En los últimos años se ha instalado en el debate público canario una narrativa institucional que suena bien en titulares: “Canarias tiene sus aguas”, “España tiene una Zona Económica Exclusiva alrededor del archipiélago”, “el Estatuto reconoce el mar canario”, “estamos avanzando hacia la soberanía energética, alimentaria y marítima”.
Pero esa narrativa tiene un problema: no es verdad en términos jurídicos internacionales. Y cuanto más se revisa la normativa internacional, la Constitución española y la estructura competencial europea, más evidente resulta que es, en el mejor de los casos, una ilusión administrativa; en el peor, un mecanismo para tranquilizar a un territorio que no controla nada esencial de sí mismo.
1. Lo que realmente dice el Derecho del Mar: 12 millas… y nada más
El elemento más incómodo —y sistemáticamente escondido en el discurso oficial— es este:
Más allá de las 12 millas desde la costa canaria, las aguas no son españolas.
No porque Marruecos “se las haya quedado”, no porque España “las haya reclamado mal”, no porque falte una ley que las declare: sino porque España no puede reclamarlas mientras Canarias no sea Estado o Territorio No Autónomo (TNA) reconocido por Naciones Unidas.
Según la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) —ratificada por España y vinculante— únicamente los Estados soberanos pueden declarar:
Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas,
Plataforma continental,
o aguas archipelágicas, si se trata de un Estado archipelágico.
Canarias es archipiélago, sí, pero no es Estado.
España es Estado, sí, pero no es archipelágico según la definición de la CNUDM.
España no tiene reconocido el derecho a declarar aguas archipelágicas alrededor de Canarias ni una ZEE automática en el Atlántico en torno al archipiélago.Y cualquier intento legislativo interno —como la Ley 44/2010— es irrelevante fuera de las fronteras españolas.
2. El mito de la ZEE española en Canarias
Circula con insistencia la afirmación de que “España tiene una ZEE de 200 millas alrededor del archipiélago” o que “España ya ha registrado la ampliación de la plataforma continental”.
Esto es jurídicamente falso.
Lo único que España tiene garantizado internacionalmente son:
-las 12 millas de mar territorial,
el espacio aéreo y el subsuelo dentro de ese límite,
-y la facultad de solicitar —no de poseer automáticamente— una plataforma continental extendida si cumple requisitos técnico-científicos y no hay conflicto con terceros Estados.
Pero en el caso de Canarias hay un actor clave: Marruecos, que también reclama soberanía marítima y control del banco sahariano basándose en su ocupación del Sáhara Occidental —territorio pendiente de descolonización según la ONU—.
Y como el Sáhara no tiene estatus final, ninguna delimitación marítima en torno a Canarias puede considerarse cerrada, legítima ni definitiva.
Por eso la idea de que existe “ZEE española consolidada en Canarias” no es solo incierta: es jurídicamente inexistente.
Intentar afirmarlo es, en términos técnicos, una ficción diplomática; en términos políticos, una fantasía infantil.
3. La supuesta “excepción canaria”: una quimera legal
Algunos discursos institucionales defienden que Canarias podría beneficiarse de una “excepción” en el Derecho del Mar debido a su condición geográfica.
Eso tampoco existe.
La CNUDM no prevé:
Estados dentro de Estados archipelágicos,
ZEE regionales sin soberanía internacional propia, ni modelos de soberanía marítima basados en autonomías internas.
La única excepción reconocida se da en casos muy concretos: Estados independientes pluriterritoriales, territorios con régimen de libre asociación reconocido por la ONU, o Territorios No Autónomos (TNA) en proceso de descolonización.
Canarias no está inscrita actualmente en la lista de TNA —aunque para muchos juristas decoloniales lo debería—, y desde luego tampoco es Estado.
Por tanto, no existe base jurídica internacional plausible para que se reconozca a España derechos marítimos plenos en torno al archipiélago mientras Canarias siga sin ser Estado o sujeto internacional diferenciado.
4. Sin control del mar, sin control de la población: soberanía imposible
La ausencia de soberanía marítima se suma a otra realidad estructural: Canarias no controla quién entra, quién reside, quién invierte y quién compra territorio.
La libre circulación europea permite que cualquier ciudadano de la UE pueda establecerse en Canarias sin permiso de la comunidad autónoma.
La política migratoria hacia personas extracomunitarias depende del Estado español y de reglamentos europeos.
La liberalización inmobiliaria y turística, protegida por el Derecho europeo y estatal, impide restricciones locales a compra, residencia o cupos turísticos.
Incluso si Canarias demostrara científicamente —como ya ocurre— que el colapso ecológico, demográfico y territorial es inminente, no tiene capacidad jurídica para cerrar el grifo.
No puede controlar su mar.No puede controlar su territorio.No puede controlar quién entra ni quién se queda.
Y un territorio que no controla ninguno de esos elementos no es soberano ni puede aspirar a serlo dentro del marco actual.
5. La única vía: soberanía o estatus internacional propio.No hay atajos jurídicos.No hay “soluciones creativas”.No hay milagros legislativos.
Sin Estado o sin reconocimiento como Territorio No Autónomo en proceso de descolonización, Canarias nunca podrá tener soberanía marítima ni control real de sus recursos.
Todo lo demás —estatutos, leyes simbólicas, titulares triunfalistas, marketing político— sirve únicamente para administrar una ficción cómoda:
Canarias gobierna la superficie,España gobierna la estructura,la UE gobierna el destino económico y el Derecho internacional ignora a Canarias como sujeto.
La realidad jurídica, histórica y política es clara:
Canarias no tiene soberanía sobre sus aguas, ni sobre su población, ni sobre sus recursos estratégicos.No existe ZEE española consolidada en torno al archipiélago.Más allá de las 12 millas, el mar es internacional disputado, no español.Y ninguna excepción legal futura será posible sin un cambio radical del estatus político de Canarias.
Porque la soberanía no se imagina.No se declara por decreto.No se gestiona como una subvención.La soberanía se posee o se obedece.Y hoy, Canarias obedece.Todo lo demás es cuento para turistas —y anestesia para la población canaria.
