Nueva Canarias declara tránsfugas a 22 cargos públicos y pide que pierdan la adscripción institucional

La coalición electoral Nueva Canarias–Frente Amplio Canarista (NC-FAC) ha declarado tránsfugas a 22 cargos públicos que abandonaron el partido que los promovió en las elecciones sin renunciar a sus actas y pedirá formalmente a las instituciones afectadas que pasen a la condición de no adscritos, con los efectos legales y económicos que establece la normativa vigente.

La decisión fue adoptada por unanimidad —y con mayoría absoluta— en la reunión del Consejo Político Nacional celebrada el pasado 22 de diciembre de 2025, después de analizar el acuerdo remitido por la Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias–Bloque Canarista (NC-bc), formación integrante de la coalición. En ese documento, fechado el 27 de septiembre, NC-bc calificaba como tránsfugas a los cargos electos que habían causado baja voluntaria en el partido.

Los afectados son concejales de los ayuntamientos de San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía, Ingenio, La Aldea, Teror, Las Palmas de Gran Canaria, Moya y Arucas, así como un consejero del Cabildo de Gran Canaria, todos ellos elegidos en candidaturas promovidas por NC-bc dentro de la coalición NC-FAC.

El Consejo Político Nacional dio también por acreditado, a través de un escrito formal del propio partido, que los 22 cargos abandonaron voluntariamente la afiliación. Al no haber renunciado a sus actas, la coalición entiende que su conducta encaja plenamente en la definición de transfuguismo recogida en el Pacto Antitransfuguismo, que considera tránsfuga a quien traiciona al sujeto político que lo presentó a las elecciones, incluso cuando se trata de candidaturas en coalición.

En su acuerdo, el órgano nacional de NC-FAC subraya que este tipo de actuaciones quiebran la voluntad expresada en las urnas, al alterar la representación política surgida de los comicios sin devolver el acta a la organización que impulsó la candidatura. Por ese motivo, la coalición se dirigirá a los plenos municipales y al Cabildo para que los cargos afectados pierdan la adscripción a sus grupos políticos y pasen a integrarse como no adscritos.

El secretario de Organización y portavoz de la coalición, Carmelo Ramírez Marrero, defendió que la decisión no es un gesto interno, sino una aplicación estricta de las reglas democráticas aceptadas por todas las fuerzas políticas para frenar el transfuguismo. “No se trata de un conflicto orgánico, sino de respetar el mandato del electorado”, vienen a sostener desde la dirección de la coalición.

El acuerdo marca un nuevo capítulo en la crisis abierta en el espacio canarista y traslada ahora la responsabilidad a las instituciones locales e insulares, que deberán ejecutar la declaración de no adscripción. Un paso con consecuencias prácticas inmediatas, pero también con una carga política evidente: las actas no son patrimonio personal, sino el resultado de una candidatura y de un proyecto político concreto.