TUTELAS DE MENORES QUE MATAN

María Belén se llamaba la educadora fallecida en Badajoz, es la noticia triste de esta semana, al parecer unos menores tutelados con medidas judiciales acabaron con su vida. La educadora era inocente, su único pecado fue ser el último eslabón de un sistema corrupto que no mejora, ni ayuda, ni hace básicamente nada por el bien de los menores que dicen cuidar. Mucho se va a hablar de este caso en los medios en estos días, como se habló también bastante el mes pasado de la sobrina de Isabel Pantoja y de su bebé ingresada con traumatismo craneoencefálico. 

Desgraciadamente no son la educadora y la niña de la pantojita las únicas víctimas de esto, hay más personas muertas por la acción corrupta y descontrolada de las tutelas, y son muchos, son muchísimos los menores tutelados que sufren en España, pero claro, de estos asuntos solo se habla en los medios cuando cumplen determinados requisitos, muy concretos. Imagino que muchos ya se han dado cuenta de cómo va la cosa, porque siempre es igual: cuando en el asunto luctuoso no parece que haya responsabilidad directa de las administraciones y por extensión del sistema, pudiendo presentarlo como una cuestión puntual de alguien que perdió la cabeza, una oveja negra, adolescentes descarriados, manzanas podridas, o como en el caso de la sobrina de la Pantoja alguien famoso, ahí sí van los medios de comunicación en tromba a llenar titulares e informar sin parar; en el resto en cambio, en todos los demás casos, de familias humildes o no famosas, cuando la mala gestión, la corrupción o la mala praxis de las administraciones tienen directamente que ver con la muerte o con el daño, aquí ya silencio total, no vaya a ser que los españoles se den cuenta que las tutelas de menores en España es un sistema corrupto y viciado desde el inicio hasta el final. Y bien, de esto otro de lo que nunca se habla, es de lo que voy a hablar en las líneas que siguen hasta el final del artículo.

Raquel también era inocente, así se llamaba la joven madre de Las Palmas que hace años participó en un programa de la Televisión Pública Canaria, uno de esos en los que obligan a la gente a llorar para dar pena y tener más audiencia. Solicitaba una ayuda públicamente para poder tirar adelante y aquello no gustó a los servicios sociales del Ayuntamiento que empezaron a acecharla. Y tanto la acecharon que cuando sintió que iban a tutelar a sus hijos, incapaz de soportarlo se lanzó desde un edificio alto y se quitó la vida. Raquel era una buena madre, su único pecado fue ser joven, precaria e inocente, murió por ello. 

Cándido, un abuelo tinerfeño joven, solo 63 años, también era inocente, falleció el pasado 6 de marzo. Aquejado de problemas cardíacos, agravados considerablemente desde que hace un año los del Gobierno decidieron tutelar a sus nietos, tras una reciente recaída no quiso luchar más y se dejó morir. Cuentan en su familia que casi lo último que dijo fue: "me han quitado lo que más quería, se llevaron a mis nietos, ya no quiero vivir más". ¿Cuánto dolor debió albergar este hombre para no querer luchar más? Su único pecado fue no entender y ser incapaz de soportar tanta injusticia y tanto abuso, al ver cómo se llevaban a sus nietos pese a que los niños tienen una madre y un padre que los quieren, y tenían abuelo y abuela con casa y recursos suficientes. 

El mes pasado Margarita López, la abogada que tan bien asiste en toda España a tantas familias con menores tutelados, me contaba que tuvo que ir hasta el Tribunal Constitucional para conseguir que la administración devolviera a unos menores con sus abuelos, pero claro, su madre se había suicidado antes. Esa madre también era inocente, y esos niños ya no la tendrán nunca más.    

Y entre las madres a las que asistimos en Tenerife por la retirada de sus hijos, una de ellas también intentó suicidarse hace unos meses, y muchas lo piensan y hasta lo dicen, en momentos de dolor excesivo. De todo esto, como ya saben, nada se informa. Los medios públicos, los generalistas, la mayoría, parece que tienen orden de callar este escándalo a toda costa. Nadie puede saber que nuestro sistema de tutelas mata, y mata mucho más que la vida de algunas personas, porque también mata la inocencia de los niños, y la posibilidad de que crezcan con un círculo afectivo real, mata el sentido de la palabra justicia, aplastada por la impunidad, el negocio y el abuso de poder. Y esto lo digo con la seguridad que me da llevar años con esto, y de manera especialmente intensa en los últimos meses, por los motivos que relato a continuación.

Para empezar el sistema de tutelas está viciado desde la raíz, cuando la Ley de Protección del Menor establece que cuando se observa un riesgo determinado en un menor, las administraciones deben volcarse completamente con esa familia para eliminar el riesgo, ya sea con ayudas sociales, con ayudas de vivienda, con ayudas de alimentos, con acompañamiento, con asesoramiento o con lo que sea, para que el menor pueda seguir viviendo con su familia. Lo que sucede es justo lo contrario, cuando la administración observa un riesgo comienza el acecho, los exámenes, el escrutinio, la búsqueda de más fallos, incluso cuando no parece haberlos, y en la mayoría de los casos el menor acaba siendo retirado a la familia con poca o ninguna ayuda, cero derecho a la defensa y casi ninguna información previa. 

Directamente relacionado con este excesivo interés de las administraciones por retirar menores están las abultadas cantidades de dinero que se mueven en este negocio, 68.000 euros de entrada por cada menor tutelado al año, una cifra que puede aumentar si el menor padece alguna discapacidad o deficiencia. Este dinero que viene la mayoría de Europa va a parar al Estado y del Estado a las Comunidades Autónomas, para ser repartido luego por éstas con ninguna transparencia entre otras entidades locales, insulares o provinciales, y también a empresas, ONGs, centros de menores, profesionales, psicólogos y demás personal. En Canarias el último dato que tenemos, facilitado por los propios técnicos de la Dirección General del Menor que dicen estar desbordados, son unos 12.000 menores tutelados en sus diferentes modalidades (incluídos los casi 6.000 extranjeros). Si multiplicamos los 12.000 menores de Canarias por los 68.000 euros que cuesta de mínimo cada menor, nos salen 816 millones de euros al año. ¿Imaginan cuánta gente hay viviendo de este dinero? Y así, cuando hay tanto capital en juego, el sistema se vuelve una industria más y los menores la mercancía, y del mismo modo que los que viven del sector turístico necesitan turistas, el sistema de tutelas necesita menores a los que tutelar. En el total de España se habla de que pueden ser más de 60.000 los menores tutelados. 

El círculo de la impunidad se cierra, o mejor será decir se cerró, cuando en 2015 se modificó la Ley del Menor en España y dejaron de ser necesarios los jueces para retirar menores a sus familias, bastando con los informes de los servicios sociales y lo que arreglen los técnicos de las administraciones. Y así es aunque no lo crean: los jueces sólo intervienen a posteriori, cuando la familia después del shock de ver cómo le quitan a su hijo, si tienen bastante dinero y logran encontrar un abogado que sepa, acuden al juzgado a intentar darle la vuelta a la cuestión y demostrar que fue una injusticia. Pero como el objetivo es que los menores permanezcan tutelados a perpetuidad para que el dinero siga fluyendo, en muchas ocasiones cuando algún juez da la razón a la familia las administraciones rebaten a los jueces con nuevos y continuos informes que no recomiendan que el menor vuelva con su familia, con mil argumentos de lo más más clasistas y peregrinos. Y a todas estas dificultades hay que sumarle una más, y es que la ley en España sólo les da a las familias un plazo de dos años para demostrar que son dignos de recuperar a sus hijos, una vez pasados estos dos años (En Cataluña sólo es uno) ya no hay posibilidad de recuperarlos, y los menores quedan condenados a permanecer en los centros hasta los 18 años, ya tengan la edad que tengan. El último dato de que disponemos del Ministerio apunta a que únicamente el 15% de los menores tutelados que entran a un centro vuelven con su familias. 

Tras todo esto vendría ahora la parte en la que digo, como en el monólogo final del replicante de la magistral película Blade Runner,  que he visto cosas que vosotros no creeríais, pero mejor será dejarlo para futuras entregas. Los que me conocen saben de mi larga trayectoria, y que no me meto en una lucha sin verla justa y documentarme suficientemente antes. En resumen, lo que sufran las madres y los padres no importa, lo que sufran, se malogren o traumaticen los niños no importa, cómo estén en los centros los menores tampoco importa, lo que importa es que haya niños tutelados, muchos niños, por el interés. Sí, por el interés, a secas. Con todo, podemos abordar el problema desde la raíz y apuntar al sistema entero, en base a lo que he expuesto aquí, o podemos criminalizar a los menores al calor de la muerte de María Belén, como malos malísimos, y construir cárceles de máxima seguridad para encerrarlos, como llevan décadas criminalizando a las madres como malas madres. Algunos activistas luchamos por lo primero, toca al resto de la sociedad, a los medios y a la clase política decidir qué quieren hacer.