CAPITALISMO SALVAJE VERSUS SECTOR PÚBLICO DE BENEFICIENCIA

Este martes 12 de marzo 210 personas del municipio de Arona en el sur de Tenerife, incluidos muchos niños, se verán en la calle sin solución habitacional alguna ni respuesta por parte de las administraciones competentes salvo milagro de última hora. Los desahucian de un edificio inacabado que lleva más de 30 años abandonado. No recuerdo nunca antes un caso de desahucio masivo como este, en el que las administraciones claudiquen y se declaren manifiestamente incompetentes dejándolos literalmente en la calle. Es un caso excepcional, para empezar porque los desahucios no son tan masivos, suelen ser viviendas unifamiliares o a lo sumo unas cuantas, no muchas, y se tapa, no sale en los medios o se busca una solución de emergencia, aunque sea temporal. El hecho de que este desahucio masivo se vaya a producir y que la sociedad se lo trague y no haya respuestas ni soluciones desde las administraciones, debiendo las familias irse a la playa, a una cueva o a donde buenamente puedan, como se está diciendo, nos arroja de bruces ante lo que son nuestras sociedades actuales: un ¡Sálvese quien pueda! en toda regla, donde las administraciones no están para nada y el dinero no llega para cubrir un montón de necesidades básicas, por mucho que tengas trabajo o algún tipo de ayuda, como es el caso de muchos de los que viven en ese edificio de Arona. Se constata pues el triunfo del capitalismo salvaje sobre la democracia, sobre el estado del bienestar o sobre cualquier otra forma de gobierno donde la justicia tenga algo que decir. Con todo, lo peor no es que esto pase, es que además soplan vientos fuertes a favor de este capitalismo salvaje, y no se prevé ni se vislumbran políticos o movimientos ciudadanos que presionen para que las administraciones y el sector público puedan repartir un poco más de justicia social, en este mercado persa que son nuestras sociedades modernas.

 
En este punto, a los que aún creemos que podemos hacer de nuestra sociedad un lugar más justo y humano, nos quedan dos opciones: (1) una bastante utópica para los tiempos que corren, seguir pensando y trabajando por darle la vuelta al sistema y hacer que los vientos soplen en dirección contraria, y se ponga coto a las corporaciones, a los fondos de inversión que ya controlan el 50% de la inversión extranjera en España (es la financiarización del mundo) y a esa entente perversa y corrupta que conforman la política y la economía; (2) y otra bastante más realista y menos ambiciosa, aunque no por ello sencilla, que abogaría por extender la cobertura de un sector público de beneficencia a otros derechos básicos hasta ahora no atendidos. Lo que intento explicar lo entenderán mejor con lo que explicaré a continuación, aunque se trata básicamente de asumir la derrota, de desmontar ciertas falacias, y pedir al menos un mínimo de justicia, para evitar que nuestra realidad empeore hasta extremos insoportables. Aunque asumir esta derrota no implica, aclaro, que no vayamos a seguir luchando por la opción número uno más utópica.
 
Y el asunto se explica atendiendo a derechos básicos donde sí hay sector público. Así las cosas, si hoy la mayoría de la gente entiende que la sanidad pública es una sanidad de beneficencia, de emergencias, para situaciones de salud graves, accidentes, calamidades, con muchas deficiencias, con profesionales quemados o mal pagados, con las urgencias colapsadas, listas de espera eternas y especialidades que ni se cubren, y todo aquel que tiene algo de dinero lo sabe y contrata un seguro médico privado, y los funcionarios tienen todos mutuas privadas, de modo que ya casi son solo los pobres los que tienen solo sanidad pública, aceptando que la esperanza de vida es mucho mayor en personas con mayor poder adquisitivo, en parte por esta mayor cobertura sanitaria que tienen los que tienen dinero. Y si esto sucede también con la educación pública, con los profesores quemados, con ansiedad y depresión generalizadas, con aulas con ratios excesivos y alumnos de familias de clase media-baja, de mil nacionalidades distintas, con muchos niños arrastrando problemas familiares o alimenticios añadidos, de modo que todo aquel que tiene dinero sabe que tendrá que llevar a sus hijos a colegios concertados o privados, y deberá guardar dinero para un máster o un grado universitario muy costosos, y aceptamos que eso del ascensor social es un cuento que ya apenas se cumple. ¿Por qué no hay sector público de beneficencia que cubra otros derechos básicos fundamentales como la vivienda o la alimentación? Dicho de otra manera: hoy en España la gente pobre sabe que aún siendo pobre podrá ir a un hospital a que la atiendan mínimamente, y sus hijos podrán estudiar en un colegio público hasta la mayoría de edad, mejor o peor, ¿pero qué pasa si no se tiene donde vivir, ni le llega a la mayoría el dinero para poder comer con un mínimo de dignidad?, ¿de qué sirven sanidad y educación, aunque sean muy básicas y defectuosas, sin comida ni casa? Hasta ahora, especialmente en España, el derecho a la vivienda y el derecho a la alimentación quedaban al albur del mercado libre, bajo el imperativo de la ley de la oferta y la demanda, pero una política de sueldos bajos, sumadas la inflación provocada y la hiperespeculación que sufren tanto Canarias como la mayoría del país, con una clase política corrupta, cobarde y vendida, nos arrojan como resultado que buena parte de la población española y especialmente canaria no tienen donde vivir, aunque sea un minipiso, ni para poder comer, aunque sea comida poco saludable.
 
El problema de aceptar esta realidad, con una sociedad totalmente partida, es que si la gente no tiene ni casa, ni comida suficiente, literalmente dejarán de existir, como estas familias de Arona, o se mueren o se marchan, y así el sistema dejará de funcionar, incluso bajo las leyes de este capitalismo salvaje, no habrá gente suficiente, no habrá relevo generacional, salvo que estemos dispuestos a mal vivir donde sea y como sea. ¿O acaso creen que con la política de vivienda y las medidas que se están tomando en cuestiones alimentarias desde el Gobierno de Canarias o desde el Gobierno Central se va a solucionar algo, y bajarán los precios de la vivienda, y habrá más viviendas asequibles, y la comida bajará de precio? Saben que no va a ser así, y no lo será de seguro en Canarias, con en torno al 1% de viviendas públicas y la cesta de la compra más cara de todo el país, con todo el mundo especulando con ambos derechos y medio mundo queriendo venir a vivir a Canarias.
 
En conclusión, lo que pretendo decir con este artículo, es que está bien, que han ganado: el capitalismo salvaje de la escasez y de la guerra ha triunfado, ustedes ganan, pero tengan cuidado sus señorías no vayan a morir de éxito, y preocúpense, en especial en sociedades como la canaria, donde la desigualdad es tan grande, de proveer servicios públicos de beneficencia, como mínimo en sanidad, en educación, en vivienda, en alimentación y en los cuidados, de lo contrario, su “bonito paraíso” ultraliberal colapsará igualmente, o, como mínimo, les quedará tan feo y tan groseramente desigual que les será imposible presentarlo como algo mínimamente decente.