El patriota real que esconde su dinero en las Cuevas de Alí Babá

Juan Carlos de Borbón, exjefe del Estado español y autoproclamado “patriota”, no solo se ha convertido en el símbolo de la decadencia de la monarquía, sino también en el protagonista de una vergonzosa historia de corrupción e impunidad. Mientras los medios de comunicación afines intentan blanquear su figura y su legado, la realidad es mucho más cruda: el emérito sigue huido en un exilio dorado, lejos de cualquier responsabilidad judicial, acumulando fortuna en paraísos fiscales y escondiendo su riqueza en estructuras opacas que no hacen más que manchar aún más la ya deteriorada imagen de la Casa Real.

Lo más indignante de esta historia no es solo el comportamiento del antiguo monarca, sino la actitud cómplice de las instituciones del Estado español, que, lejos de cumplir con su deber de investigar, sancionar y recuperar el dinero público malversado, han optado por la inacción y el silencio. Ni el Gobierno, ni Hacienda, ni la judicatura han movido un dedo para reactivar las causas pendientes contra Juan Carlos I. Han sido magistrados y periodistas comprometidos quienes, a riesgo de su propia reputación y recursos, han presentado denuncias para evitar que el caso caiga en el olvido.

El emérito, sin embargo, no parece preocupado. Desde su refugio en los Emiratos Árabes Unidos, no solo disfruta de una vida de lujos, sino que continúa gestionando sus negocios y acumulando riqueza, con la tranquilidad de saber que el sistema que durante décadas le protegió sigue haciendo lo mismo. Lo más grotesco es que este supuesto “patriota” prefiere mantener sus fondos en cuentas opacas y paraísos fiscales, lejos de contribuir a la economía del Estado español, al que tantas veces afirmó servir. Su alarde de patriotismo se queda en palabras vacías mientras su dinero alimenta la economía más opaca y fraudulenta del sistema financiero global.

Pero la responsabilidad no recae únicamente en el rey emérito. La Casa Real, lejos de tomar distancia o exigir transparencia, ha optado por el silencio cómplice. Felipe VI, que en repetidas ocasiones se ha presentado como el “renovador” de la institución, no ha hecho nada para garantizar que los actos de su padre sean investigados y juzgados. Al contrario, ha decidido pasar página sin más, como si los desmanes de Juan Carlos no afectaran directamente a la legitimidad de la monarquía. El silencio de Felipe no solo lo convierte en cómplice, sino que pone en evidencia que la renovación de la institución es, en el mejor de los casos, una farsa.

La situación alcanza niveles de tragicomedia con la aparición de la llamada “Fundación Alí Babá”, una estructura supuestamente creada para “gestionar el legado” de la familia real. Aunque el nombre podría parecer una broma de mal gusto, lo cierto es que este tipo de entidades no hacen más que reforzar la opacidad y la desconfianza hacia una institución que, lejos de representar a la ciudadanía, parece estar dedicada a perpetuar su propio privilegio. ¿Cómo se puede justificar la existencia de una fundación de estas características cuando la monarquía ya está bajo sospecha? ¿Por qué la Casa Real sigue sin dar explicaciones claras sobre sus finanzas y sus conexiones?

El Gobierno español, por su parte, no sale mejor parado. En lugar de tomar la iniciativa y exigir rendición de cuentas, se refugia en una estrategia de indiferencia institucional que no solo alimenta la desconfianza ciudadana, sino que demuestra que los pactos de silencio en torno a la monarquía siguen vigentes. La Agencia Tributaria, que no duda en perseguir a pequeños autónomos por errores administrativos, parece incapaz de investigar las cuentas multimillonarias de Juan Carlos en paraísos fiscales. Y la judicatura, que debería actuar con independencia, sigue paralizada, como si temiera las consecuencias de llevar a juicio a quien durante décadas fue intocable.

El problema de fondo no es solo la conducta de Juan Carlos de Borbón, sino el sistema que lo protege. La monarquía, como institución, ha demostrado ser incapaz de adaptarse a los principios democráticos de transparencia y rendición de cuentas. Y las instituciones del Estado español han demostrado, una vez más, que no están dispuestas a enfrentarse a los poderes fácticos que las controlan. Esta combinación de impunidad y complicidad no solo pone en riesgo la credibilidad de la Casa Real, sino la del propio Estado.

La figura de Juan Carlos I, ese “patriota real” que esconde su dinero en las Cuevas de Alí Babá, se ha convertido en el símbolo de un sistema profundamente desigual, donde unos pocos gozan de privilegios mientras la mayoría soporta el peso de las crisis y los recortes. Pero lo que resulta más preocupante es el mensaje que este caso envía a la ciudadanía: en el Estado español, la ley no es igual para todos. Mientras tanto, la Casa Real, en lugar de enfrentarse a su pasado, se aferra a la esperanza de que el tiempo lo borre todo.

El reto no es solo exigir justicia para los actos de un monarca caído en desgracia, sino cuestionar la existencia misma de una institución que se ha demostrado irreformable. Desde Canarias, este caso nos recuerda una vez más la naturaleza de un Estado que, mientras protege a sus élites, ha relegado a territorios como el nuestro a la explotación y el olvido. El camino no es la integración ni la reforma, sino la emancipación de un sistema que ha traicionado a su gente una y otra vez.

La historia de Juan Carlos de Borbón no es solo una anécdota en la decadencia de la monarquía. Es un espejo de la impunidad y la corrupción estructural de un Estado que no ha sabido romper con sus raíces autoritarias. Y mientras el “patriota real” sigue escondiendo su dinero, los ciudadanos, los verdaderos patriotas, son quienes cargan con el peso de un sistema que necesita ser transformado desde sus cimientos.