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TRES EXPERTOS COINCIDEN: ESTAMOS ANTE TRANSFUGUISMO DE MANUAL Y NO DEBERÍA QUEDAR IMPUNE

Sometemos el comportamiento de los más de 40 "disidentes de NC" a un test de legalidad, ética y solvencia política y su impacto en la reputación y estabilidad de las instituciones de quedar impune.

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La reciente salida de más de 40 cargos públicos de Nueva Canarias (NC), entre alcaldes, concejales y consejeros, para formar un nuevo partido sin renunciar a sus actas, cargos y sueldos, ha reabierto el debate sobre el transfuguismo y sus consecuencias en la democracia.

Desde tres perspectivas diferentes, sometemos este comportamiento a un análisis riguroso de su legalidad, su coherencia ética, su impacto en la estabilidad institucional y las graves repercusiones que tendría su impunidad en la reputación de las instituciones públicas.

Para ello, analizamos la opinión de José Suárez López, experto en Derecho Constitucional y electoral, Carlos Menéndez, profesor de Filosofía y Ética Política, y Antonio Santana, especialista en Ciencias de la Administración y Derecho Público.

 
1. La opinión de José Suárez López, experto en Derecho Constitucional y electoral.


¿Este caso encaja en la definición de transfuguismo?


Absolutamente. En el Estado español, el transfuguismo ocurre cuando un cargo electo abandona el partido con el que se presentó a las elecciones pero sigue en el cargo, beneficiándose de los votos obtenidos bajo esas siglas.

Estos cargos fueron elegidos bajo las siglas de Nueva Canarias y, ahora que han decidido romper con el partido, siguen ocupando los mismos cargos sin someterse de nuevo a la voluntad de los votantes.

Esto no es ilegal, pero sí es un acto de deslealtad política que rompe con el compromiso electoral que asumieron. En términos jurídicos, deben ser considerados "cargos no adscritos", lo que conlleva consecuencias claras:

Pierden su representación oficial en comisiones y órganos de gobierno.
No pueden seguir actuando en nombre de NC ni utilizar sus recursos.

Siguen cobrando su sueldo, pero con menos derechos y menor influencia política.

La situación más escandalosa es la de Samuel Henríquez en San Bartolomé de Tirajana, quien sigue actuando como portavoz de NC en los plenos, cuando ya no pertenece al partido. Esto es una irregularidad que el ayuntamiento debe corregir de inmediato.

Otro caso grave es el de Teodoro Sosa y García Brík en el Cabildo de Gran Canaria, quienes siguen en el grupo de gobierno pese a que, legalmente, deberían estar en el grupo de los no adscritos.

Si las instituciones permiten que estos tránsfugas sigan actuando con normalidad, estarán validando el transfuguismo y debilitando la representación democrática. Y lo que es aún más grave, estarán erosionando la confianza en la legalidad y legitimidad de las instituciones, enviando un mensaje de que cualquier político puede traicionar a su partido y seguir en el cargo sin consecuencias reales.

 
2. La opinión de Carlos Menéndez, profesor de Filosofía y Ética Política.

¿Qué impacto tiene este comportamiento en la regeneración democrática?

Es una traición absoluta a los principios que ellos mismos promovían. No se puede hablar de regeneración democrática y, al mismo tiempo, convertirse en tránsfugas que se aferran al cargo, al sueldo y al control del dinero público sin consultar a la ciudadanía.

Este es un caso de transfuguismo especialmente cínico, porque los protagonistas han criticado durante años este tipo de maniobras. Ahora que les afecta a ellos, hacen justo lo que siempre denunciaron.

El problema no es solo que se queden con los cargos, sino que quieren seguir manejando dinero público, como si nada hubiera pasado. Están usando los votos que recibieron para fines distintos a los que prometieron en campaña. Eso es un fraude político y moral.

Si este comportamiento queda impune, el mensaje que se transmite es desolador: la regeneración democrática es solo un eslogan vacío y la ética política es irrelevante cuando se trata de conservar el poder a toda costa.

 
3. La opinión de Antonio Santana, experto en Ciencias de la Administración y Derecho Público.

¿Cómo afecta esta situación al Cabildo de Gran Canaria y a su presidente?


Es un error político y administrativo gravísimo. El presidente del Cabildo está permitiendo que cuatro de sus consejeros sean tránsfugas sin aplicarles las consecuencias que establece la normativa.

Si estos tránsfugas siguen manejando dinero público y tomando decisiones como si nada hubiera pasado, el Cabildo estará perdiendo legitimidad y credibilidad ante la ciudadanía.

El Pacto Antitransfuguismo, que Nueva Canarias firmó en su momento, establece que los partidos deben aislar políticamente a los tránsfugas y no darles poder de decisión. Si el presidente del Cabildo incumple este acuerdo, estará enviando un mensaje peligroso sobre cómo se gestiona la política en Canarias, debilitando la estabilidad del Cabildo y afectando su reputación como institución democrática.

Si estos políticos siguen en el gobierno como si nada hubiera pasado, el Cabildo estará enviando la señal de que el transfuguismo es aceptable y que los compromisos electorales no tienen valor.

 
Conclusión: Un caso de transfuguismo que no debe quedar impune
Los más de 40 cargos públicos que han roto con Nueva Canarias han incurrido en un caso claro de transfuguismo, que tiene implicaciones legales, éticas y administrativas y cuya impunidad tendría un impacto destructivo en la reputación y estabilidad de las instituciones.

Alguien debe responder a estas preguntas:

¿Cuál debe ser la reacción del resto de los partidos políticos? ¿Deben dejar hacer, dejar pasar o hacer cumplir la ley y el código antitransfuguismo? Con su silencio e inacción serán cómplices.


¿Con qué autoridad moral el Presidente del Cabildo va a mantener en sus puestos a consejeros que año y medio después de ser elegidos por los ciudadanos deciden caprichosamente pasarse a otro partido pero mantener sus cargos? Si lo hace, ¿qué imagen está proyectando a la ciudadanía no actuando con ejemplaridad?


Si mañana 50 cargos del PP o el PSOE decidieran crear un nuevo partido y quedarse con todas esas actas, cargos y sueldos, ¿qué estarían diciendo esos mismos partidos y los medios de comunicación?


¿Por qué razón, ante lo que es sin duda la mayor operación de transfuguismo de la historia política de Canarias, los medios de comunicación no están tratando de tránsfugas a estos políticos?


La regeneración democrática no se defiende con palabras vacías, sino con acciones firmes. La ciudadanía merece una respuesta.

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