Canarias: frontera olvidada de la Unión Europea y víctima de su propio estatus

La migración en Canarias es un tema recurrente, pero pocas veces abordado con la profundidad y el contexto que merece.

Las imágenes de embarcaciones sobrecargadas y rescates dramáticos llenan titulares, pero no explican las raíces de un problema que va mucho más allá de los flujos puntuales desde África pues somos la frontera atlántica de la Unión Europea, y eso lo cambia todo.

La verdadera dimensión del fenómeno

Canarias no es simplemente un destino migratorio; es, en términos jurídicos y políticos, la puerta de entrada a la Unión Europea.

Este hecho convierte al Archipiélago Canario en un punto estratégico para quienes buscan un futuro mejor en el continente.

La pertenencia al espacio Schengen como acuerdo de la propia Unión Europea y el estatus de Región Ultraperiférica (RUP) nos sitúan directamente en las rutas migratorias internacionales.

La sociedad canaria, por tanto, vive atrapada entre la solidaridad y la frustración.

Entiende que hay que prestar ayuda humanitaria, pero también percibe, con creciente impotencia, que ni España ni la Unión Europea ofrecen soluciones reales.

La saturación de recursos, la falta de medios y el abandono institucional solo alimentan el malestar, dejando el terreno abonado para discursos de odio que instrumentalizan la desesperación social.

Resulta doloroso ver cómo algunos manipulan símbolos identitarios, como la figura de los antiguos indígenas canarios, para revestir de supuesto canarismo un mensaje de odio.

No podemos permitir que nuestra historia sea utilizada como coartada de ideologías ajenas a nuestra realidad y necesidades.

Un fenómeno migratorio silenciado: la migración aérea

Más grave aún que la llegada irregular en patera es el fenómeno que apenas recibe atención mediática es la migración legal procedente de otros países europeos y terceros Estados.

Cada año, más de 50.000 personas llegan a Canarias por vía aérea para establecerse de forma definitiva.

Lo hacen amparados en el derecho europeo a la libre circulación y residencia, un derecho que, bajo el actual modelo de plena integración en la UE, no podemos regular.

Esta migración, lejos de ser transitoria, impacta de lleno en nuestra capacidad de sostenibilidad pues encarece el mercado inmobiliario, aumenta la presión sobre los servicios públicos, agudiza los problemas de movilidad y degrada nuestros ya limitados espacios naturales.

En barrios como Guanarteme, La Isleta o Puerto-Canteras, en Gran Canaria, se observa con nitidez cómo la población local se ve desplazada por nuevos residentes con mayor capacidad adquisitiva.

Canarias, simple y llanamente, no puede absorber este crecimiento demográfico ilimitado. Somos una Archipiélago, somos islas, con territorios fragmentados y una capacidad de carga ecológica y social que ya está ampliamente sobrepasada.

¿Cómo hemos llegado aquí?

El problema no es nuevo. Desde la firma del Acuerdo Schengen y la integración de Canarias en la UE, y el estatus como RUP, asumimos obligaciones de las que no se nos dotó de medios para afrontar.

Formar parte de Schengen convierte a Canarias en frontera externa de la Unión, pero sin los instrumentos de gestión migratoria propios de un territorio que, además, es insular y frágil.

Por otro lado, el fracaso histórico de las políticas de cooperación al desarrollo de la UE con África ha empujado a miles de personas a buscar alternativas de vida en Europa, pasando inevitablemente por Canarias como única ruta abierta actualmente.

La única salida es cambiar nuestro modelo de relación con Europa

Frente a esta realidad, no podemos seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes.

La solución estructural pasa por modificar nuestro estatus en la UE, transitando del actual modelo de Región Ultraperiférica (RUP) al de País y Territorio de Ultramar (PTU).

Bajo el modelo PTU, Canarias junto con el Estado Español podría negociar un acuerdo específico con la Unión Europea que reconociera nuestras particularidades geográficas, demográficas y socioeconómicas. Tendríamos margen para:

● Regular la residencia de ciudadanos europeos y de terceros países.

● Establecer medidas de protección del mercado inmobiliario y laboral.

● Diseñar políticas de desarrollo y cooperación adaptadas a nuestra país canario.

● Acceder a fondos específicos para mejorar infraestructuras, servicios y cohesión social.

En definitiva, pasar a ser PTU no implica salir de Europa, sino redefinir nuestra relación con ella para garantizar la supervivencia de nuestras islas como espacios habitables para su población histórica y para los que actualmente conviven respetuosamente en ellas.

Canarias necesita valentía política

Lamentablemente, la mayoría de nuestros representantes públicos no se atreven a plantearlo. Prefieren mirar hacia otro lado, temerosos de romper el conformismo que tantas veces se vende como prudencia.

Pero seguir como hasta ahora nos llevará, más temprano que tarde, a un colapso social, económico y medioambiental.

No podemos permitir que nuestro Archipiélago se convierta en mera plataforma de tránsito o en colonias turísticas y residenciales para quienes buscan un paraíso a costa de nuestra calidad de vida.

Canarias debe actuar. No desde el enfrentamiento social, ni desde la xenofobia que algunos irresponsablemente promueven, sino desde la defensa firme, serena y estratégica de nuestro futuro.

La Unión Europa y el Estado Español deben entender que nuestras realidades no son las de Bruselas, París o Madrid.

Necesitamos herramientas jurídicas, un marco diferencial que nos permita proteger nuestro territorio, a nuestra gente y nuestra identidad cultural.

El cambio de estatus a PTU no es una opción ideológica, es una necesidad vital.

Es hora de que Canarias, y su sociedad civil, decida si quiere seguir siendo frontera obligada o decide convertirse en protagonista de su propio destino. Esa decisión compete a la sociedad civil canaria y no a quienes gobiernan que creen disponer de un cheque en blanco.