EL "CAMPO CANARIO" SE REBELA : Cuatro voces canarias contra la ley que devuelve el negocio turístico al gran capital

Hace apenas dos generaciones, las familias de María, Antonio, Lucía y Pedro vivían de lo que daba la tierra. Cultivaban papas, cuidaban cabras, recogían almendras. Hasta que el progreso llegó con traje europeo y acento colonial: cuotas de producción, prohibiciones de pastoreo, restricciones medioambientales que arrinconaron la agricultura y la ganadería local hasta dejarlas moribundas.

Cuando el campo dejó de dar, buscaron una salida. Rehabilitaron las casas de sus abuelos y las convirtieron en pequeñas viviendas vacacionales. No era lujo ni especulación: era una forma de quedarse, de vivir dignamente, de mantener con vida los pueblos que el olvido institucional había dejado vacíos.

“Nosotros no estamos en contra de que se regule”, dice María González, desde La Orotava. “Lo que pasaba en las ciudades era un desastre. Estaban echando a los canarios de sus barrios. Pero lo que no tiene sentido es que, para resolver eso, castiguen a la gente del interior. Regular sí, pero con justicia, no con servilismo”.

La nueva Ley de Vivienda Vacacional, impulsada por el gobierno colonial de Canarias, ha encendido todas las alarmas. El texto promete “ordenar el mercado y proteger el derecho a la vivienda”, pero en los pueblos y zonas rurales se vive como un golpe directo a los pequeños propietarios.

Los requisitos que impone —informes técnicos, infraestructuras imposibles, trámites sin fin— dejan fuera a quienes más han contribuido a diversificar el modelo turístico.

“Nos abocan a la ilegalidad”, lamenta Antonio Pérez, de Agaete. “Ahora sí que decenas de miles de viviendas vacacionales quedarán funcionando en la clandestinidad. No porque queramos saltarnos la ley, sino porque la ley nos deja sin opciones. Es aberrante que un partido que se dice nacionalista, como Coalición Canaria, se venda al capital extranjero. O que otro, que presume de apoyar la iniciativa privada y el espíritu emprendedor, nos meta la pata encima”.
Durante los últimos años, la vivienda vacacional había sido una tabla de salvación para los pueblos del interior: mantenía viva la economía local, sostenía los pequeños comercios, daba empleo a vecinos que ya no podían vivir del campo.

“Aquí en Tejeda estábamos volviendo a ver vida en las calles”, cuenta Lucía Martín. “Jóvenes que se quedaban, tiendas que no cerraban, casas que volvían a tener luz. Era un turismo distinto, más humano. Pero el gran capital no soporta que el pueblo haya encontrado una manera de sobrevivir sin ellos”.

El discurso oficial habla de sostenibilidad, pero los hechos apuntan en otra dirección: los grandes grupos hoteleros siguen expandiéndose por la costa, mientras las viviendas familiares son asfixiadas por la normativa.

“Dicen que quieren proteger el territorio”, interviene Pedro Rodríguez, de Garachico, “pero lo que hacen es vaciarlo. La ley no toca a los que contaminan ni a los que especulan con suelo turístico. Solo a los que intentamos vivir de lo nuestro”.
Los datos refuerzan la sospecha: más del 80 % del negocio turístico en Canarias está controlado por grandes corporaciones con capital extranjero, según cifras citadas por Hijos de Canarias. El pequeño propietario local apenas representa una fracción del mercado, pero soporta la mayor parte del peso regulatorio.

Y mientras tanto, el modelo hotelero se blinda.Los precios de los grandes complejos han alcanzado cifras prohibitivas.

“Han colocado sus tarifas tan altas que los propios canarios ya no podrán permitirse ni unos días de descanso”, denuncia Pedro. “El canario, en la tierra del turismo, será el único que no tenga vacaciones en su propia tierra. Es el colmo del colonialismo económico”.
Para María, la sensación es de traición:

“Nos vendieron la idea del turismo como oportunidad, y ahora resulta que solo era para ellos. Nos usan como decorado, pero no quieren que vivamos de lo mismo. Somos los anfitriones pobres de un banquete al que no estamos invitados”.
En los pueblos del interior, la nueva ley se vive como una reconquista del capital sobre el esfuerzo popular. Lo que empezó como una alternativa de resistencia —rehabilitar, alquilar, mantener el territorio— se convierte en un delito administrativo.

“Nos empujan a la clandestinidad, a volver a las sombras”, resume Antonio. “Y lo peor es que lo hacen hablando de sostenibilidad y progreso. Eso tiene un nombre: hipocresía colonial”.

La promesa de orden y equilibrio se ha roto. Lo que queda es la vieja lógica de la dependencia: los grandes fondos amasan beneficios, el Gobierno se aplaude a sí mismo, y los canarios de a pie vuelven a mirar desde fuera el escaparate del turismo.

“Nos quitaron el campo, nos quitaron el mar y ahora nos quieren quitar las casas”, sentencia Lucía, con un hilo de voz firme. “Pero aquí seguimos. Porque aunque quieran borrarnos, el alma de estas islas sigue en los pueblos, no en los hoteles”.