VISOCAN O LA IMPUNIDAD DE LAS ADMINISTRACIONES CANARIAS.

CONUNICADO INTEGRO DE LA ACAMPADA REIVINDICATIVA

Ayer denunciábamos la impunidad que sufren las personas sin hogar en Santa Cruz de Tenerife, y hoy vamos con la impunidad con la que se mueve la empresa pública Visocan desde hace muchos años, impunidad como seña de identidad de las Administraciones Canarias, aquí todo el mundo hace lo que le da la gana sin consecuencias. 

El asunto de Visocan es que al fin se han dignado a contestar a los repetidos requerimientos de la Diputada del Común. Adjuntamos la contestación porque no tiene desperdicio, repleta de mala fe, medias verdades y voluntad clara de confundir. Al menos admiten que le están cobrando el IBI a un montón de familias cuando no corresponde, pero intentan justificarlo alegando que las familias aceptaron voluntariamente. Como si el contrato fuera una negociación abierta, como si las familias tuvieran la obligación de saberse la ley.

También intentan confundir argumentando que son pocas las familias o que hay un supuesto cambio de ley, cuando no hay ningún cambio de ley es el Tribunal Supremo recordando la ley a las administraciones que la entienden mal.

En resumen, intención clara de confundir para no admitir la ilegalidad deliberada que han aplicado sobre tantas familias en Canarias durante tantos años, con las consecuencias tan graves para su economía y su estabilidad emocional. 

Tampoco hay en el escrito de respuesta de Visocan voluntad alguna de dejar de cobrar el IBI y devolver el dinero cobrado ilegalmente. 

Adjuntamos nuestra respuesta clara y contundente, esperando que el litigio tenga pronta y justa resolución favorable a las familias.

LA CARTA A LA DIPUTADA DEL COMÚN: Denuncian a Visocan por presunto cobro indebido y mala gestión en viviendas sociales de Canarias

La Acampada Reivindicativa Lolo Dorta, liderada por su portavoz Eloy Cuadra Pedrini, ha elevado una denuncia formal ante la Diputación del Común contra la empresa pública Visocan, responsable de la gestión de viviendas sociales en Canarias. En las alegaciones presentadas, acusan a la entidad de múltiples irregularidades, desde el presunto cobro indebido del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) hasta deficiencias graves en la gestión y mantenimiento de las propiedades.

Las denuncias

En el documento, Cuadra Pedrini señala que Visocan habría aplicado el IBI a miles de inquilinos de viviendas sociales en contratos impuestos de manera unilateral, ignorando la normativa vigente desde 1994. Según el portavoz, esta práctica fue desmentida por el Tribunal Supremo, que recordó que la Ley de Arrendamientos Urbanos prohíbe cargar este impuesto a los arrendatarios de viviendas sociales.

Además, se acusa a Visocan de generar deudas impagables para las familias debido a alquileres elevados –en muchos casos superiores a los 500 euros mensuales– y de amenazar con desahucios a quienes no pueden afrontar los pagos. “No es una opción, es una imposición. Las familias tienen que pagar o enfrentarse a quedarse en la calle”, asegura la denuncia.

Entre las irregularidades también destacan las deficiencias en el mantenimiento de los inmuebles. Se mencionan problemas como ascensores averiados durante meses o años en edificios altos, afectando gravemente a personas mayores, enfermas o con movilidad reducida.

Mala gestión estructural

La denuncia también apunta a problemas sistémicos en la administración de Visocan, como inversiones en fondos de alto riesgo, deudas millonarias, falta de promoción de vivienda pública durante décadas y nepotismo en la designación de cargos.

Solicitudes a la Diputación del Común

La Acampada Lolo Dorta ha solicitado a la Diputación del Común que actúe en defensa de las familias afectadas. Entre sus peticiones se incluyen:

1. Anulación del cobro del IBI y devolución de lo cobrado indebidamente.

2. Cancelación de deudas derivadas de estas prácticas ilegales.

3. Redacción de nuevos contratos adaptados a la legalidad vigente y asequibles para las familias.

4. Remisión del caso a la Fiscalía por posibles delitos.

5. Disolución de Visocan por sus malas prácticas y sustitución por una nueva entidad pública eficiente y transparente.

Impacto en las familias

La organización denuncia que las prácticas de Visocan han generado un profundo impacto emocional y económico en las familias más vulnerables, colocándolas en un estado de estrés constante por el temor a perder sus hogares.

Con esta denuncia, la Acampada Lolo Dorta busca no solo reparar los daños sufridos, sino también impulsar un cambio estructural en la gestión de las viviendas sociales en Canarias.

LA RESPUESTA DE LA DIPUTADA DEL COMÚN 

Y sí, la diputada del Común respondió pero se limitó a las vaguedades de siempre. A grosso modo su texto se resumen en:

1. Ausencia de soluciones concretas: Aunque se describe el marco normativo y los procedimientos que VISOCAN sigue, la respuesta no aborda las problemáticas específicas que enfrentan los inquilinos. La explicación de los acuerdos de deuda, por ejemplo, no soluciona el hecho de que estas personas ya enfrentan dificultades económicas graves. No se presentan propuestas para aliviar esta situación más allá de adherirse a la normativa.

2. Falta de sensibilidad ante las demoras en reparaciones: La declaración de que las solicitudes de reparaciones se tramitan según urgencia es insuficiente. No se aclaran plazos específicos ni medidas para reducir los tiempos de espera, lo que puede generar incertidumbre en los inquilinos afectados.

3. Transferencia de responsabilidad al Instituto Canario de la Vivienda: La afirmación de que VISOCAN no dispone de las resoluciones necesarias y que estas deben solicitarse directamente al Instituto Canario de la Vivienda refleja una falta de coordinación interinstitucional. Esto obliga a los ciudadanos a gestionar sus problemas con múltiples entidades, lo que puede resultar frustrante y burocráticamente complejo.

4. Silencio sobre problemas estructurales: No se aborda cómo VISOCAN planea gestionar la acumulación de deudas o la creciente demanda de ayudas al alquiler en un contexto de crisis habitacional en Canarias. La referencia al decreto 32/2020 se limita a una justificación normativa, sin una reflexión crítica o autocrítica sobre su eficacia.

5. Carencia de compromiso tangible: Aunque se menciona que se ampliará la investigación con VISOCAN y el Instituto Canario de la Vivienda, no se especifican objetivos claros ni plazos para ofrecer una solución definitiva. Esto puede percibirse como una acción dilatoria más que una respuesta activa a los problemas señalados.

En resumen, si bien la respuesta de la Diputada del Común cumple con la formalidad de informar sobre la situación y los procedimientos, carece de empatía, soluciones específicas y un plan de acción para resolver los problemas estructurales de acceso a la vivienda en Canarias. La ciudadanía merece una respuesta más comprometida que contemple medidas concretas y coordinadas entre las instituciones responsables.