¿Cuáles son los límites de Canarias? Abrimos el melón

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LA BAJA DEL SECRETO25 de octubre de 2024Semanario LA RAÍZSemanario LA RAÍZ
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SE TRATA DE ATREVERNOS A PONER LOS LÍMITES

Nuestro país, Canarias, enfrenta una serie de desafíos que exigen soluciones urgentes. A pesar de su belleza natural y su atractivo turístico, los límites físicos, sociales y ecológicos del país son evidentes. Para garantizar un futuro sostenible y justo, es crucial establecer cifras claras en áreas clave que afectan a la vida de la mayoría de la población canaria. A continuación, analizamos algunos de los principales interrogantes que definen el futuro del archipiélago, fundamentados con datos actuales, y proponemos cifras concretas para abordar cada uno de ellos.

Canarias enfrenta múltiples desafíos en su camino hacia un futuro sostenible. Desde el crecimiento poblacional y turístico hasta la gestión de recursos hídricos, viviendas y energía, los límites de este territorio insular son claros y requieren una intervención urgente y coordinada. Establecer límites cuantificables y sostenibles en estas áreas es fundamental no solo para proteger el entorno natural, sino también para garantizar una mayor equidad social y una mejor calidad de vida para toda la población canaria.

Los límites propuestos en este artículo abogan por una transición hacia un modelo de desarrollo más equilibrado y justo, que priorice la sostenibilidad y el bienestar colectivo por encima de los intereses puramente económicos. Solo a través de una planificación responsable, políticas redistributivas y un cambio en el modelo de producción y consumo, Canarias podrá asegurar su futuro como un lugar habitable y próspero para las generaciones actuales y venideras.

Límite de población: No más de 2,5 millones de habitantes

Actualmente, la población de Canarias supera los 2,2 millones de habitantes. Gran Canaria y Tenerife concentran la mayor parte de esta cifra, con densidades de 580 y 450 habitantes por kilómetro cuadrado, respectivamente. Estas islas, con recursos limitados como el agua y la energía, están sometidas a una presión creciente en sus infraestructuras y servicios.

El crecimiento demográfico ha saturado las infraestructuras, y la creciente urbanización pone en riesgo la sostenibilidad del territorio. Un límite de 2,5 millones de habitantes garantizaría una distribución más equitativa de los recursos y una mejora en la calidad de vida de los residentes. Se requiere una planificación urbana que controle el crecimiento demográfico y asegure el acceso justo a servicios básicos, evitando la sobreexplotación de los recursos.

Límite al libre establecimiento, residencia y compra de viviendas a extranjeros: Cuota anual para evitar la especulación y proteger el acceso a la vivienda

En Canarias, el aumento de la compra de viviendas por parte de extranjeros, tanto de la Unión Europea como del propio Estado español, ha incrementado considerablemente los precios de la vivienda, dificultando el acceso para los residentes locales. Este fenómeno, impulsado en gran medida por la inversión extranjera y la atracción turística, ha contribuido a un encarecimiento que limita el derecho a una vivienda asequible para los canarios.

Para frenar esta tendencia, se propone establecer una cuota anual de permisos de residencia y de compra de inmuebles para extranjeros, incluyendo también las segundas residencias. Esta cuota podría limitarse al 10-15% de las transacciones anuales para asegurar que la mayoría de las viviendas disponibles sigan destinadas a los residentes. Asimismo, sería fundamental establecer criterios para que el mercado inmobiliario local no se convierta en un objetivo especulativo, protegiendo el derecho de los canarios a una vivienda digna y asequible.

Límite de alquiler: Un máximo del 30% de los ingresos familiares

En la actualidad, el precio de los alquileres en Canarias ha aumentado de manera desproporcionada, superando el 40% en algunas áreas turísticas y urbanas. En zonas como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, el salario medio ronda los 1.500 euros mensuales, mientras que el alquiler puede superar los 800 euros, lo que implica que muchas familias destinan más del 50% de sus ingresos solo al pago de la vivienda.

Este nivel de gasto es insostenible y agrava la precariedad económica de la población. Un límite de alquiler del 30% de los ingresos familiares —aproximadamente 450 euros al mes— sería un paso hacia la equidad. Esto debe complementarse con políticas públicas de regulación de los alquileres, aumento de la vivienda social y control del alquiler vacacional, para asegurar que los residentes tengan acceso a una vivienda digna y asequible.

Límite de pobreza: Reducir el índice de pobreza por debajo del 15%

Actualmente, más del 35% de la población canaria vive en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que convierte a Canarias en una de las regiones con mayor índice de pobreza del Estado español. Este índice refleja la gran desigualdad existente, que se ha agravado por la dependencia del turismo y la precarización del empleo.

Reducir este índice por debajo del 15% sería el objetivo a largo plazo, alineado con los países más avanzados de la Unión Europea. Esto requiere políticas de redistribución de la riqueza, un incremento en los salarios, una mejora en las condiciones laborales y un acceso justo a servicios públicos como la educación, la sanidad y los servicios sociales. Sin estas reformas, Canarias continuará siendo una de las zonas más vulnerables de Europa en términos de pobreza.

Límite de turistas: No más de 10 millones de turistas anuales

En 2019, Canarias recibió más de 15 millones de turistas, una cifra que ha ejercido una presión extrema sobre sus recursos naturales y sus infraestructuras. El turismo de masas ha agotado el suministro de agua, ha aumentado la generación de residuos y ha erosionado la biodiversidad del archipiélago. Esta dependencia del turismo también ha generado empleos precarios, mientras que los beneficios económicos se concentran en manos de unas pocas empresas.

El límite sostenible sería reducir el número de turistas a 10 millones anuales. Esto permitiría un turismo más equilibrado y de mayor calidad, que respete el entorno y no sature las infraestructuras. Un modelo de turismo sostenible no debe basarse en la cantidad de visitantes, sino en generar valor a través de la sostenibilidad, preservando la identidad cultural y natural del país.

Límite de migrantes: No más de 10.000 migrantes anuales, con reparto justo en la UE

En 2023, Canarias recibió más de 20.000 migrantes, lo que ha generado dificultades en la acogida e integración de estas personas. Las infraestructuras para la recepción de migrantes en las islas son limitadas y, en muchas ocasiones, se encuentran colapsadas, lo que genera tensiones sociales y políticas.

El límite debería situarse en 10.000 migrantes anuales, siempre que se garantice un reparto justo dentro de la Unión Europea y del Estado español. La migración debe gestionarse de manera solidaria, no solo desde una perspectiva humanitaria, sino también proporcionando los recursos adecuados para asegurar la integración de los migrantes en la sociedad canaria, con acceso a empleo, vivienda y servicios básicos.

Límite de desigualdad: El 10% más rico no debe acumular más del 30% de la riqueza

Actualmente, el 10% más rico de la población canaria acumula el 60% de la riqueza, mientras que gran parte de la población vive en la precariedad. Esta concentración de riqueza se ha visto agravada por la especulación inmobiliaria y la concentración de la propiedad en pocas manos, lo que crea una brecha económica y social profunda.

El límite razonable sería que el 10% más rico no acumule más del 30% de la riqueza total. Para ello, es necesario aplicar políticas fiscales progresivas, que incluyan impuestos sobre grandes fortunas y propiedades, y reforzar los servicios públicos, que son clave para reducir la brecha de desigualdad. Este enfoque contribuiría a un acceso más equitativo a las oportunidades, fortaleciendo la cohesión social y creando una economía que priorice el bienestar de la mayoría.

Límite en los hospitales: Listas de espera no superiores a 60 días

En Canarias, las listas de espera para intervenciones quirúrgicas y consultas especializadas superan los 160 días, lo que coloca al archipiélago entre las regiones con peor desempeño del Estado español en términos de atención sanitaria. La falta de personal y de infraestructuras adecuadas es una de las causas principales de este problema.

El límite aceptable debería ser una reducción de las listas de espera a no más de 60 días. Para lograr esto, es crucial aumentar la inversión en el sistema sanitario público, contratar más personal médico y mejorar las infraestructuras hospitalarias. Garantizar una atención médica oportuna es un derecho fundamental que debe ser prioritario en cualquier sistema de salud.

Límite de residuos: Reducir a 1 millón de toneladas de residuos anuales

En la actualidad, Canarias genera más de 2 millones de toneladas de residuos al año. La tasa de reciclaje en el archipiélago es baja, apenas alcanzando el 20%, lo que implica que la mayoría de los residuos terminan en vertederos, con consecuencias graves para el medio ambiente.

El límite razonable sería reducir la generación de residuos a 1 millón de toneladas anuales, lo que supone una reducción del 50% respecto a los niveles actuales. Esto solo es posible fomentando la economía circular, mejorando las tasas de reciclaje y reduciendo el consumo de plásticos de un solo uso. Además, se debe promover el compostaje de residuos orgánicos y el uso de tecnologías limpias en la gestión de residuos.

Límite de casas vacías: No más de 1 vivienda vacía por cada 20 habitantes

Actualmente, hay más de 140.000 viviendas vacías en Canarias, en un contexto donde muchas familias tienen dificultades para acceder a una vivienda digna. Gran parte de estas viviendas están en manos de grandes tenedores, quienes las utilizan para la especulación, lo que agrava la crisis de vivienda en las islas.

El límite debería ser no más de 1 vivienda vacía por cada 20 habitantes. Para conseguir esto, se deben implementar impuestos progresivos sobre las viviendas vacías, así como sanciones para los grandes propietarios que mantengan viviendas desocupadas con fines especulativos. Estas políticas ayudarían a liberar el mercado de viviendas y asegurar que más personas puedan acceder a una vivienda asequible.

Límite de coches matriculados: No más de 1 vehículo por persona en Gran Canaria y Tenerife

El parque automovilístico en Canarias ha crecido de forma descontrolada, con más de 800.000 vehículos solo en Gran Canaria y Tenerife. Esto ha generado graves problemas de congestión, contaminación del aire y emisiones de gases de efecto invernadero. Las infraestructuras viarias están saturadas, y los problemas de movilidad urbana son cada vez más severos.

El límite debe ser que no haya más de 1 vehículo por persona en Gran Canaria y Tenerife. Para reducir la dependencia del coche privado, es esencial fomentar el uso de vehículos eléctricos, mejorar el transporte público y desarrollar infraestructuras para la movilidad sostenible, como carriles bici y redes de transporte público eficientes y accesibles.

Límite de consumo de agua: Reducir el consumo de agua por habitante a 100 litros diarios

El consumo actual de agua en Canarias es insostenible, superando los 200 litros diarios por habitante en algunas zonas. La agricultura intensiva y el turismo han incrementado la demanda de agua, poniendo en riesgo los acuíferos y la sostenibilidad hídrica del archipiélago.

El límite razonable sería reducir el consumo de agua a 100 litros diarios por habitante. Esto puede lograrse mejorando la eficiencia en el uso del agua, reutilizando aguas grises y desalinizadas y promoviendo el ahorro de agua en el hogar y en sectores intensivos en consumo de este recurso, como la agricultura.

Límite de suelo urbanizable: Protección del 70% del suelo como no urbanizable

El crecimiento urbano descontrolado en Canarias ha dado lugar a una pérdida significativa de suelo natural, afectando a ecosistemas frágiles y a la biodiversidad. La expansión de complejos turísticos, áreas residenciales y comerciales ha puesto en peligro espacios naturales únicos y tierras agrícolas.

El límite debería ser proteger al menos el 70% del suelo del archipiélago como no urbanizable, asegurando la conservación de los ecosistemas y áreas rurales. Esto implica priorizar la densificación en las áreas urbanas existentes y garantizar que el desarrollo se realice de manera sostenible. Este límite sería esencial para preservar la biodiversidad de Canarias y mitigar los efectos del cambio climático en un territorio que, por su insularidad, es especialmente vulnerable.

Límite de viviendas vacacionales: Eliminar el 100% de las viviendas vacacionales en zonas tensionadas

El aumento de las viviendas vacacionales en zonas urbanas y turísticas ha desplazado a residentes locales y disparado los precios del alquiler, generando tensiones en el mercado de la vivienda. La competencia entre alquileres turísticos y residenciales ha dejado a muchos canarios en una situación precaria y limitada su acceso a una vivienda asequible.

El límite debería ser la eliminación del 100% de las viviendas vacacionales en las zonas más tensionadas, garantizando que estas viviendas vuelvan al mercado de alquiler residencial. Esto liberaría una parte importante de la oferta inmobiliaria y contribuiría a reducir la especulación inmobiliaria. Paralelamente, se deberían implementar políticas de control sobre las viviendas vacacionales, limitando su expansión a zonas donde no afecten directamente la demanda de vivienda local.

Límite a la adquisición de viviendas por grandes tenedores: Un máximo del 10% de las viviendas de un mismo mercado inmobiliario local

Los grandes tenedores de viviendas, como fondos de inversión y corporaciones, han acumulado una gran cantidad de propiedades en Canarias, lo que ha contribuido a una crisis de vivienda en la región. Estos grandes propietarios tienden a acaparar inmuebles para la especulación, limitando el acceso de los ciudadanos a una vivienda a precio razonable.

El límite debería ser que los grandes tenedores no puedan poseer más del 10% de las viviendas en un mismo mercado local. Esto evitaría la concentración de la propiedad en pocas manos y fomentaría un acceso más justo a la vivienda. Además, sería necesario aplicar impuestos progresivos a las viviendas vacías y sanciones a quienes las mantengan desocupadas por razones especulativas, asegurando que cumplan una función social en el mercado.

Límite de consumo energético en Canarias: No más de 20 GWh diarios de consumo total

El consumo energético de Canarias es alto, alcanzando unos 26 GWh diarios, con gran dependencia de combustibles fósiles para la generación de electricidad. Sin embargo, cada isla tiene características energéticas y necesidades específicas que deben tenerse en cuenta al planificar la transición hacia un modelo sostenible.

El límite de consumo debería situarse en 20 GWh diarios a nivel regional, ajustando las necesidades de cada isla. Esto implicaría una reducción del 20-25% mediante medidas de eficiencia energética, mejoras en las infraestructuras y fomento del ahorro en sectores clave. Un plan de transición que respete las capacidades de cada isla sería fundamental para evitar que la implantación de energías renovables se convierta en una nueva fuente de presións obre los ecosistemas.

Límite de producción de energías renovables: Alcanzar el 85% de la producción energética total para 2030

La producción de energías renovables en Canarias es aún baja, representando solo el 20-25% de la generación total. Aunque el archipiélago cuenta con un gran potencial para energías renovables, su expansión debe realizarse de manera controlada y respetuosa con el entorno para evitar nuevas agresiones medioambientales.

El límite razonable para 2030 sería que al menos el 85% de la energía provenga de fuentes renovables, como la solar y la eólica, pero adaptando este objetivo a cada isla. En territorios como Lanzarote y Fuerteventura, donde el impacto de grandes infraestructuras renovables podría ser mayor, se debería optar por sistemas descentralizados, como instalaciones fotovoltaicas en viviendas. Así, la transición energética no solo reduciría la dependencia de combustibles fósiles, sino que también sería justa y sostenible, con un impacto mínimo sobre el entorno natural.

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