Canarias será el lugar donde mayor número de "centros" se construyan. Será con fondos europeos y estarían terminados en los primeros meses de 2024. El número de plazas de estas nuevas instalaciones, a tenor de que sólo en los últimos 3 meses ya han llegado 14.000 migrantes en cayucos, son desde ya insuficientes. Sólo dos de los nuevos centros serán construidos en España y es más que manifiesta la actitud insolidaria y racista de no pocas comunides autónomas y ciudades españolas que ya han manifestado su negativa. Mientras todo esto ocurre el Presidente de Canarias "implora" al rey que intervenga y el gobierno español ni se le pone al teléfono.
CANARIAS18/09/2023
Semanario LA RAÍZ
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones sigue buscando ubicaciones para construir los nuevos centros para refugiados, siete de ellos en Canarias, con los que quiere ampliar en 5.700 las plazas propias de acogida después de haberse topado con las reticencias de algunos gobiernos municipales y autonómicos.
Con la construcción de nuevos centros o la adaptación de instalaciones ya existentes, el proyecto, financiado con 231 millones procedentes de los fondos europeos Next Generation EU, busca reforzar el sistema español de acogida de atención humanitaria y de protección internacional y ampliar las 400 plazas gestionadas hasta ahora por la propia administración entre finales de 2024 y principios de 2025.
El departamento de José Luis Escrivá tiene previsto poner en marcha entre 17 y 20 dispositivos con centros de primeras llegadas (CPLL), siete en Canarias y dos en la península, y centros de acogida de protección internacional (CAPI).
Desde que en octubre del año pasado se anunciara el proyecto, el ministro ha estado viajando y firmando protocolos con las ciudades y municipios donde se van a crear o adaptar instalaciones, de modo que ya está comprometida la construcción de siete centros para refugiados: en Mérida (Badajoz), Soria, Villablino (León), Azuqueca de Henares (Guadalajara), Tárrega (Lleida), Castro de Rei (Lugo) y Vitoria; y uno de primeras llegadas en Alcoleja (Alicante).
Con los ayuntamientos de Logroño y Valladolid y con el Gobierno de Cantabria se habían alcanzado también compromisos de apertura de centros de acogida, si bien, con el nuevo mapa que salió de las urnas el 28M, estas tres nuevas corporaciones, en manos del PP, han paralizado los acuerdos pactados por los anteriores equipos.
En concreto, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha rechazado abrir un dispositivo en las instalaciones del psiquiátrico de Parayas (Camargo) porque prefiere destinarlo a la atención de mayores y dependientes, en tanto que el Ayuntamiento de Logroño está pendiente de reunirse con Migraciones este mes de septiembre tras rehusar su alcalde, Conrado Escobar, la construcción del nuevo centro.
En Valladolid, donde el anterior equipo municipal -liderado por el socialista Óscar Puente- acordó la cesión gratuita de una parcela, se necesita un acuerdo del pleno para ratificar la cesión definitiva.
Desde Inclusión recuerdan que España tiene que cumplir con las actuaciones comprometidas en el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para reforzar el sistema de acogida en España con 5.700 nuevas plazas a través de la construcción o de la adaptación de instalaciones para la atención humanitaria de refugiados porque esos fondos son “finalistas y no pueden destinarse a otro fin”.
Por ello, y ante la posibilidad de que finalmente estas administraciones decidan no seguir adelante con los proyectos, el Ministerio continúa buscando y negociando posibles ubicaciones para la construcción de estos recursos.Los centros de acogida de protección internacional, destinados a prestar alojamiento, manutención y asistencia psicosocial urgente y primaria durante una estancia estimada de 6 meses a un año,
Fuentes de Inclusión subrayan que en Canarias la idea siempre ha sido tener plazas estables para primeras llegadas, si bien no detallan si los campamentos temporales puestos en marcha dentro del Plan Canarias a finales de 2020 para acoger al elevado número de migrantes que llegaron a las islas van a ser transformados en centros propios.
El dirigente canario y fundador de Drago Canarias acusa al Estado español y a la Unión Europea de mantener a Canarias al margen de las decisiones estratégicas que afectan a su presente y su futuro, y defiende que la soberanía política y económica debe ejercerse desde el Archipiélago.
Una persona mayor, enferma y sin recursos, fue desalojada de su única vivienda —una pequeña embarcación amarrada en el Muelle Deportivo de Las Palmas— sin alternativa habitacional y con un despliegue policial que las organizaciones sociales califican de desproporcionado. La Asociación Derecho al Techo ha dirigido una carta directamente a Beatriz Calzada, presidenta de la Fundación Canaria Puertos de Las Palmas, a quien responsabiliza de un desahucio que deja al descubierto la cara más dura y desalmada de la gestión portuaria.
En teoría, los votos de la "rebeldía canaria" existen, pero podrían quedarse otra vez fuera del Parlamento. La encuesta electoral de finales de noviembre, dibuja un escenario apabullante: mientras Coalición Canaria y el Partido Popular conservan intactos sus apoyos clientelares y Vox duplica su presencia parlamentaria, la izquierda alternativa vuelve a quedar fuera por su capacidad para "ponerse límites". El resultado podría ser un Parlamento donde toda la derecha se hace más fuerte y miles de votos, a la izquierda del PSoe, se quedan sin fuerza y representación.
La organización celebra su I Tagoror Nacional aprobando con amplio respaldo una propuesta política que sitúa la soberanía económica y la regulación de toda la inmigración que llega a Canarias en el centro del debate canario. La nueva dirección, encabezada por Jesús Rodríguez Santana, defiende que sin control sobre la riqueza, el territorio y la población no hay futuro posible para Canarias. Canarias empieza a formular preguntas incómodas. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo hace desde un marco político que no se conforma con gestionar la escasez ni maquillar el deterioro.
Liberación Canaria presentará mañana sábado, en su I° Congreso/Tagoror Nacional, una ponencia de alto voltaje político: propone limitar la residencia, el acceso al mercado laboral y el derecho al voto en Canarias para defender la supervivencia social, económica e identitaria del pueblo canario. El documento, extenso y explícito, pone el foco en la superpoblación, la presión migratoria y el actual encaje jurídico de las islas en España y la Unión Europea.
Y mientras,la policía canaria relegada a tareas menores y de relleno
La organización celebra su I Tagoror Nacional aprobando con amplio respaldo una propuesta política que sitúa la soberanía económica y la regulación de toda la inmigración que llega a Canarias en el centro del debate canario. La nueva dirección, encabezada por Jesús Rodríguez Santana, defiende que sin control sobre la riqueza, el territorio y la población no hay futuro posible para Canarias. Canarias empieza a formular preguntas incómodas. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo hace desde un marco político que no se conforma con gestionar la escasez ni maquillar el deterioro.
En teoría, los votos de la "rebeldía canaria" existen, pero podrían quedarse otra vez fuera del Parlamento. La encuesta electoral de finales de noviembre, dibuja un escenario apabullante: mientras Coalición Canaria y el Partido Popular conservan intactos sus apoyos clientelares y Vox duplica su presencia parlamentaria, la izquierda alternativa vuelve a quedar fuera por su capacidad para "ponerse límites". El resultado podría ser un Parlamento donde toda la derecha se hace más fuerte y miles de votos, a la izquierda del PSoe, se quedan sin fuerza y representación.
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Activistas del colectivo Acción Insumisa prendieron fuego este jueves a un mural de cuatro metros con la imagen de Donald Trump en la trasera de la catedral de Las Palmas de Gran Canaria. La acción, de carácter simbólico, busca denunciar el imperialismo estadounidense, la sumisión de la Unión Europea y una forma de ejercer el poder basada —según los convocantes— en la intimidación, la violencia y el desprecio del derecho internacional y los pueblos.
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