EMPRESAS Y TÉCNICOS PÚBLICOS TEJEN UNA "MAFIA" PARA "DEJAR HACER" Y DESTRUIR EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO

Plataformas como Salvar La Tejita y Salvar el Barranco de Arguineguín denuncian la desaparición de restos arqueológicos en proyectos turísticos y energéticos.

CANARIAS21 de diciembre de 2024Semanario LA RAÍZSemanario LA RAÍZ
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La polémica sobre la preservación del patrimonio arqueológico en Canarias se intensifica con nuevas denuncias de colectivos ecologistas que acusan a empresas, arqueólogos y administraciones de encubrir la destrucción de yacimientos históricos. La Asociación Salvar La Tejita ha lanzado un comunicado contundente contra Valentín Barroso Cruz, arqueólogo encargado del seguimiento del proyecto turístico Cuna del Alma, situado en Adeje, Tenerife.

El colectivo desmiente las declaraciones recientes de Barroso, quien negó públicamente que las obras de Cuna del Alma hubieran causado daños arqueológicos. Sin embargo, Salvar La Tejita asegura que los informes oficiales contradicen estas afirmaciones, señalando que el Gobierno de Canarias confirmó en 2022 la destrucción de un yacimiento arqueológico durante la ejecución del proyecto.

"Es insostenible que se niegue lo ocurrido cuando existe constancia oficial de la destrucción intencionada de parte del yacimiento PA 4", afirma el comunicado. Esta destrucción motivó la paralización temporal de las obras en 2022, aunque los trabajos se reanudaron posteriormente sin sanción alguna.

El colectivo destaca que ya en 2014 y 2017, el Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife emitió informes desfavorables sobre las intervenciones arqueológicas. “A pesar de los avisos, las obras continuaron sin seguimiento arqueológico adecuado, destruyendo un tercio del yacimiento PA 4”, explican.

Además del PA 4, Salvar La Tejita denuncia que el yacimiento PA 23, conocido como la "Atalaya Guanche", también ha sufrido daños por la entrada de maquinaria pesada durante la reubicación de especies vegetales protegidas. "La Atalaya Guanche no está en excelente estado, como dice Barroso. Los trabajos han impactado gravemente en su conservación", añaden.

El Silencio de las Instituciones: ¿Un Caso de Corrupción?

Salvar La Tejita apunta a la posible responsabilidad política e institucional. La plataforma señala a Miguel Ángel Clavijo Redondo, exdirector general de Patrimonio del Gobierno de Canarias y tío del actual presidente autonómico, Fernando Clavijo. El colectivo cuestiona la inacción de Clavijo en sancionar a los responsables del proyecto.

"Hubo conflicto de intereses. El Gobierno permitió que caducara el procedimiento sancionador, dejando impunes a los responsables de esta destrucción", denuncia el colectivo.

Gran Canaria: Un Caso Similar en el Barranco de Arguineguín

Las denuncias no se limitan a Tenerife. Pedro Hernández, dirigente de la Plataforma Salvar el Barranco de Arguineguín y Chira-Soria, expone graves irregularidades en Gran Canaria, donde la empresa TIBICENA, contratada por Red Eléctrica de España (REE), estaría encubriendo daños arqueológicos durante la construcción de infraestructuras energéticas.

Hernández asegura que TIBICENA, que también trabaja para el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno autonómico, "realiza informes a la carta para ocultar la destrucción del patrimonio". Entre los ejemplos citados, destaca la desaparición de túmulos funerarios en el Lomo de la Palma, en el Barranco de Arguineguín, donde se construye una caverna para turbinas eléctricas.

Asimismo, denuncia la destrucción del almogaren, un antiguo santuario aborigen ubicado en la entrada de la presa de Soria. "Se ha permitido la destrucción del almogaren al negar su existencia en los informes arqueológicos, facilitando así las obras de acceso a la presa", afirma Hernández.

¿Corrupción o Negligencia?

Las plataformas ecologistas no dudan en calificar estos hechos de "corrupción". "Existe una alianza entre técnicos del Cabildo, empresas privadas y administraciones para ocultar estos crímenes patrimoniales", advierte Hernández.

Salvar La Tejita y Salvar el Barranco de Arguineguín exigen la reapertura de investigaciones y sanciones penales, invocando los artículos 323 y 324 del Código Penal, que contemplan penas de prisión por la destrucción de bienes culturales protegidos.

"Es urgente que las autoridades competentes actúen. Las pérdidas son irreparables, pero debemos impedir que proyectos de desarrollo continúen arrasando el patrimonio histórico de Canarias", concluyen desde Salvar La Tejita.

La presión de estos colectivos sigue creciendo, reflejando el dilema que enfrenta Canarias entre el desarrollo turístico y energético, y la preservación de su invaluable legado arqueológico.

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