Anselmo Pestana: El delegado que fue tránsfuga, convirtió Arguineguín en campo de concentración y la protesta en un crimen

Hay políticos que entienden el cargo como un servicio público. Y luego está Anselmo Pestana, Delegado del Gobierno en Canarias, que parece entenderlo como un puesto desde el que blindar teatros, desalojar gradas y reprimir cualquier atisbo de disidencia. Si algo ha quedado claro durante su mandato es que la protesta le incomoda y la solidaridad, si no es la suya, también.

Pestana no es nuevo en estas jugadas. Su llegada al Cabildo de La Palma fue un ejercicio de transfuguismo con guante de seda. Firmó un pacto con el Partido Popular mientras seguía luciendo las siglas del PSOE. ¿El resultado? Permanecer en el poder a costa de traicionar el voto progresista que lo llevó hasta allí.

Pero lo de La Palma es casi anecdótico comparado con lo que ha hecho desde que dirige la Delegación del Gobierno en Canarias. Su legado quedará grabado en la historia del muelle de Arguineguín, convertido durante semanas en un campo de concentración al aire libre. Más de 2.000 migrantes durmieron allí hacinados, sin agua, sin duchas y sin respuestas. Las ONG y la prensa internacional lo denunciaron con dureza. ¿Y Pestana? Ruedas de prensa vacías, excusas de manual y ninguna solución.

Si el muelle de Arguineguín fue una vergüenza internacional, la represión interna ha sido su sello en casa. La protesta ciudadana se ha convertido en un blanco fijo para su gestión. El 30 de mayo, Día de Canarias, ordenó vallar el Teatro Pérez Galdós para evitar que el Movimiento 20 de Abril se manifestara. Antidisturbios frente a banderas y pancartas. Todo bien atado.

El Estadio de Gran Canaria tampoco ha sido ajeno a sus despliegues autoritarios. Pestana ya prohibió que los aficionados de la UD Las Palmas portaran la bandera canaria, como si la tricolor con siete estrellas fuera un peligro. Pero lo de ayer superó cualquier guion de represión absurda.

Nueve activistas fueron desalojados de la grada por portar banderas palestinas. Sí, la misma bandera de un Estado que el Gobierno español reconoció oficialmente el 28 de mayo. Mientras en Moncloa ondeaba la solidaridad con Palestina, en Gran Canaria ondeaban las órdenes de Pestana: expulsión inmediata.

Las imágenes de policías sacando a los activistas por mostrar la bandera palestina han encendido las redes sociales. Y con razón. ¿Qué clase de delirio político lleva a expulsar de un estadio a alguien por mostrar el símbolo de un Estado que España apoya y reconoce? ¿Desde cuándo la solidaridad es un crimen?

No se trata de un error de interpretación. Fue una decisión política, una de esas que huelen a censura de manual. Pestana ha demostrado que, aunque España reconozca a Palestina, en Canarias la policía que dirige no acepta banderas que incomoden. ¿Es más peligroso agitar una bandera palestina que permitir los insultos racistas que tantas veces se escuchan impunemente en los estadios?

Pero esto no se queda en el fútbol. La Isleta también ha sentido la mano dura de Pestana. A los colectivos vecinales que usaban instalaciones cedidas se les expulsó de sus espacios para transformarlos en un centro de internamiento de migrantes. Ni consulta, ni explicaciones. Primero la represión, luego (quizás) la disculpa.

El historial de Pestana no es el de un político con vocación de servicio, sino el de un delegado dispuesto a usar las Fuerzas de Seguridad para sofocar cualquier manifestación incómoda. Las multas a activistas ecologistas, la persecución a movimientos sociales y el abuso de la Ley Mordaza han sido su respuesta habitual ante cualquier forma de disidencia.

El balance es tan claro como demoledor. Pestana pasará a la historia como el delegado que convirtió las gradas en territorio prohibido y las pancartas en delito. Un político que ve en cada bandera un enemigo y en cada protesta una amenaza. Y mientras tanto, sigue aferrado al cargo, como si nada de esto fuera con él.