SANIDAD CANARIA: LA CUEVA DE ALI BABÁ

A Ángel Víctor Torres le puede pasar algo parecido a lo de Maxim Huertas, aquel ministro de Pedro Dánchez que tuvo que dimitir a poco de tomar posesión por un "asuntillo". Les contamos.

Juró y perjuró Torres cuando el "tranque" de los 4 millones en Mascarillas defectuosas o que nunca llegaron, que "él no sabía nada" y que "ponía la mano en el fuego" por Conrado Domínguez. Más tarde, a D. Ángel Víctor, se le acrecienta el "síndrome ni idea de la Infanta Borbón" y repite tampoco saber nada de las andanzas de Tito Berni, el Mediador y Conrado Domínguez, en despachos de Sanidad y búrdeles de Madrid. Ahora, cuando la ex interventora se " descuelga" con otros 2 millones de euros gastados alegremente en pagos aún más alegres, pero irregulares,ya no puede valer ser gafe y además tolete. Ya no vale que, gente bajo la responsabilidad política del hoy ministro,  hayan manejado "torticeramente" más de 6 millones de euros y su excmo Sr nos salga Poncio Pilatos.

Entre las ilegalidades más llamativas destaca el pago de 1,7 millones a cargos directivos por realizar guardias entre 2019 y 2022. El personal directivo sólo puede prestar estos servicios en situaciones excepcionales y por necesidades asistenciales. Y ese extremo NO se justifica.

De especial gravedad, como destaca la interventora, es la situación del Hospital Doctor Negrín, en Gran Canaria. Allí, TODOS los directivos realizaron guardias en 2022 sin que se justificase su urgencia. Casi la mitad del gasto irregular en este sentido procede del Negrín.

También cuestiona la Intervención los pagos al personal directivo del SCS por su participación en programas especiales. El personal directivo está excluido expresamente de estas retribuciones, pero entre 2019 y 2022 recibieron más de 280.000 euros por esta vía.

La situación es de tal gravedad que la interventora concluye en su informe la necesidad de abrir expedientes para que los directivos REINTEGREN las cuantías percibidas sin que se hayan acreditado la totalidad de los requisitos legales y se exija su responsabilidad contable.

También detecta otras irregularidades, como la promoción interna de personal que, pese a ser temporal, acaba siendo permanente (algunos por más de 30 años) o deficiencias en la gestión de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Advertencias ignoradas por el SCS.

Cabría preguntarse por qué la interventora general ha esperado a ser ex para sacar esto a la luz o por qué, si tenía datos de 2019, 2020 y 2022, no cumplió con su deber de comunicar esto entonces. Cabría preguntarse, si lo hizo, porqué el consejero socialista no lo paró y si lo comunicó a su presidente. Cabría preguntarse porqué el consejero no cesó a los responsables, pero también porqué cuando la Consejería Ali Babá empezó a "supurar" una infección de irregularidades desatada, no se actuó con más celo generalizado. ¿Porqué el Presidente que "no sabía nada" no hizo por "saber más"?.

Habría que plantearse porqué una cargo de tanta responsabilidad, no se dirigió a la justicia entonces o porqué los medios de comunicación no han dicho nada, tanto que dicen saber de otras cosas 

El Sr Ministro hoy, encargado de la Memoria Democrática, va a tener que tirar de su propia memoria. Si lo hace y tampoco sabía nada de nada, a pesar de que 6 millones de euros o más ya no son ninguna minucia, habrá que su desmemoria está a la misma altura que su caradura. Seis millones de euros son muchos, muchos recursos, muchas cosas raras y si lo dice una interventora no es cosa menor.

¿Para cuando dimitir antes o ahora es un verbo que no se conjuga en esta cueva de ladrones llamada España?