Expectación y Sentimientos Encontrados ante las Manifestaciones del Movimiento 20A en Zonas Turísticas

Canarias se prepara para una nueva ola de movilizaciones convocadas por el movimiento 20A, que tendrán lugar en las principales zonas turísticas del archipiélago. El anuncio ha desatado un debate en torno a las implicaciones que estas protestas pueden tener para la imagen del destino canario, especialmente en plena temporada vacacional.

La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yésica de León, ha criticado abiertamente la convocatoria, calificándola de "un error". De León considera que las manifestaciones en zonas turísticas son contraproducentes, ya que pueden perjudicar la percepción que los turistas tengan de las islas. “No es buena imagen que los turistas se vean inmersos en manifestaciones durante sus vacaciones. Esto puede generar un impacto negativo en nuestra principal fuente económica”, afirmó en rueda de prensa. Además, adelantó que en los próximos días se reunirá con las patronales turísticas para informarles y buscar estrategias que atenúen el efecto negativo de las movilizaciones.

Por su parte, los convocantes del movimiento 20A han defendido la protesta como un ejercicio legítimo de presión social contra el Gobierno autonómico de Fernando Clavijo, al que acusan de inacción. Aseguran que las movilizaciones se realizarán de manera ordenada, siguiendo los itinerarios marcados por la Delegación y Subdelegación del Gobierno español, y subrayan que el objetivo es obligar al ejecutivo canario a tomar medidas urgentes.

Sin embargo, no todo es unidad dentro del movimiento. Durante los últimos meses, han surgido voces críticas que cuestionan tanto la desmovilización del movimiento como la falta de contundencia en sus demandas actuales. Algunos sectores sostienen que la larga espera de casi seis meses para retomar las manifestaciones ha mermado la motivación de la ciudadanía. También se han alzado críticas desde dentro, denunciando que las protestas en zonas turísticas no son más que "un pasacalle" diseñado para contentar a ciertos grupos y evitar un conflicto mayor con el gobierno.

Según ha podido saber La Raíz, ciertos sectores consideran que las movilizaciones carecen de la fuerza necesaria para generar un verdadero cambio. "Solo van a contentar a algunos ecologistas subvencionados y al gobierno, que ya tiene listo su comité de expertos para seguir con lo mismo de siempre", expresó una fuente cercana a los organizadores.

Por otro lado, desde la Delegación del Gobierno, fuentes del ejecutivo canario admiten estar preocupadas ante la posibilidad de que las protestas puedan derivar en ocupaciones de hoteles u otras acciones que generen un impacto mediático aún mayor que las propias manifestaciones. Este tipo de acciones podrían desatar una crisis de imagen para el turismo en Canarias, un sector que sigue imponiendo su modelo y generando suculentos beneficios que no drenan en una sociedad canaria empobrecida.

De hecho, la ocupación de un hotel y el comienzo de un encierro con huelga de hambre sería un golpe de gracia mediático para un presidente Clavijo y un gobierno ya muy tocado en términos de credibilidad por la gestión del tema migratorio. Esta posibilidad, que no ha sido descartada por algunos sectores del movimiento 20A, preocupa a las autoridades, que temen que acciones más contundentes como esta puedan amplificar el impacto mediático y agravar aún más la crisis política que enfrenta el ejecutivo. Con el gobierno bajo presión por su manejo de la crisis migratoria, una acción de tal magnitud podría desencadenar una respuesta social y política impredecible, debilitando aún más la estabilidad del presidente Clavijo y su equipo.

Cabe recordar que el pasado 30 de mayo, un amplio dispositivo de seguridad, compuesto por un centenar de policías, blindó el Teatro Pérez Galdós, en Las Palmas de Gran Canaria, durante una concentración de manifestantes que buscaban dar continuidad al espíritu del 20A. En aquel momento, las fuerzas del orden "enjaularon" a los manifestantes, delimitando estrictamente el área de protesta e impidiendo el acceso a zonas cercanas al teatro, donde se desarrollaban actos oficiales.

La medida fue ampliamente criticada por los participantes, quienes consideraron que la fuerte presencia policial y las barreras impuestas eran una forma de limitar su derecho a la protesta y de desmovilizar cualquier intento de presión social. Este episodio sigue siendo un recordatorio del tenso clima entre los movimientos sociales y el actual gobierno, en un contexto en el que las protestas parecen estar ganando fuerza nuevamente.

Con una sociedad polarizada y un gobierno bajo presión, las manifestaciones del 20A prometen reavivar la tensión social en el archipiélago, mientras el sector turístico y las autoridades miran con cautela el desarrollo de los acontecimientos.