOS SIGUEN EN PIE DE GUERRA

Anuncian que el próximo lunes presentarán una denuncia colectiva contra la Dirección de Costas por autorizar “de forma excepcional” la ocupación de la franja de protección de dominio público bajo la justificación de “una supuesta conveniencia para el modelo turístico canario”

El Gobierno de la Autonomia permite a Cuna del Alma ocupar la franja de protección de la costa porque le viene bien al turismo.

Los colectivos y particulares que se querellaron contra los promotores de Cuna del Alma y contra el alcalde de Adeje han anunciado que el próximo lunes presentarán una denuncia en vía administrativa contra el Gobierno de Canarias por “su papel activo y determinante en los destrozos medioambientales e históricos irreparables” de este proyecto turístico en el Puertito de Adeje, en el sur de la isla de Tenerife.  

Según informa el colectivo en un comunicado, la denuncia se dirige contra la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo del Gobierno regional por autorizar “de forma excepcional” la ocupación de la franja de protección del dominio público marítimo-terrestre para “usos turísticos privados de lujo”, bajo la justificación de “una supuesta conveniencia para el modelo turístico canario”. 

Para los colectivos y particulares firmantes (Tagoror Permanente Rotativo, Rebelión Científica Canarias, Juan Francisco Galindo, La Gaveta 20A y la Asamblea Reivindicativa Canaria-ARCAN), esta decisión convierte al Gobierno de Canarias en “cómplice necesario de la destrucción ambiental, litoral y patrimonial que se está produciendo en Adeje”. 
Los denunciantes recuerdan que la ocupación de la franja de protección del litoral es una medida “excepcionalísima”, según la normativa de Costas, que sólo puede justificarse “cuando existe un interés público prevalente real, motivado y acreditado”. 

En este caso, señalan los colectivos, se autoriza “para instalaciones privadas de alto standing (piscina y restaurante)”, en uno de los municipios “más saturados turística y urbanísticamente de Canarias”, con los precios de vivienda “más altos del Archipiélago” y un litoral “ya profundamente artificializado y colmatado”. 

“Lejos de responder al interés general, esta autorización empeora los desequilibrios territoriales, sociales y ambientales existentes, profundizando un modelo turístico depredador ampliamente cuestionado por la ciudadanía canaria”, añaden. 

A juicio de los denunciantes, con esas autorizaciones parciales el Gobierno de Canarias está ofreciendo al juzgado de Arona “una coartada mínima para el archivo inicial de una denuncia penal por posibles delitos medioambientales y urbanísticos muy graves”. “Una denuncia que llevan adelante colectivos sociales y ecologistas en defensa de Canarias, a los que el Gobierno de Canarias cobardemente boicotea y traiciona”, añaden.  

Al igual que los denunciantes, la Fiscalía también ha recurrido el auto que archivó en apenas cuatro folios la causa penal que investigaba desde este noviembre si cargos públicos, técnicos y promotores de Cuna del Alma habían cometido delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, falsedad documental y prevaricación, entre otras cosas, en la tramitación de la polémica iniciativa.  

La denuncia colectiva se presentará el próximo lunes ante la Consejería de Obras Públicas,Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, de la que depende directamente la Dirección General de Costas. También se trasladará a la Agencia de Protección del Medio Natural del Gobierno de Canarias, “con competencias para paralizar la obra”; al Cabildo de Tenerife, “por estar siendo afectado el espacio de especial protección de La Atalaya”; al Parlamento de Canarias, para que los diputados “ejerzan acciones de control al Gobierno”, y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), “al afectar directamente a la aplicación de la normativa básica estatal de Costas que no se está cumpliendo”.

Los colectivos firmantes exigen la revisión inmediata de la autorización concedida, la adopción de medidas cautelares que paralicen las afecciones al litoral y al patrimonio y la depuración de responsabilidades administrativas.