AR LOLO DORTA:¿DÓNDE ESTÁN LOS QUE DEFIENDEN EL DERECHO A LA VIVIENDA?

 
Continuamos sabiendo de las medidas estrella que planea el Gobierno de Canarias para habilitar vivienda en alquiler en Canarias. Sus dos últimos anuncios: 1) aprobar incentivos fiscales a los propietarios de vivienda para que las pongan así en alquiler de larga temporada, una propuesta que viene de PSOE y Nueva Canarias, 2) y comprar viviendas vacías a precios de mercado para alquilarlas también casi a precios de mercado. Y desde la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta no podemos más que alertar de lo erradas y peligrosas que son estas medidas abiertamente liberales, que por otra parte tampoco apuntan al verdadero problema de raíz de la vivienda en Canarias. Así, dicho por la mayoría de expertos en vivienda que hay en el país, el problema de la vivienda en España y por supuesto también en Canarias se objetiva en dos factores fundamentales: uno, la casi total ausencia de viviendas sociales y su promoción cero en los últimos 20 años (Canarias tiene en torno al 1%, y la media española está en el 2,5%, cuando la media europea está en el 10%, con países que llegan hasta el 30%), y dos, la excesiva mercantilización del sector, donde todos los agentes buscan el máximo beneficio posible olvidando que todas las normativas internacionales y estatales que regulan la vivienda afirman la primacía de la función social de la misma (el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 31 de la Carta Social Europea Revisada, en el artículo 34.3 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, en los artículos 47 y 33 de la Constitución Española, o en el artículo 2 de la Ley de Vivienda de Canarias, entre otras normativas).

Si se entiende bien lo que acabamos de explicar, se entenderá también bien que si se trata de establecer medidas fiscales para incentivar la puesta en alquiler de la vivienda vacía, las propuestas deberán ir sobretodo en sentido contrario a las que pretende aplicar el Gobierno de Canarias, esto es: no en aumentar los beneficios de los propietarios ya de por sí muy elevados, regándolos a bonificaciones y facilidades, no en todo caso al menos, y sí en gravar con impuestos adicionales y recargos a la vivienda vacía (211.000 en Canarias), en especial a la vivienda vacía de grandes tenedores, fondos buitre y demás especuladores.  Pero es que además esta medida de bonificaciones ya se intentó en ayuntamientos como el de La Laguna y también la intentó Visocan en la pasada legislatura con resultados en ambos casos desastrosos, y ello por dos razones fundamentales: porque los beneficios que arroja la vivienda son tan altos que unas cuantas bonificaciones fiscales no van a hacer cambiar a los propietarios su estrategia, porque además es conocida la falta de seriedad y rigor en la gestión de las Administraciones Públicas, y los propietarios no se fían. Por otra parte, con las bonificaciones estamos dejando de ingresar en las arcas públicas un dinero que hace falta, y se establece un privilegio importante para los propietarios de vivienda que no disfrutan otros propietarios. ¿Habrá también bonificaciones fiscales para los que alquilan locales, trasteros, garajes o coches, por ejemplo?

Se trata pues de apostar por defender sin miedo la función social de la vivienda frente al derecho a especular con un bien básico (igual que no se puede especular con otros bienes de interés general cuando son escasos), y se trata también de copiar lo que hacen bien en otros lugares. Así, hay países en Europa que gravan de manera importante la vivienda vacía, en otros países como Holanda o Bélgica directamente se aplican expropiaciones de viviendas vacías para ponerlas en alquiler social, y en Comunidades como la valenciana o Baleares los anteriores ejecutivos aprobaron normativas que establecían expropiaciones temporales a grandes tenedores, aunque los gobiernos actuales de PP y Vox no están por aplicarlas, lamentablemente. Esta última medida es algo que también intentó en el pasado el presidente Paulino Rivero, pero los de CC y PSOE lo hicieron tan mal que lo tumbaron en el Tribunal Constitucional. 

En lo relativo a la segunda medida que plantea el Gobierno de Canarias, nos parece tanto o más errada que la primera, pues si nos vamos a lo que leemos en el periódico El Día del pasado 22 de mayo, parece que el Gobierno de Canarias pretende comprar 90 viviendas por 9 millones de euros, lo que nos da un precio de venta de 100.000 euros por vivienda, un precio al que habrá que sumarle seguramente cantidades adicionales, y estaremos hablando de viviendas que se compran a precios de mercado, a costa del erario público. ¿A qué empresa se favorece?, ¿seguimos con los pelotazos?, ¿cuántas más viviendas se van a poder comprar a estos precios? ¿Por qué no aprueba el Gobierno de Canarias la ley de Tanteo y Retracto ya aprobada en otras comunidades, que no es otra cosa que el derecho de adquisición preferente de vivienda de la Administración Pública? La Comunidad Valenciana la aprobó en su anterior legislatura y compró viviendas a 29 euros y hasta a un euro, evitando que cayeran en manos de fondos buitre. Pero claro, aprobar una ley así es impensable en Canarias, cuando la política de vivienda la dirige Visocan, el fondo buitre público que tiene a sus dos principales directivos con una pata en el sector público y la otra en fondos buitres privados. 

Por último, no es menos grave la apuesta decidida por esa nueva moda de los alquileres asequibles con precios medios de entre 350 a 500 euros de alquiler mensual, a lo que habrá que sumar lo que acostumbran en Visocan, plaza de garaje a precios fuera de rango, además de basura,  IBI (ilegal) y otros gastos, por no hablar del abandono al que acostumbra Visocan a sus comunidades sin atender desperfectos o deterioros. Y ello porque la política de Visocan está claramente enfocada, no lo olvidemos, en la recaudación a toda costa para cubrir esa importante deuda que generó décadas atrás con inversiones en fondos de alto riesgo, deuda que hasta hace poco aún rondaba los 100 millones de euros. Y es que los alquileres asequibles a precios casi de mercado están pensados para médicos y profesores, como bien decía el presidente Clavijo hace unos meses. Nunca van a ser viviendas en alquiler social, serán en régimen de promoción privada, y no van a alojar a familias con bajos ingresos, justo las que más lo necesitan, de las casi 30.000 familias registradas como demandantes de vivienda pública en la Consejería de Vivienda.

En serio, ¿esta es la política de vivienda que necesita Canarias? Y una pregunta más: ¿dónde están esos partidos que antaño defendían políticas de justicia social y mayor reparto de la riqueza?, ¿dónde están oponiéndose de manera contundente a estas políticas tan conservadoras los Izquierda Unida, Podemos, Sí se Puede, Sumar, Reunir, dónde está Drago, dónde los independentistas, los verdes, los soberanistas? Luego dirán que la gente no sabe votar y sube la ultraderecha. En resumidas cuentas, es ciertamente desalentador. Al menos aquí va nuestra denuncia pública, que rogamos sea difundida masivamente.   

Acampada Reivindicativa Lolo  Dorta