

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha anunciado su viaje a París para abordar la creciente crisis migratoria que asola el archipiélago. Una vez más, las Islas Canarias se convierten en un peón en el tablero de intereses europeos, mientras la administración española mantiene su estrategia de contención y abandono, utilizando el archipiélago como muro de contención para frenar el flujo migratorio hacia el continente.
En los últimos años, Canarias ha sido testigo de un aumento alarmante en la llegada de migrantes africanos, víctimas de un sistema global desigual que empuja a miles de personas a emprender travesías mortales en busca de una vida digna. En 2023, más de 39.000 personas llegaron a las costas canarias, cifra que se disparó a 46.843 en 2024. Solo en los primeros quince días de 2025, ya se contabilizan más de 3.000 migrantes, consolidando a Canarias como la principal ruta atlántica hacia Europa. Sin embargo, detrás de estos números hay historias de dolor, pérdida y supervivencia, mientras la tragedia humana sigue utilizándose como arma política por parte del Estado español y la Unión Europea.
El reciente naufragio de un cayuco con 86 personas a bordo, que partió desde Mauritania y dejó al menos 50 fallecidos, entre ellos 44 de origen paquistaní, evidencia una vez más la política de fronteras letales impuesta desde Madrid y Bruselas. Canarias, sin voz ni voto en las decisiones que afectan a su futuro, se ve obligada a soportar las consecuencias de políticas diseñadas para proteger los intereses de las potencias europeas, mientras se invisibilizan las causas profundas de esta crisis: la explotación neocolonial de África, el expolio de sus recursos y la perpetuación de conflictos incentivados por intereses extranjeros.
La respuesta del Gobierno de Canarias ha sido limitada y supeditada a la inacción de Madrid, que se niega a asumir responsabilidades reales más allá de discursos vacíos y soluciones a corto plazo. La sobrecarga de los servicios de acogida, especialmente la atención a menores no acompañados, ha generado una situación insostenible, agravada por la falta de recursos y el nulo compromiso del Estado español para redistribuir a estas personas de manera equitativa entre las comunidades autónomas.
El viaje de Clavijo a París es, en esencia, una maniobra de diplomacia subordinada, una súplica ante organismos internacionales que ven en Canarias una simple frontera exterior de la UE, sin importar el impacto que esto tiene en su población. La solución a esta crisis no pasa por pedir limosnas a Europa, sino por cuestionar el modelo de dependencia impuesto a Canarias, reivindicando un papel más activo en la toma de decisiones y exigiendo el fin del trato colonial que ha condenado a las Islas a ser una prisión migratoria a conveniencia de Madrid y Bruselas.
Mientras los gobiernos continúan mirando hacia otro lado, la realidad en las calles de Canarias es otra: comunidades que luchan por acoger con dignidad a quienes llegan, colectivos que denuncian la militarización de las costas y un pueblo que se ve atrapado entre el abandono del Estado español y la indiferencia de Europa. Es hora de romper con esta dinámica colonial y exigir un nuevo modelo basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía real de Canarias.



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