
LOS PROPIETARIOS CANARIOS DE APARTAMENTOS "DISPUESTOS A TODO" PARA DEFENDERSE DEL "COLONIALISMO EUROPEO"
Son más de 40.000 propietarios y están " en pie de guerra". Agrupados desde hace años en una asociación para defenderse de la ley que los "condena" por no querer ceder sus propiedades a operadores turísticos extranjeros, aseguran que son cientos los que ya han recibido multas por su negativa "al chantaje". "Es inconcebible, que sea precisamente un gobierno, que se llama canario, el que haya impuesto la voluntad de los extranjeros", afirma un portavoz de los afectados, un canario que heredó esa propiedad de sus padres hace 20 años. LA RAÍZ ha hablado con algunos de ellos. Se lo contamos.
CANARIAS30 de diciembre de 2023

Andrés recibió por correo, el dia 13 de Diciembre, una comunicación de sanción por parte del gobierno autónomo de 2000 euros. "Hasta por la fecha elegida, bien parece una extorsión más", afirma. La razón es su negativa a ceder su propiedad a un operador turístico extranjero, que casi se ha adueñado del complejo en el que, hace 35 años, compró su padre el apartamento. Y como él, son más de cien los propietarios sancionados ya por esa misma "resistencia", por querer mantener para su uso residencial o particular, lo que, amparados en leyes de rango superior, siempre ha sido su propiedad.
"Esto parece una expropiación en diferido", señala Andrea. Ella compró su apartamento en Fuerteventura gracias a un golpe de suerte en un juego de azar hace 20 años. En él pasó muchos veranos con su familia y, por malas experiencias de otros propietarios de su complejo, nunca quiso cederlo para explotación. Lleva más de 3 años sometida a una presión "indescriptible" por parte de la empresa extranjera que ya controla el 90% del complejo. También recibió sanción hace unos días y "amenaza" de incrementarse la cuantía en caso de " reincidir". "Nos tratan como a delincuentes y todo por no querer someternos", añade Andrea.
A J.S.A le llegó hace 5 días la misma sanción y cuantía. Ella tiene un piso en el sur de Gran Canaria y se queja de la situación de indefensión en que se encuentra. Heredó este apartamento de su padre, que lo compró en los años 60, cuando el turismo ni siquiera había despegado en Playa del Inglés.
Para Maribé Doreste, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística, se trata de una "ofensiva en todo regla" y no da abasto asesorando a las familias afectadas. “No quieren a los canarios en las zonas con potencialidad turística”, asegura.
La plataforma ha recurrido el Plan Insular de Ordenación (PIO) de Gran Canaria, porque entiende que perpetúa que se favorezca a los explotadores turísticos y no que los propietarios canarios puedan hacer uso de estas propiedades. De fondo está la ley que en 2013, el llamado gobierno canario, entonces capitaneado por CC, pactó en secreto con los opetadores extranjwros: que los dueños de los apartamentos no podrán alquilarlo por su cuenta, sino que debe hacerse cargo una única empresa explotadora (normalmente de fuera de las Islas). Más aún, tampoco podrían residir en ellos. ""Toda una colonización, un apartheid a los canarios", sentencia Pedro S., que por temor, nos pide no publicar su nombre completo.
El mismo gobierno, que se llama canario y hace la vista gorda a cientos de irregularidades cometidas por los "operadores turísticos", lanza ahora a sus inspectores contra los propietarios canarios. Indecente, intolerable y impresentable.
" Para el canario, las migajas", afirma J.S.A. “Llegábamos a recibir 200 euros cuando el explotador alquilaba el apartamento en 900”, lamenta. Muchas otras familias han ido pagando con mucho esfuerzo estos apartamentos en el sur, que tanto animaban a los canarios y canarias a comprar hace unas décadas. Ahora, sin embargo, se ven acorralados al tener que cederlos.
La presidenta de la plataforma de afectados resume que esas sanciones lo que están diciendo es que “si usted tiene una propiedad o una vivienda la tiene que forzosamente destinar al uso turístico, pero no lo puede hacer usted sino a través de un explotador turístico que te paga lo que le da la gana y usa lo que es tuyo para sacar dinero, que se tributa fuera”.
Señala que ya están llegando resoluciones a personas cuyo apartamento es su única alternativa como vivienda, como es el caso de una joven que acudió a la plataforma de afectados esta semana. “Están convirtiendo un espacio de producción social en un espacio de producción económica y esto implica el desplazamiento forzoso de población canaria".
Maribé Doreste remarca que tal y como está la situación de la vivienda, no entiende que se impongan estas multas. “No entendemos esta contradicción que la consejera de Turismo, que va a dios rogando y con un mazo dando. Por un lado, quiere proteger las viviendas para la gente y, por otro, te la quita porque dice que tu vivienda tienes que alquilarla para un uso turístico”. Insiste en que ante la situación alarmante de la vivienda en las Islas se dan muchos casos en que estas personas quieren alquilar sus apartamentos por largas temporadas, por ejemplo, a trabajadores de la hostelería. También se da el caso de padres que quieren ayudar sus hijos, entre otros. “Son en muchos casos segundas residencias de muchas personas pero no son millonarios, son trabajadores de a pie que con sus esfuerzos han conseguido tener una vivienda”, destaca.
"Que nadie piense que, en mi propia tierra, me pueden tratar como un trapo, porque conmigo eso no va a pasar. El sacrificio de mis padres no se lo va a tragar un fondo buitre extranjero. Habrá que plantearse lo de un nacionalismo que de verdad nos defienda y no estos vendidos". Son afirmaciones de Victor Lorenzo, que arremete contra Marichal, el hoy teniente alcalde de San Bartolomé de Tirajana (CC), que prometió ayudarles durante la campaña electoral y hoy está " en sus asuntos y escondido".


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