Según el eminente filósofo norteamericano John Rawls (1921-2002), uno de los teóricos políticos más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y autor -entre su amplia bibliografía- de la obra: "A Theory of Justice" ("Una teoría de la Justicia"), "Estados forajidos" son aquellos cuyos gobiernos estructuran decisiones internas y externas sin ninguna consideración por los derechos humanos, donde la juridicidad es una ficción unilateral y en los que la articulación ética que brindan la moral y las leyes ha sido sustituida por un comportamiento propio de bandidos que son integrantes aventajados de una cínica puesta en escena donde todo se finge y en la que a todo se responde con dosis de histrionismo inverosímil.

También la nomenclatura internacional incorporó a su profuso glosario pos guerra fría la expresión Estado forajido, con la cual se identifica a aquellos Estados nacionales cuyas autoridades tienen un comportamiento contrario o al margen de la comunidad internacional, incumpliendo los convenios internacionales válidamente suscritos y vigentes y descartando las decisiones tomadas por los organismos internacionales encargados de garantizar la paz y el orden mundial.

La aplicación de ese calificativo ha sido propiciada por los Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea y Japón, siendo sus principales destinatarios países árabes, asiáticos y latinoamericanos, que son beligerantes con las políticas hegemónicas emanadas de los gobiernos USA, tales como Corea del Norte, Irán, Siria, Libia, Cuba e Irak, en la época de Sadam Hussein. A los que han incorporado ahora la Venezuela de Hugo Chávez, la Bolivia de Evo Morales y el Ecuador de Rafael Correa. Sin embargo, contrario a sus detractores, estos países son miembros permanentes de la ONU y otras organizaciones internacionales, cumplidores de sus obligaciones con la comunidad internacional y actores principales en la solución de importantes conflictos regionales; pero su "crimen", a los ojos del imperio yanqui, ha sido oponerse con dignidad y firmeza a la política de ingerencia, agresora y terrorista que los gobiernos norteamericanos (tanto de la administración republicana, como de la demócrata) han impulsado con el fin de imponer su visión y dominio de un mundo globalizado unipolar al servicio del capital financiero internacional. Ello justificaría que para algunos analistas de los países citados, EEUU e Israel sean fieles exponentes de "Estados forajidos", y miembros cualificados del único y verdadero "Eje del Mal".

Para buscarle una significación precisa a este término, hemos de señalar que el "Estado forajido" genera, por sí mismo, y ampara un "Gobierno forajido". Una peligrosa y terrorífica simbiosis, absolutamente devastadora. De tal forma que, sin dejar de ser ambos indisociables, tendríamos que hablar de "Gobierno forajido", por ser este quien actúa en nombre del Estado, ser su representante y quien aplica las políticas públicas por cuenta del mismo. Así, podemos concluir que "Gobierno forajido" es todo poder político de una nación que se sale de las normas del Derecho Internacional. Es decir, toda nación que por decisión de su gobierno o de quien detenta el poder comete tropelías y desmanes que conculcan la legalidad internacional.

La historia universal está llena de naciones agresoras y transgresoras; pero el caso más paradigmático a escala planetaria, de "Estado forajido", lo representa España. Una rancia nación, con importantes antecedentes históricos (¡y penales!), cuyo territorio fue cohesionado artificiosamente a fuerza de cruentas batallas entre reinos de taifas, y que desde su fundación -y ya desde su gestación- invadió y masacró pueblos enteros allende los mares, empezando por Canarias, su primera y última colonia. Siguiendo por Sudamérica y otros territorios, a los que logró sujetar férreamente, formando un enorme imperio donde no se ponía el sol. En cuya hispánica "piel de toro", y con el paso de los siglos, se fueron sucediendo ininterrumpidamente guerras fraticidas, cruentos golpes de Estado, dictaduras y un sinfín de episodios, magistralmente relatados por nuestro insigne Benito Pérez Galdós. Acontecimientos que sitúan a España ante el juicio sumarísimo de la historia, al ser culpable (¡nada presunta!) de genocidio y delitos de lesa humanidad perpetrados contra poblaciones aborígenes indefensas que habitaban pacíficamente esos confines. Delitos que son imprescriptibles, pese al tiempo transcurrido, y de los que el "Estado forajido" español tendrá que rendir cuantas, tarde o temprano, ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. España es también culpable de terrorismo de Estado por el caso GAL y otros, y del execrable intento de asesinato a Antonio Cubillo, líder del MPAIAC, para impedirle que entregara, al Comité de Descolonización de Naciones Unidas, el "Dossier Canarias".

España participó, de la mano de Norteamérica, en la invasión ilegal de Irak desoyendo el mandato de la ONU. Como asimismo incumple flagrantemente la Resolución 1.514 (XV) de Naciones Unidas, que firmara en su día, relativa a la descolonización de los pueblos; ¡entre ellos, el pueblo canario, al que coloniza y expolia despiadadamente desde hace más de seis siglos! España promulga leyes de derecho interno ilegales, como la fantasmagórica Ley 15/78 de 20 de febrero, sobre Zona Económica Exclusiva española (¡que no está desarrollada!), y que es contraria y opuesta al vigente Derecho Internacional Marítimo; con la filibustera pretensión de tener extensiones extras de su exigua ZEE en otro continente y en distinto océano, y apropiarse de los recursos que contienen. Léase Canarias.

Esa denominada "Carta Magna", la Constitución española de 1978, que nos fue impuesta, y que los patriotas canarios acatamos por imperativo legal, es un texto "apañado" que consagra a una monarquía que no fue plebiscitada, sino impuesta por el dictador, y que no se corresponde, en absoluto, con la pluralidad territorial, cultural e idiosincrasia de los distintos pueblos que conforman ese Estado español. Y cuyos ponentes constitucionales, para no "institucionalizar" los llamados "nacionalismos históricos", acuñaron el término nacionalidad, que constituye una aberración semántica y una perversión jurídica del concepto de nacionalismo. Lo que propicia, además, una permanente confrontación larvada "nacionalismo español" vs "nacionalismos periféricos".

España se autoproclama como un "Estado de derecho", pero en realidad es un "Estado torcido", porque los tres poderes fundamentales en los que se sustenta el auténtico Estado de derecho, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ni son independientes ni cosa que se les parezca (¡si Montesquieau levantara la cabeza!). Al fiscal general del Estado lo nombra el Gobierno de turno, con lo cual queda en entredicho y seriamente cuestionada su debida neutralidad e independencia. El Parlamento está mediatizado por una ley electoral injusta que prima a las mayorías en claro perjuicio de las minorías; lo que hace de España una dictatorial partitocracia bipartidista. El poder judicial, en el que los partidos políticos tienen sus cuotas de jueces afines, está dividido y enfrentado en asociaciones corporativistas de "jueces progresistas" y "jueces conservadores"Â…, y así sucesivamente. Por todo lo expuesto, cabe afirmar que España es un detestable "Estado forajido" que incumple, sistemáticamente, y a sabiendas, la legalidad internacional.

Ramón Moreno Castilla (Periódico El Día, Octubre de 2010)