Emergencias por sistema: El precio de no tener Soberanía plena

Canarias atraviesa un momento crítico, enfrentando múltiples crisis que amenazan su sostenibilidad y bienestar. La emergencia medioambiental, la crisis social, el problema habitacional y la creciente presión migratoria configuran un panorama sombrío en el archipiélago. Sin embargo, más allá de estas situaciones, el verdadero obstáculo que impide a Canarias resolver estos problemas radica en su falta de soberanía política real. La autonomía, lejos de ser una herramienta efectiva de gestión, ha demostrado ser un espejismo que oculta la persistencia de una realidad colonial: Canarias sigue dependiendo de España y de las multinacionales europeas, lo que impide articular soluciones estructurales. Sin soberanía plena, las emergencias son imparables.

Una autonomía vacía de poder

El régimen autonómico bajo el que opera Canarias, instaurado en 1982, prometía una mayor capacidad de autogobierno para atender las particularidades del país. Sin embargo, cuatro décadas después, el balance es desolador. Canarias sigue sin tener el poder necesario para tomar decisiones fundamentales sobre sus recursos naturales, su economía y, especialmente, sobre su capacidad para hacer frente a las crisis que la azotan. La autonomía ha demostrado ser un artificio vacío de contenido, un marco limitado que deja al país subordinado a las decisiones de Madrid y Bruselas.

Este déficit de poder se hace patente en la incapacidad para responder a la emergencia medioambiental. Las islas están sufriendo los efectos de la sobreexplotación de sus recursos, la contaminación y el impacto del cambio climático. A pesar de ello, las políticas medioambientales son dictadas desde fuera, sin tener en cuenta las especificidades del territorio canario ni la urgencia de tomar medidas radicales para proteger su ecosistema. El status de País Ultraperiférico (PUP) dentro de la Unión Europea, en lugar de ser una ventaja, se ha convertido en una trampa burocrática que limita la capacidad de maniobra del país, al tiempo que prioriza los intereses de grandes corporaciones extranjeras.

La migración que asfixia: más allá de las pateras

La crisis migratoria en Canarias no se reduce solo a la llegada de migrantes en pateras desde África, un fenómeno visible y dramático que ocupa titulares. Sin embargo, existe una migración menos discutida, pero que también está contribuyendo a la asfixia de la capacidad de carga de las islas: la migración proveniente de la Unión Europea. A diferencia de la migración forzada, esta migración "de bienestar" es la que está impactando de manera estructural en el modelo económico y social canario.

Miles de ciudadanos europeos, principalmente jubilados o personas con un alto poder adquisitivo, se están estableciendo en Canarias, atraídos por su clima benigno, la calidad de vida y un coste relativamente más bajo que en sus países de origen. Aunque esta migración no es percibida como un problema por las autoridades centrales, sus efectos son devastadores para la población local. La demanda inmobiliaria que generan estos nuevos residentes europeos ha disparado los precios de la vivienda, contribuyendo de manera directa a la crisis habitacional que enfrentan los canarios. El auge del alquiler turístico y la compra de propiedades por parte de extranjeros ha encarecido el acceso a la vivienda para las familias canarias, que ven cómo sus barrios se transforman en enclaves de lujo inaccesibles para ellos.

Una economía asfixiada por la especulación y el alquiler vacacional

Si hoy en día no hay viviendas asequibles para la gente del país, la raíz del problema está en la combinación de varios factores. Primero, los salarios en Canarias son de los más bajos de España, lo que ya de por sí limita la capacidad de las familias canarias para acceder a una vivienda. Esto, unido a un mercado inmobiliario que actúa sin apenas regulación, ha permitido que los grandes tenedores de propiedades, en su mayoría multinacionales y fondos de inversión, vean en el alquiler vacacional una nueva mina de oro.

El auge del alquiler turístico ha desplazado al alquiler tradicional, privando a los canarios, especialmente a los jóvenes y familias, de oportunidades para acceder a una vivienda digna. Las propiedades que antes estaban destinadas a alquileres de larga duración ahora se destinan a turistas, ya que genera más beneficios a corto plazo para los grandes propietarios. Esto ha provocado una escalada de precios que resulta inasequible para la mayoría de la población local.

La especulación inmobiliaria, alimentada por la llegada de residentes extranjeros con un alto poder adquisitivo, ha llevado a la sobreexplotación del suelo y a la expulsión de los habitantes canarios de sus propios barrios. El impacto de esta tendencia ha sido devastador, dejando a una gran parte de la población sin opciones reales de acceso a la vivienda. En este escenario, la clase política canaria no tiene las herramientas ni el poder para regular el mercado ni implementar medidas estructurales que puedan mitigar los efectos de esta crisis.

El dominio de las multinacionales y la crisis habitacional

Canarias no solo enfrenta limitaciones políticas, sino también económicas, derivadas de su dependencia de las multinacionales. La economía del país se ha configurado en torno al turismo de masas y la explotación del suelo, lo que ha generado una crisis habitacional sin precedentes. Los fondos de inversión y las grandes corporaciones, muchas de ellas extranjeras, han fomentado la especulación inmobiliaria, lo que ha disparado los precios de la vivienda y expulsado a las familias canarias de sus propios barrios. El gobierno autónomo, atado por las normativas europeas y estatales, carece de las herramientas necesarias para revertir esta situación.

La falta de soberanía económica es evidente en este proceso. Canarias ha sido convertido en un destino turístico masivo, gestionado por empresas que no tributan ni reinvierten en el país. La economía canaria ha quedado relegada a un papel de servidumbre, donde el empleo precario y los bajos salarios son la norma. Mientras tanto, el precio de la vivienda sigue en ascenso, lo que condena a miles de canarios a la precariedad habitacional. La clase política canaria, rehén de un sistema que favorece el capital externo, no puede ofrecer soluciones más allá de pequeños parches que no abordan el problema de fondo.

La crisis migratoria: un desafío sin control

El tercer pilar de las emergencias que Canarias no puede gestionar es la crisis migratoria. La ubicación geográfica del país lo convierte en una de las principales puertas de entrada de migrantes hacia Europa. Sin embargo, Canarias no tiene competencias para gestionar de manera adecuada los flujos migratorios. La política migratoria, una vez más, está en manos del gobierno central en Madrid y de las instituciones europeas, que ven a Canarias como una frontera externa, no como un país que necesita apoyo urgente y especializado.

La respuesta a la crisis migratoria ha sido insuficiente y, en muchos casos, inhumana. Los centros de acogida están desbordados, y la capacidad del país para ofrecer una integración digna es limitada. Los migrantes, que huyen de la guerra, la pobreza y el cambio climático, se encuentran atrapados en un sistema que no ofrece salidas. La falta de recursos y planificación adecuados ha generado tensiones sociales en el archipiélago, que ya enfrenta una presión económica interna debido a las crisis habitacional y laboral. Mientras tanto, la clase política canaria se ve impotente para articular respuestas efectivas, limitada por la falta de soberanía sobre sus fronteras y recursos.

Una clase política rehén de intereses externos

La clase política canaria se encuentra atrapada en una encrucijada imposible. Por un lado, debe responder a las exigencias de Madrid y Bruselas, aplicando políticas que no responden a las necesidades del país. Por otro lado, se enfrenta al creciente malestar social de una población que ve cómo sus problemas no solo no se resuelven, sino que se agravan. La política canaria está condenada a gestionar la escasez, aplicando parches a un sistema que no permite soluciones estructurales.

El peso de esta falta de soberanía se siente especialmente en la gestión de los recursos naturales, vitales para el futuro del país. Canarias no tiene el control sobre sus aguas, ni sobre la explotación de su territorio. Las decisiones sobre infraestructuras, como las energías renovables o el turismo sostenible, se toman en despachos lejanos, sin tener en cuenta el impacto a largo plazo en el territorio y la población canaria.

El coste de la falta de soberanía

La situación actual en Canarias es el resultado de décadas de dependencia política y económica. El modelo autonómico, lejos de ser una solución, ha perpetuado un estado de subordinación que impide al país diseñar su propio futuro. Mientras las multinacionales europeas explotan los recursos naturales, y Madrid y Bruselas dictan las políticas que afectan al territorio, Canarias sigue siendo una colonia, atrapada en un sistema que prioriza los intereses externos.

La única salida a esta situación pasa por un cambio profundo en el estatus político del país. Sin soberanía plena, Canarias no podrá enfrentar de manera efectiva sus crisis. Solo con el control sobre sus recursos naturales, su política económica y sus fronteras podrá el país articular soluciones reales a la emergencia medioambiental, la crisis habitacional, la presión migratoria y las tensiones sociales.

Canarias necesita soberanía para poder decidir sobre su destino. De lo contrario, seguirá siendo un país gestionado desde fuera, incapaz de frenar sus emergencias y condenado a un futuro incierto. Las emergencias son imparables porque el marco político y jurídico actual las perpetúa. Es hora de que Canarias tenga el control de su propio destino.