GAZA UN 'RESORT" Y EL SÁHARA CONVERTIDA EN UNA "AUTONOMÍA" QUE SERÁ TAN COLONIA COMO CANARIAS

La propuesta que algunos actores —desde la Casa Blanca hasta sectores del gobierno israelí y ciertos lobbies económicos— han promocionado para convertir Gaza en un “Riviera” o en un gran resort turístico no es una idea nueva ni inocua: es la reempaquetación de una lógica colonial que toma territorios ocupados, limpia a sus poblaciones nativas y transforma la tierra en activo inmobiliario y geoestratégico. Hoy esa misma lógica amenaza al Sáhara Occidental: una “autonomía” diseñada por el ocupante (Marruecos), reconducida por Estados Unidos y aceptada por amplios sectores de Europa y la ONU como «la solución más viable». Pero ojo: la palabra “autonomía”, en estos contextos, suele funcionar como eufemismo para preservación del dominio del ocupante y negación del derecho de los pueblos a decidir su futuro.

Gaza: del pueblo a la marca turística

En 2025 se filtró y se debatió públicamente un plan —el llamado GREAT Trust / “Riviera”— que propone una reconstrucción bajo tutela externa para transformar Gaza en un hub turístico y tecnológico, con la contestada idea de reubicar “voluntariamente” a millones de palestinos fuera de su tierra y gestionar la seguridad por contratistas y potencias externas. El plan ha sido descrito por críticos como un mecanismo de desposesión y de borrado del sujeto político palestino: una puesta en valor del territorio sin su pueblo. Esa visión no solo revive prácticas de “reconstrucción” que sirven de cobertura a traslados forzosos, sino que normaliza la idea de que un territorio ocupado puede convertirse en negocio para terceros sin reconocimiento efectivo del derecho a la autodeterminación.

Sáhara: la misma operación con distinto escenario

Ahora lo vemos repetirse en el Sahara Occidental. En octubre–noviembre de 2025 el Consejo de Seguridad de la ONU promovió negociaciones “sobre la base” del plan de autonomía marroquí —un giro diplomático que corta de raíz la reivindicación saharaui por un referéndum con independencia como opción plena— y que coloca a la “autonomía” como la solución internacionalmente refrendada. Esta posición ha sido acogida por varios países europeos y por Estados Unidos, que ya en 2020 había dado un impulso decisivo al reconocimiento marroquí. Esa confluencia práctica —ONU que empieza a acomodar su lenguaje, Europa que no quiere tensar la relación con Rabat, y EEUU que legitima el marco— es la matriz política que facilita la mercantilización del territorio saharaui.

“Autonomía” que no es autonomía: lecciones de la historia reciente

La “autonomía” impuesta o tutelada por la potencia ocupante suele quedarse en: control sobre seguridad y recursos por parte del ocupante; limitación severa de derechos políticos y civiles de la población nativa; integración económica que beneficia a empresas del país dominante; y, en el peor de los casos, la colonización demográfica mediante traslado de colonos. Lo vimos en distintas versiones contemporáneas —y hoy en Gaza se propone una versión extrema: desplazar para explotar— y estas prácticas no respetan el principio de autodeterminación reconocido por la O.N.U. Ni el recuerdo de Canarias (autonomía sin reparación colonial) ni la experiencia palestina parecen haber enseñado demasiado a quienes hoy se apresuran a “normalizar” la soberanía marroquí con una carta de “autonomía”.

¿Qué está por venir en el Sáhara? — escenarios probables (y peligrosos)

A la vista de lo ocurrido en Gaza y de los movimientos políticos actuales, cabe temer —y exige alertar— sobre varios escenarios que podrían materializarse si se consolida la línea política que hoy promueve Marruecos con bendición internacional:

Instalación masiva de colonos: Marruecos ya ha promovido inversiones y proyectos (turismo, pesca, energías renovables) en Dajla y otras ciudades saharauis; un proceso de “autonomía” administrada por Rabat facilita que lleguen inversores y familias marroquíes que, con el tiempo, cambien la composición demográfica y consagren la anexión de facto. Esto no sería nuevo en términos coloniales: cambiar la población es la manera más eficaz de enterrar reclamaciones de independencia. (Hechos recientes muestran inversiones y apoyo diplomático que legitiman proyectos en el territorio).

Criminalización del Frente Polisario: ya se ha visto actividad legislativa en EE. UU. —por ejemplo, iniciativas parlamentarias que proponen designar a Polisario como organización terrorista— y campañas políticas que buscan aislar la resistencia saharaui en la narrativa de “amenaza”. Si se lograra esa etiqueta, abriría la puerta a operaciones legales y militares con cobertura internacional para atacarla, y a justificar persecución política y judicial contra saharauis en los territorios ocupados o en los campos de refugiados. Ese movimiento existe en forma de propuestas y presiones políticas.

Militarización y pretextos navales: la presencia naval occidental en el Mediterráneo ya opera bajo múltiples banderas —lucha contra el narcotráfico, control migratorio, seguridad marítima— y podría ser instrumentalizada para justificar patrullajes y presencia militar más próxima a la costa saharaui en nombre de “seguridad”, “control de fronteras” o “lucha contra el crimen organizado”. Operaciones como Operation Sea Guardian indican que hay estructura para desplegar assets navales en la región; en manos del discurso político correcto, esa presencia podría servir de coartada para presión militar o bloqueo.

Ataques a campos de refugiados o “operaciones antiterroristas”: declarar al Polisario como terrorista y combinarlo con una narrativa de “estabilidad” podría legitimar, ante ciertos públicos, medidas contundentes contra campamentos saharauis —desde sabotajes y acciones encubiertas hasta bombardeos si se quiere llegar a extremos. No digo que sea inevitable, pero sí que el encuadre político actual abre esa ventana y hemos visto cómo la criminalización política precede a la represión. (Organizaciones de derechos humanos ya documentan acoso y violaciones en territorio ocupado.)

¿Qué papel juegan la ONU y Europa? — una autopsia del cinismo diplomático

La ONU y los estados europeos, en lugar de ejercer su papel de garantes del derecho internacional y del principio de autodeterminación, han optado —en muchos casos— por la vía pragmática: estabilizar la región, asegurar rutas comerciales, conservar la cooperación migratoria y de seguridad. Eso explica que muchos gobiernos europeos —con perfiles y tradiciones muy distintas— terminen plegándose a una “solución” que beneficia a Marruecos y protege intereses estratégicos. El resultado es la normalización de la negación del derecho a decidir del pueblo saharaui. Ese alineamiento es una claudicación moral: cuando la diplomacia prioriza intereses geoestratégicos sobre derechos, la ley internacional queda reducida a un adorno retórico.

Defensa de los saharauis: por qué tomar partido (y qué exigir)

Tomar partido por el pueblo saharaui hoy no es una postura romántica: es defender principios jurídicos y humanos que la comunidad internacional proclama pero no practica consistentemente. Hay que exigir:

Referéndum con todas las opciones, incluida la independencia, supervisado y garantizado por la ONU de forma creíble.
Protección internacional de los derechos civiles y políticos de saharauis en los territorios ocupados: libertad de asociación, de prensa, y de movilización.
Control internacional y transparente de los recursos naturales del Sáhara (fosfatos, pesca, proyectos energéticos) para que beneficien al pueblo saharaui y no solo a intereses externos.

Suspensión de acuerdos bilaterales (comercio, pesca, inversiones) que apliquen al Sáhara sin consentimiento saharaui.

No criminalizar al Polisario: la etiqueta de “terrorista” en este contexto sería un acto político peligroso con consecuencias humanitarias gravísimas.

Organizaciones de derechos humanos llevan años alertando sobre hostigamiento, vigilancia y violaciones contra los defensores saharauis: ignorar esas alertas es atentar contra la credibilidad del sistema multilateral.

Cierre — la encrucijada ética

Convertir territorios ocupados en parques temáticos, en resorts o en zonas de inversión depende de una decisión política previa: aceptar o no el derecho de un pueblo a existir como sujeto político. Si la comunidad internacional hoy avala, por cálculo geoestratégico y económico, la “autonomía” tutelada de Marruecos sobre el Sáhara Occidental, no estará resolviendo un conflicto: estará rematando la colonización con etiqueta moderna. Eso no es paz; es un nuevo orden de despojo.

Quienes creemos en el derecho internacional y en la justicia histórica debemos exigir —sin ambivalencias— que la voz saharaui sea la que decida su destino. Cualquier otra política que coloque la ganancia, la estabilidad de corto plazo o los intereses geopolíticos por encima de ese principio no es diplomacia responsable: es complicidad.