Porque somos islas, hay que controlar toda masificación

La realidad migratoria en Canarias lleva años siendo una papa caliente que pasa de mano en mano sin que nadie la sostenga de verdad. Mientras las cifras de llegadas se disparan y los recursos escasean, desde la política nacional e internacional, tanto en Madrid como en Bruselas, el apoyo no llega. Cada nueva noticia de embarcaciones con personas exhaustas que arriban a nuestras costas se recibe con una mezcla de preocupación y frustración. Se asume un deber moral y legal de ofrecer auxilio, sí, pero Canarias está ya más que sobrecargada y hace tiempo que sus recursos y su población no dan abasto.

Esta crisis humanitaria, que necesita de una coordinación efectiva y de recursos suficientes, es enfrentada en solitario por los canarios, mientras ven cómo el Estado y la Unión Europea se lavan las manos. La situación, que necesita respuestas profundas y un enfoque integral, es instrumentalizada en Madrid, donde los grandes partidos aprovechan la situación para atacar o desviar la atención, pero sin ofrecer soluciones reales. La derecha y la ultraderecha hablan de la necesidad de "mano dura", de la defensa de la "seguridad", mientras la izquierda señala al Partido Popular y elude su responsabilidad con excusas ya conocidas. Así, mientras unos y otros miran para otro lado, el peso real sigue recayendo en la ciudadanía canaria.

En medio de este panorama, el presidente Fernando Clavijo parece intentar un golpe de timón que podría interpretarse como una "deportación encubierta", un eufemismo inquietante que deja ver su frustración. Clavijo, que a menudo se siente ninguneado y opacado, lanza estas ideas con la esperanza de ser tomado en serio, aunque las soluciones que plantea no alcanzan a atacar la raíz del problema. Al mismo tiempo, las tensiones se alimentan y el malestar crece, dejando el terreno abonado para que la ultraderecha tome las calles y gane adeptos en un clima de inseguridad y desesperanza.

Sin embargo, el problema de Canarias no se limita a la migración irregular de quienes, en condiciones de miseria y riesgo extremo, llegan en embarcaciones precarias desde el cercano continente africano. Existe un flujo constante de migración interna y europea que también afecta a las islas, y que a menudo se ignora o se disfraza bajo un halo de "cosmopolitismo". Cada año, decenas de miles de personas del Estado español y de la Unión Europea se instalan en Canarias, atraídas por el clima y las oportunidades, sin considerar que su impacto sobre el ecosistema y los recursos sociales y culturales de las islas es igualmente devastador. Estas personas no llegan huyendo de la miseria, sino buscando comodidad en un lugar que, paradójicamente, no puede sostener ni a su propia población.

A esto se suma un turismo masivo que no hace más que intensificar esta situación. En 2023, por ejemplo, Canarias recibió más de 16 millones de turistas en un solo año, una cifra absolutamente insostenible para un archipiélago de dimensiones limitadas y recursos frágiles. Los efectos de este turismo no se ven solo en la sobrecarga de servicios e infraestructuras, sino también en el medio ambiente y en la calidad de vida de los residentes. Mientras tanto, los beneficios económicos de este turismo de masas apenas quedan en las islas, dejando migajas que no alcanzan para compensar los daños.

Resulta paradójico que, mientras algunos sectores llaman a limitar el turismo, muchos no quieran oír hablar de poner un freno a la migración en sus distintas formas. La posición de quienes sugieren que Canarias debe establecer límites realistas al flujo migratorio y al turismo se vuelve cada vez menos radical y más urgente. No se trata de levantar muros, sino de reconocer las limitaciones de un territorio frágil que, además, enfrenta desigualdades internas y un abandono histórico por parte del Estado.

La respuesta institucional a estos desafíos debe trascender el corto plazo y las políticas de gestos. Canarias no puede seguir soportando la presión migratoria y el turismo masivo sin un plan concertado que ponga en primer lugar el bienestar de su población y la preservación de su identidad y recursos. Existen múltiples razones para repensar esta estrategia, que va desde la protección del medio ambiente hasta la calidad de vida de los isleños, y no se pueden ignorar por más tiempo.

Canarias necesita una política migratoria y turística responsable que entienda y respete sus límites. No se trata de cerrarse al mundo, sino de establecer un equilibrio entre la acogida humanitaria, el control poblacional y el respeto por un entorno que no puede seguir siendo sobreexplotado. Que la responsabilidad no recaiga solo en los canarios: Madrid, Bruselas, y la Unión Europea deben asumir su parte, entender que la carga de la frontera no puede recaer sobre quienes ya cargan con el peso de un archipiélago exhausto.