ASÍ, ASÍ… ASÍ PAGA MADRID

Mientras miles de canarios esperan meses por una consulta médica o una operación, hay un grupo que no pisa una sala de espera pública. Son los funcionarios del Estado, policías, militares y guardias civiles que trabajan en Canarias. ¿Su secreto? Un “sueldo en especie” que les garantiza acceso a sanidad privada de primer nivel.

Este privilegio se traduce en algo simple: cuando enferman, ellos y sus familias no van al centro de salud del barrio, sino a hospitales como el Perpetuo Socorro, Vithas Las Palmas o San Roque. Adeslas, DKV y Asisa se encargan de abrirles las puertas. Pero si la enfermedad es más grave o el tratamiento cuesta demasiado, el Estado les cubre también en la sanidad pública canaria (SCS).

Y si lo necesario no está en las islas… viaje, estancia y operación en la península o el extranjero, todo pagado.

El residuo del franquismo que hoy es un chollo colonial

Este “sueldo en especie” tiene raíces profundas. Se remonta al franquismo, cuando el régimen instauró MUFACE e ISFAS para fidelizar a los funcionarios y garantizar su lealtad. En Canarias, Ceuta y Melilla, esta política cumplía un doble objetivo: asegurar la presencia estatal en territorios alejados y mantener el control.

Décadas después, la dictadura quedó atrás, pero el privilegio se mantiene intacto. Hoy, este sistema convierte a Canarias en un auténtico paraíso para los funcionarios estatales.

Cobran más, acceden a los mejores hospitales privados y disfrutan de salarios medios más altos que el 82% de los canarios. Mientras que la mayoría de la población local se enfrenta a alquileres inasequibles y sueldos precarios, los “colonos administrativos” –como muchos los llaman– no solo pueden permitirse vivir en zonas caras, sino que lo hacen con ventajas que ningún otro trabajador tiene.

El resultado es claro: la presión sobre el mercado inmobiliario aumenta, los precios suben y los canarios compiten con funcionarios que llegan con sueldos reforzados y sanidad de lujo garantizada.

La "Clase Alta" del funcionariado

En Canarias, más de 62.300 funcionarios del Estado están adscritos a MUFACE. A ellos se suman otros 10.000 militares y guardias civiles bajo el paraguas de ISFAS.

Estos números contrastan con los funcionarios autonómicos –maestros, enfermeros, administrativos– que dependen exclusivamente de la sanidad pública. Para ellos no hay clínicas privadas ni hospitales exclusivos, solo listas de espera.

¿El resultado? Un maestro de un instituto público de Tenerife tiene que pagar de su bolsillo cualquier seguro privado que desee. Mientras tanto, el hijo de un policía nacional puede operarse en una clínica privada sin desembolsar un euro.

La Factura: ¿Cuánto cuesta este privilegio?

Este “sueldo en especie” no es barato. En 2027, la prima anual por cada mutualista de MUFACE alcanzará los 1.262 euros por funcionario. Multiplicado por los más de 62.300 afiliados en Canarias, el coste superará los 78 millones de euros anuales.

Las aseguradoras privadas hacen su agosto. Adeslas gestiona a casi 27.000 funcionarios en Canarias, DKV a unos 10.000 y Asisa a 6.300. El resto, unos 19.000, están en el sistema público por elección propia.

Y mientras estas cifras crecen, Adeslas y DKV presionan para que el Estado pague más. Las compañías amenazan con abandonar los convenios si no reciben mayores incentivos.

Madrid paga… pero solo a algunos

Este privilegio no termina en la sanidad. Los funcionarios estatales reciben un plus salarial durante tres años por estar destinados en Canarias. Un complemento similar se otorga en Ceuta y Melilla, donde la situación se repite.

Para el Estado, Canarias es una colonia que hay que compensar. Pero no para todos. El profesor canario que enseña a diario en un aula sin aire acondicionado no recibe este extra. El enfermero que pasa consulta en un hospital abarrotado tampoco.

El Precio de la desigualdad

Sindicatos y organizaciones de empleados públicos han comenzado a cuestionar este sistema. “Hay una división entre funcionarios de primera y de segunda”, denuncia un portavoz del sector educativo.

“Nosotros también somos servidores públicos, pero no tenemos sanidad privada ni pluses de destino”, añade.

El sistema, diseñado para otra época, sigue beneficiando a unos pocos a costa del resto. Mientras los funcionarios estatales disfrutan de sanidad privada y pluses salariales, el 82% de los canarios sigue luchando con sueldos bajos, alquileres imposibles y listas de espera interminables.

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