AMEDRENTAR A LA DISIDENCIA CANARIA: MULTAS Y SANCIONES COMO MORDAZA

El movimiento social ‘Canarias tiene un límite’ ha denunciado públicamente lo que consideran una campaña de persecución y criminalización contra su labor en defensa del territorio, el derecho a la vivienda y la calidad de vida en las Islas Canarias. Aseguran que las instituciones han sustituido el diálogo por estrategias de represión, usando multas y sanciones para acallar la protesta social.

En un comunicado, el colectivo alerta sobre el creciente uso de sanciones económicas como herramienta para deslegitimar y disuadir la movilización ciudadana. El caso más reciente es la sanción impuesta tras la manifestación del 20 de octubre de 2024 en Gran Canaria, donde la Delegación del Gobierno les acusa de intentar acceder a dos hoteles, una acusación que rechazan tajantemente.

Según el movimiento, la denuncia presenta irregularidades evidentes, como la mención de incidentes ocurridos a las 16:30 horas, cuando la marcha había concluido media hora antes. Además, aseguran que la persona señalada como responsable de los hechos se limitó a gestionar los permisos de la movilización, sin haber cometido infracción alguna. ‘Canarias tiene un límite’ afirma contar con vídeos y testimonios que demuestran que sus organizadores instaron en todo momento a los manifestantes a seguir la marcha y evitar conflictos con las fuerzas de seguridad.

En Tenerife, tras la misma protesta, el movimiento recibió una sanción de 100 euros por una supuesta desviación de manifestantes del recorrido permitido, acusación que también desmienten. Además, en Gran Canaria, tres activistas fueron multados con 600 euros cada uno por participar en una acción simbólica y pacífica en el Ayuntamiento de Agüimes en junio pasado.

Hasta la fecha, las sanciones impuestas al colectivo ya superan los 3.500 euros, una cifra que no incluye las multas a otros movimientos ecologistas y sociales en Canarias, como las relacionadas con las protestas contra el proyecto Cuna del Alma o el hotel de La Tejita.

Para ‘Canarias tiene un límite’, estas medidas represivas demuestran una estrategia sistemática de criminalización contra quienes denuncian políticas que favorecen la especulación inmobiliaria, el turismo masivo y la degradación del territorio. "Nos están sancionando por defender el derecho a una vivienda digna, el respeto al medioambiente y la protección de nuestras islas. Si protestar es un delito, entonces están criminalizando a gran parte de la sociedad canaria", aseguran.

El colectivo denuncia la falta de voluntad política para establecer diálogos y consensos, optando en su lugar por la represión y el castigo económico. Exigen un cambio en la actitud de las administraciones públicas y advierten que estas sanciones no lograrán frenar su lucha por un modelo de desarrollo sostenible y justo para Canarias.