Según datos de la consejería de sanidad del gobierno colonial, en 2015, el 11% de la población canaria mayor de 16 años había tenido ideas sucicidas. Ese porcentaje era especialmente significativo en las franjas de edad consideradas más propias de ser población activa, siendo un 12,3% entre los que tenía edades comprendidas entre los 45 a 64 años y de un 11,56% en aquellos que tenían entre 30 y 44 años. Estos datos se dimensionan mejor cuando se los compara con los datos de España: Un 4% de tasa en cuanto a las ideas suicidas y la franja de edad donde más se daba era entre los mayores de 70 años. En Canarias pues, la propensión a quitarse la vida afecta más a quienes viven toda la dureza de las condiciones de vida laboral o el desempleo. Según la OMS, una tasa de suicidios sólo se considera baja si es menor a 5. La de Canarias era en 2015 de 9,5% y en islas como la Gomera se disparaba hasta 14 y 18. 

Según esos mismos datos, arrojados en el diágnóstico elaborado para el diseño de un plan de salud mental que no se terminó de aprobar hasta 2018, 679.238 canarios tenían un diagnóstico médico por algún trastorno mental (1 de cada 2,88 personas). Si tomamos como referencia estadística que la población del archipiélago en aquel momento era de 2.100.000, podemos hacernos una idea de la altísima incidencia en sufrimiento anímico, emocional y mental que se estaba sufriendo en esos momentos, resaca de la crisis económica producida y los recortes salvajes establecidos por el gobierno español y el colonial.

Más de 242.568 canarios tenían en curso un diagnóstico de estrés severo y/o ansiedad, 149.728 personas un cuadro de depresión y casi 240 mil tomaban medicamentos para combatirlos. 

Ante este stunami de padecimiento, el servicio canario de salud sólo disponía, en unidades de salud mental, 3 psicólogos por cada 100 mil habitantes, las listas de espera eran de más de 3 meses y la atención era de una vez al mes por paciente. 

En 2018 el gobierno colonial saca un plan de salud mental que permaneció entre bastidores casi 5 años. Hoy sigue sin ejecutarse.

No es díficil suponer que, como consecuencia de la pandemia, el confinamiento, el impacto brutal en la economía, los ERTES que no se cobran, la renta mínima vital que no llega, una seguridad social que no sabe no contesta,etc, la situación en la actualidad será de un desborde mayor.

Y ante esta urgencia sanitaria que viene de lejos, ante el estado de malestar crónico que vive este pueblo, ante un modelo económico que está en los cimientos mismos de este drama social colectivo, la dependencia y el colonialismo se nos muestran como una fábrica enorme de enfermedad y sufrimiento en nuestro País, sin que nadie lo remedie.

Dejar de ser una colonia no es sólo una necesidad política, económica y social. También es una emergencia sanitaria.