Entre ayer tarde y esta mañana se han vuelto a reproducir las lamentables acciones violentas que días atrás sublevaron a un muy importante número de ciudadanos canarios que se oponen al ecocidio que se está produciendo en Armeñime, pero también por extensión en otros rincones del archipiélago. En este punto de referencia de la lucha contra el destrozo de importantes espacios naturales que se está llevando a cabo en todas las islas, la conocida como urbanización Cuna del Alma, los acontecimientos no tienen mucha tregua y el encontronazo cuerpo a cuerpo empieza a tomar categoría de atentados y quiebra de derechos elementales. 

Días atrás salía a la luz pública que la supuesta legalidad de las obras no era tal. Aparecían documentos que quebraban los ya muy endebles resquicios de que la obra contara con todos los permisos, informes y autorizaciones pertinentes. Volvían a ser las acciones de los activistas las que ponían sobre la pista a las autoridades de que estaríamos ante unas irregularidades gravísimas que señalan a autoridades y cargos públicos y técnicos. Los medios de comunicación, pivote colaborador necesario de estas prácticas mafiosas, en tanto que con su silencio informativo permiten que la opinión pública canaria no tenga acceso a la verdad, se han destapado en las últimas horas como parte del escándalo que está a punto de estallar. 

A la empresa promotora y su "brazo armado", la constructora que acomete los trabajos de urbanización y ecocidio de los distintos ecosistemas existentes en el lugar, parecen volverle los nervios, las prisas y las ganas de solventar todo esto, por los mismos medios que ha venido usando desde hace meses; tirar los tractores contra los activistas, echar a sus empleados encima de ellos y crear un ambiente de terror que, lamentablemente, está encontrando en la guardia civil, un muy descarado aliado. Cada vez que se personan los agentes de este cuerpo militar en las inmediaciones de las obras, no es para salvaguardar derechos y hacer cumplir la ley, sino para ayudar a cimentar la idea de que empresa y autoridades forman parte del mismo pack y "van con todas sus fuerzas" a hacer valer la fuerza frente a la ley y los derechos fundamentales.

Ayer en las redes sociales, eran muchos los participantes los que , desde distintas plataformas (facebook, twitter, instagram) y grupos de whatssapp, empezaron a plantear que "estas acciones terroristas" no pueden salirle gratis a sus autores directos, sus instigadores y sus colaboradores necesarios. Se decía que hay nombres y apellidos, rostros, siglas, instituciones con responsables concretos, que tienen que pasar de salir del anonimato a experimentar un costo real de sus acciones. Ha tomado cuerpo en las últimas horas una nueva estrategia de lucha, que consistiría en realizar "escraches" a las cuentas en redes de todas las personas, políticos, empresarios, periodistas y empleados que están poniendo "su granito de violencia" en esta campaña de terrorismo contra los activistas. Se habla incluso de la colaboración de hackers informáticos que filtren a los medios de comunicación "de fuera de Canarias",  conversaciones entre políticos, empresarios, empleados, cargos públicos y miembros relevantes de organismos, que aportarían  el nivel de corrupción e impunidad que se está sucediendo. 

En esas mismas redes se le ha puesto hasta un nombre a esta nueva forma de generar un escudo humano que proteja a los activistas y sus causas. Se habla de "SIROCO DEMOCRÄTICO", que entendemos como una especia de sucedáneo de aquel TSUNAMI DEMOCRATICO que usó las redes sociales y las tecnologías de la información para poner en jaque al Estado español por sus prácticas antidemocráticas en Cataluña. 

Los activistas en redes de este movimiento incipiente, que ya han puesto en evidencia días atrás su creciente capacidad de convocatoria y movilización, creen que "ya está bien de poner la otra mejilla, que entienden que la respuesta pacífica de este movimiento es un valor, pero que existen otros medios ya de dar respuesta a estos violentos y sus amigos políticos y periodistas". 

Los activistas se están conjurando para activar esta "respuesta masiva y contundente". Anticipan que en los próximos días podrían aparecer publicadas conversaciones de whatsapp que comprometen muy seriamente, por su contenido, a políticos de la isla de Tenerife de gran nivel, la empresa y "periodistas a la orden".  Anticipan que la aparición de estas informaciones podrían ir de la mano de la entrega de las mismas a la nueva fiscal anticorrupción de Canarias. "Dan hasta el lunes al Presidente del Gobierno de Canarias para que tome cartas en el asunto y cierre la obra o se encontrará con otro "caso mascarillas" que demande, esta vez, incluso su dimisión".